Los alcaldes de 13 municipios del área metropolitana, investigados por posible delito ecológico

Los alcaldes de 13 municipios del área metropolitana de Granada, como Churriana de la Vega, Ogíjares, Peligros o Atarfe, tendrán que afrontar por primera vez las posibles responsabilidades penales de los vertidos de aguas residuales sin depurar. Tras una larga investigación, la Fiscalía ha presentado en los juzgados una tanda de querellas por posible delito ecológico contra los máximos representantes de las localidades que están causando “daños sustanciales” al medio ambiente.

Varios juzgados de instrucción de la capital y de Santa Fe han recibido recientemente las denuncias presentadas por la Fiscalía Provincial de Granada y en algunos casos ya se han abierto diligencias. Hay alcaldes que ya han sido citados a declarar en calidad de investigados. Las causas van por separado pero se centran en hechos idénticos, que serían los vertidos continuados de aguas residuales al dominio público hidráulico (a los ríos) sin ningún tipo de depuración.

Churriana de la Vega, Atarfe, Jun, Nívar, Peligros, Vegas del Genil, Fuentevaqueros, Güevéjar, La Zubia, Ogíjares, Colomera, Cijuela y Víznar. Todos estos municipios llevan muchos años sin depurar sus aguas residuales y desde 2008 carecen de autorización del organismo competente, que es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), para realizar los vertidos a los cauces de los ríos.

Aunque los ecologistas han denunciado irregularidades en la depuración de aguas en muchos puntos de la provincia, la fiscal delegada de Medio Ambiente ha decidido presentar querella contra los alcaldes de aquellos municipios cuya situación es más extrema, pues ni siquiera cuentan con la autorización de la CHG.

Antes de judicializar este asunto, el Ministerio Público ha llevado a cabo una investigación propia, dentro de sus diligencias previas, en la que ha reclamado y recopilado informes técnicos sobre los posibles daños ocasionados al medio ambiente por este tipo de vertidos.

Además del trabajo realizado por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), la Fiscalía ha remitido a los distintos juzgados en los que se han repartido las querellas un trascendental informe del Instituto Nacional de Toxicología, que pone de relieve las posibles afecciones de los vertidos de aguas sin depurar.

El informe toxicológico determina una serie de “daños sustanciales” a los recursos naturales (en este caso a las aguas de los cauces) y otros riesgos que puedan causar “perjuicio para la salud de las personas”. En ambos casos se trata de supuestos contemplados en el Código Penal como un subtipo delictivo agravado.

Un aspecto controvertido de estas causas judiciales sería la responsabilidad penal directa de los alcaldes de esos municipios, que normalmente llevan vertiendo sus aguas del mismo modo, desde siempre. La investigación, por necesidad de acotamiento, se centra en los últimos cuatro años, un tiempo en el que ya ha estado vigente una legislación muy clara y restrictiva con estas prácticas, y un periodo en el que la CHG retiró las autorizaciones provisionales que esos municipios tenían para realizar sus vertidos de aguas, al no haber presentado los necesarios proyectos de depuración exigidos.

Estos y otros municipios de la provincia llevan años alegando ante la CHG y los tribunales que la responsabilidad de construir una estaciones depuradoras de aguas residuales y las canalizaciones necesarias es de la Junta de Andalucía. Se amparan también en que sus presupuestos locales no dan para este tipo de inversiones, que serían de ámbito supramunicipal.

De hecho, los Consorcios La Vega-Sierra Elvira y Sierra Nevada-Vega Sur (en los que se engloban todos estos ayuntamientos denunciados) firmaron un convenio con la Junta en octubre de 2006 por el que la Administración autonómica se comprometía a desarrollar los proyectos, a financiarlos y a contratarlos.

Estos mismos argumentos fueron expuestos por los mismos municipios ante la Justicia, hasta llegar al Tribunal Supremo, cuando recurrieron las resoluciones adoptadas en 2008 por la Confederación Hidrográfica, al denegar a cada localidad la revisión de autorización de vertido de aguas residuales procedentes del núcleo urbano.

Tanto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) como el Supremo rechazaron en 2016 los recursos de los municipios granadinos y confirmaron la decisión de la CHG de dejarlos sin autorización para verter aguas a los cauces. “Son los Ayuntamientos los que deben aportar el proyecto, aunque las instalaciones de depuración y el sistema de evacuación formen parte de un plan o programa de saneamiento que, en este caso, ha sido objeto de convenio con otra Administración”, han expuesto en sus diferentes sentencias (por cada municipio que recurrió) los magistrados del Supremo.

El alto tribunal ha establecido una doctrina por la cual los Ayuntamientos son los máximos responsables de sus propios vertidos y de su tramitación legal, con independencia de que acuerden con la Junta o cualquier otra administración la construcción de las infraestructuras necesarias. “Esos instrumentos no alteran la competencia del titular del servicio” ni “justifican una suerte de renuncia al ejercicio de una de las competencias legales, pues son irrenunciables”.

Los retrasos alegados en el diseño y construcción de las estaciones depuradoras necesarias (EDAR) por parte de la Administración andaluza han provocado que se haya mantenido una situación ilegal durante muchos años y los informes encargados ahora por la Fiscalía confirman el daño medioambiental causado.

Los pronunciamientos del TSJA y el Supremo, en los que se responsabiliza a los municipios de la obligación de aportar a la CHG los proyectos para las depuradoras como requisito para obtener autorización de vertidos, llegan incluso a sugerir a los Ayuntamientos que, por otro lado, “insten a la Junta de Andalucía para que cumpla su obligación”, pero reiteran que la responsabilidad última es de los entes locales.

En base a esta misma premisa, la Fiscalía ha optado por personalizar las denuncias penales, que ahora se investigan en juzgados como Instrucción 2 y 6 de la capital granadina (aunque en algunos casos se ha tenido que deducir testimonio a Santa Fe), en los alcaldes de esos municipios, como máximos representantes de sus corporaciones. En las querellas se hace constar que los posibles delitos serían cometidos por imprudencia y sin dolo (sin intención de dañar).

Con independencia del posible recorrido penal que a la larga pueda tener la apertura de estas investigaciones, los órganos judiciales (y la Fiscalía con sus querellas) ha abierto una vía que da la voz de alarma sobre las graves consecuencias de la dejadez en la que se ha podido incurrir en el asunto de la depuración de aguas y el cumplimiento de la ley. Al señalar con nombres y apellidos a posibles responsables de esa situación, esta acción judicial podría provocar una activación de las acciones administrativas tendentes al cuidado del medio ambiente en este aspecto. Es una forma de atajar lo que el Supremo calificó como una situación “ilegal que se mantiene sine die”.

Ecologistas en Acción ya advirtió hace más de dos años de esta situación de ilegalidad e instó a una quincena de municipios a que denunciaran a la Junta de Andalucía por la dejadez a la hora de construir las depuradoras, una acción que podría tener repercusión ahora en los actuales procesos penales, pues los jueces pedirán explicaciones a cada alcalde sobre lo que han hecho en estos años para tratar de solucionar el problema de los vertidos de aguas.

Entre los querellados por la Fiscalía hay alcaldes de distintos colores políticos. La mayoría son socialistas, aunque destaca uno importante del PP (Churriana de la Vega), de formaciones en la órbita de Podemos, uno de Izquierda Unida, y algunos independientes, como el histórico alcalde de Ogíjares (antes del PP).