El Gobierno rescatará los bienes inmatriculados por la Iglesia

Granada/El Gobierno central va a reclamar los bienes públicos inscritos a su nombre en el Registro de la Propiedad para que sean de dominio público. Así lo señala en una respuesta escrita a una pregunta del diputado socialista Antonio Hurtado, quien, en declaraciones a Efe ayer, explicó que "estamos hablando de unos 40.000 bienes inmatriculados por la Iglesia, según datos facilitados por la propia institución". Tras la elaboración del listado de los bienes que está realizando el Ministerio de Justicia, si se constata que la Iglesia ha inscrito bienes de dominio público como si fuesen privados, se procederá a "una depuración física y jurídica". Esta "depuración" se hará conforme al "derecho sustantivo material", que a su vez está sometido a los principios constitucionales de "inalieanabilidad, imprescriptibilidad y inembargabilidad de los bienes de domino público", según figura en la respuesta parlamentaria del 5 de septiembre. Esto significa, según Hurtado, que los bienes de dominio público, "la gran mayoría de los que ha inscrito la Iglesia a su nombre, no son transmisibles, no se pueden adquirir, ni se pueden embargar".

Una medida que en Granada podría afectar a una veintena de templos históricos que han sido inmatriculados en los últimos años y más especialmente en 2015 cuando finalizaba el plazo abierto en 1998 para realizar esta maniobra impulsada por la Ley Aznar. Se trata de el Conjunto Catedral, San Ildefonso, San Miguel Bajo, San Cecilio, San Nicolás, San Pedro, San José, San Matías, San Bartolomé, San Juan de los Reyes, el Salvador, San Andrés, San Justo y Pastor y Santa Ana. Al menos, esta es la lista que coteja Granada Laica según la información publicada por este periódico en junio de 2017 cuando el entonces Gobierno central popular anunció que iba a hacer un censo oficial de inmatriculaciones.

En la respuesta, Justicia recuerda que, conforme a la ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, "queda prohibida la apropiación de los bienes de dominio público por parte de las personas jurídicas privadas, entre las que se encuentra la Iglesia Católica".

La Iglesia pudo registrar esos bienes a raíz de la modificación de la Ley Hipotecaria llevada a cabo en 1998 por el Gobierno del PP, que daba a esta institución la potestad de actuar como una institución pública. El diputado señaló que, "aunque la Iglesia ha dicho que solo ha inscrito la posesión y no la propiedad, no es cierto, porque inmatricular significa inscribir en el registro por primera vez y la primera inscripción siempre es de propiedad". Hurtado se mostró seguro de que en el listado, que tiene previsto hacer público el Ministerio, "va a haber iglesias, catedrales, plazas, murallas, edificios históricos, va a haber de todo".

El parlamentario puso como ejemplo la Plaza del Triunfo de Córdoba, "que la Iglesia inmatriculó como si fuera suya", o el de la Mezquita, que registró a su nombre "pagando una tasa de 30 euros". Finalmente, en la respuesta se asegura que correspondería a la Dirección General de Patrimonio del Estado y no al Ministerio de Justicia decidir si el Estado tiene algún derecho sobre dichos inmuebles, siempre sometido todo ello al derecho a la tutela judicial efectiva. Para el parlamentario, la solución "más rápida" pasaría por que la Iglesia "corrigiese el error de inmediato y de forma voluntaria diese de baja los registros", ya que en caso contrario, el Estado "va a requerir de inmediato una rectificación de los registradores de la propiedad".