Frai reclama ahora a Alhendín 20 millones por las licencias de Novosur

El Ayuntamiento de Alhendín ha recibido una reclamación de la empresa promotora Frai por valor de 20 millones de euros en concepto de "un supuesto perjuicio económico debido a la concesión de licencias por el anterior equipo de gobierno (PP) para la construcción de 1.200 viviendas en el municipio sin tener en cuenta la invasión de la servidumbre aeronáutica" de la base aérea de Armilla.

En un comunicado, el actual equipo de gobierno de Alhendín consideró la reclamación de la promotora "ilegítima", ya que la constructora granadina es "parte implicada en el proceso y no como víctima del mismo". Según explicó el alcalde del municipio, Miguel Ángel Gamarra (PSOE), "los verdaderos perjudicados fueron los cientos de familias que vieron peligrar sus viviendas. Vamos a tomar las medidas oportunas para evitar que esta empresa se enriquezca en base a una ilegalidad cometida en connivencia con el anterior equipo de gobierno. No vamos a permitir que los ciudadanos alhendinenses se vean de nuevo perjudicados por su mala gestión y paguen el lastre de sus ex gobernantes".

La promotora Frai proyectó una macroubranización con 23 bloques y 1.200 viviendas al borde de la autovía y en línea recta con la pista de aterrizaje de la Base Aérea desoyendo los avisos del Ministerio de Defensa, los primeros con fecha marzo de 2006, y sus sucesivas desautorizaciones.

Las licencias de la urbanización Novosur fueron paralizadas por invasión de las servidumbres de la base aérea y su promotor se convirtió en uno de los quince imputados del Caso Marchelo, "sentado en el banquillo junto a otros, el ex alcalde y ex concejal de Urbanismo de la localidad, acusados de varios delitos de prevaricación y cohecho"

El caso está a la espera de juicio, después de que el juez de Santa Fe que lo instruía dictase el auto de procedimiento abreviado, tras lo que las partes tuvieron que realizar sus correspondientes escritos de acusación por los hechos, en los que también tomó parte el Ministerio de Defensa, que obligó a la promotora a recortar la altura de nueve bloques del complejo, además de a modificar la pista de aterrizaje y despegue de la base aérea.

A finales de 2007, el Ayuntamiento fue desbloqueando las licencias paralizadas por Defensa. La empresa salvaba sus pisos y "reconocía que el Ejército llevaba razón costeando con cuatro millones de euros el desplazamiento de la pista de aterrizaje unos cien metros". "Una cantidad que quintuplicado su coste solicita ahora la promotora al Consistorio", alegaba el alcalde.