García Arrabal "Hemos hecho muchos proyectos, con cariño y por supuesto legal"

"Nosotros hemos hecho muchos proyectos en Granada con mucho cariño y por supuesto de una manera legal. Defenderemos nuestra inocencia y, bueno, estas cosas tienen que pasar y esperemos que pasen lo antes posible". Con estas afirmaciones y gesto cansado, el conocido promotor Roberto García Arrabal atendió ayer a los periodistas tras declarar durante casi dos horas ante la magistrada y la fiscal del caso Nazarí.

El empresario fue interrogado en calidad de investigado por su presunta implicación en una supuesta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Granada. Entró en la sala de vistas del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, que mantiene el caso bajo secreto de sumario, a las 10:19 horas, y no salió hasta las 12:09. En total, permaneció ante la instructora de la causa, María Ángeles Jiménez, una hora y 50 minutos, durante la que recibió un rosario de preguntas relacionadas tanto con el Pabellón Mulhacén, construido por él, como con otras operacioes urbanísticas llevadas a cabo con su firma en la ciudad.

"Estoy tranquilo. La verdad es que ha sido un interrogatorio largo pero me hubiera gustado estar declarando cinco días para aclararlo todo", manifestó con vehemencia, a la vez que garantizó haber actuado siempre con corrección, con permisos y licencias. "Somos una familia honesta y la verdad es que esperamos que se resuelva esto lo antes posible", añadió. Su conciencia está "absolutamente tranquila".

García Arrabal iba acompañado de su abogado, César Fernández Bustos, que también lo representa en el denominado Caso Serrallo por el asunto de la discoteca y pista de patinaje construidos en un terreno aledaño al centro comercial, también promovido por él. El letrado inició sus manifestaciones a la prensa recalcando que existe un secreto sumarial que hay que respetar -está decretado desde el pasado 15 de enero y ha sido prorrogado ya tres veces-, para a continuación considerar que la inclusión de su cliente en este caso se trata de un error que se aclarará a lo largo de la instrucción.

El jurista aprovechó los micrófonos de los periodistas que aguardaban al promotor en los pasillos de la quinta planta del edificio de la Caleta para pedir principalmente "respeto" por parte de la prensa y "celeridad" por parte del órgano judicial, que abrió la investigación a raíz de dos querellas de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo.

"Entendemos que se demostrará poco a poco que ha habido un error en cuanto a las imputaciones que se han ido realizando", expresó el letrado, al tiempo que contestó a los informadores que los delitos que se imputaron inicialmente -y de momento de forma indiciaria- a García Arrabal están "perfectamente definidos en el auto de entrada y registro que se dictó en su día". Entre ellos, según aclaró, están cohecho, malversación de caudales públicos o prevaricación. El abogado confirmó que el interrogatorio abarcó "varias" actuaciones urbanísticas.

"Es un error, como ha dicho mi abogado y ojalá la justicia sea rápida, que se mantenga la presunción de inocencia y que salgamos de esta pesadilla lo antes posible", insistió el empresario, quien dijo no conocer ni haber asistido a ninguna trama. El promotor abandonó los juzgados "muy contento" y "satisfecho" con su declaración, "porque yo quería que me preguntaran -agregó- porque tengo todas las respuestas".

Las fuentes del caso consultadas por este diario indicaron que el segundo investigado cuya comparecencia estaba prevista ayer era un consejero delegado de Casería de San Jerónimo, "empleado" de José Julián Romero, quien levantó el residencial Ciudad de la Luz en el marco del Plan Parcial N2, que también se investiga en esta causa. Este empleado, al igual que la apoderada de J.J. que fue interrogada el miércoles y el propio empresario están representados en la causa por el abogado Jorge Aguilera.

Hoy está prevista la comparecencia de José Julián Romero, según las referidas fuentes. Tanto este como García Arrabal fueron detenidos el pasado día 13 de abril en la macrooperación policial llevada a cabo en la ciudad, que ha costado la Alcaldía de Granada a José Torres Hurtado (PP). El exregidor declarará el próximo día 12.

La investigación del caso Nazarí se inició hace más de tres meses en el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, que en total investiga a 17 personas en virtud de las dos referidas querellas interpuestas por la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente de Granada, cuya delegada es la fiscal Sara Muñoz-Cobo.

El juzgado trata de esclarecer si ha existido una trama corrupta en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, dando lugar a conductas que podrían integrar delitos de cohecho, fraude en la contratación, asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad en documento mercantil, administración desleal y contra la ordenación del territorio.

Los 16 detenidos del 13 de abril fueron puestos en libertad con cargos por la Policía, que efectuó registros en distintos domicilios particulares, sedes sociales y oficinas públicas y privadas de empresas vinculadas a esta ciudad, entre ellas las de J.J. y García Arrabal.

Las presuntas irregularidades por la que J.J. se ha visto implicado en el caso Nazarí se habrían cometido en las obras de urbanización del PP-N2, por la desviación de un barranco y la concesión de licencias de primera ocupación de 300 viviendas, trasteros y garajes del residencial Ciudad de la Luz.

En cuanto a García Arrabal, se ha visto salpicado por una presunta alteración y modificación "fraudulenta" del concurso-licitación de la concesión administrativa de la parcela de uso deportivo sita en la calle Torre de la Pólvora nº 35 de la ciudad, que tenía por objeto la ejecución del mencionado pabellón deportivo.