Granada descarta municipalizar la recogida de basura por inviabilidad económica y laboral

El servicio de recogida de basura y limpieza viaria de Granada seguirá siendo como ahora. El Ayuntamiento descarta la municipalización de esta concesión, que caduca el 31 de diciembre de este año y que hay que sacar de nuevo a concurso, un trámite que ya va tarde y que obligará a prorrogar el contrato con Inagra al menos hasta mediados de 2021.

El área de Medio Ambiente descarta el rescate de la concesión por cuestiones económicas y laborales, por lo que el debate sobre el modelo de gestión se termina apostando por mantenerlo como hasta ahora, según se ha aprobado hoy de forma inicial en la comisión extraordinaria de Medio Ambiente con los votos favorables de PP, Cs, PSOE y Vox y el voto en contra de Podemos-IU.

Según los trámites, el área de Medio Ambiente tenía que presentar una memoria sobre la mejor forma de gestionar el servicio una vez recibido el informe de la Comisión de grandes contratos, que se aprobó en diciembre de 2019 y que tenía tres meses para presentar un dictamen unánime. Pero, como se preveía, esa unanimidad no ha llegado. El dictamen de esta comisión, creada a instancias de Vox y que llevó a la dimisión del PP de Sebastián Pérez y después a toda una crisis hasta su dimisión como concejal, no era vinculante pero tenía que ser unánime. Y no ha habido acuerdo, por lo que los grupos reconocen que ha sido una pérdida de tiempo que ha retrasado los plazos para sacar los pliegos del concurso y se ha hablado de que solo ha servido como 'operación política' para acabar con Pérez.

Tras no haber un dictamen unánime, se ha presentado un borrador de conclusiones. Y tras eso, se ha elaborado la memoria técnica por parte del área, con informes de Economía, Personal, Medio Ambiente e Intervención. Un informe que ha sido defendido hoy en la comisión por la concejal Pepa Rubia.

Según la concejal, la memoria se justifica si se opta por la gestión directa pero al considerarse inviable económica y laboralmente, no sería preceptiva, aunque se ha presentado "por transparencia" y se someterá a pleno este viernes y a información pública.

Inversiones de más de 30 millones y subrogación de 650 trabajadores

"La conclusión es que lo más eficiente es la gestión indirecta", dice. Entre los motivos está que el Ayuntamiento tiene prohibida la creación de entes instrumentales si hay un plan de ajuste como el de Granada, por lo que no se podría gestionar el servicio ni por un organismo autónomo ni una sociedad, "sólo de forma directa". Además, se tendrían que asumir 650 contratos y las inversiones para renovación y modernización del servicio, algo que no está en condiciones de hacer el Ayuntamiento de Granada por su situación económica. A nivel laboral, asumir 650 trabajadores supondría complejos procesos selectivos al no ser funcionarios ni personal y haría imposible, según Rubia, la cobertura de bajas, vacaciones,....

Además, "con un remanente de Tesorería negativo, no permitiría financiar nuevas inversiones que hay que hacer por normativa", señala la concejal. Entre ellas está la adaptación al quinto contenedor marrón que supondría invertir 1 millón de euros; poner más contenedores de envases y cartón; aumentar los servicios de recogida puerta a puerta; más contenedores de envases en el Centro (9.000); renovación completa de la flota (20 millones de euros); crear nuevas instalaciones más cercanas (9 millones), entre otros.

La comisión de grandes contratos, un retraso

Tras la exposición de la concejal, los grupos han expuesto sus posiciones. El PSOE ha votado a favor "por responsabilidad" ya que "es evidente que con un plan de ajuste y las circunstancias actuales sería descabellado otra alternativa". Con todo, el concejal José María Corpas ha recordado antes de manifestar su posicionamiento que ya advirtieron que la comisión de grandes contratos "traería consecuencias negativas para la ciudad y para el Ayuntamiento". "Lo único que ha hecho es retrasar el trabajo previo de los técnicos para poner en orden los pliegos y ha traído consecuencias políticas y quizá esa era la gran intención última de crear una situación de desgobierno con la dimisión de Pérez y parte del equipo de gobierno ha participado de esa jugada", ha dicho Corpas, que ha lamentado que "las decisiones pesan y nos ponen un año más tarde en una situación complicada".

Corpas ha denunciado que la comisión solo se ha dedicado, a instancias de su presidente, que finalmente fue el alcalde, Luis Salvador, al tipo de gestión, olvidándose del "resto de competencias" que se le habían dado, por lo que no ha concluido su objeto fundamental ni ha ayudado a la transparencia y a la optimización.

Con todo esto, el PSOE lamenta que el 1 de enero de 2021, sin el concurso acabado, tendrá que seguir Inagra pero con dudas y lagunas ya que la continuidad del servicio por obligación legal supone "complicaciones para las arcas públicas". "Los pliegos deberían estar ya en la calle, con ofertas y saber el modelo concreto del servicio".

El concejal socialista ha pedido al Ayuntamiento que no separe, como parece que estaba sobre la mesa, el servicio de limpieza viaria y el de recogida de residuos, a lo que la concejal de Medio Ambiente ha asegurado que no se hará y que el servicio seguirá como hasta ahora, conjunto.

"Nuestro modelo sería otro, apostando por la gestión pública, pero en este momento basta con sumar para ver que a día de hoy sería irresponsable otra propuesta diferente a la que dan los técnicos", ha dicho Corpas, que sobre los trabajadores ha asegurado que si hay un rescate "empeorarían sus derechos y posiblemente a medio plazo parte de su salario", algo en lo que no están de acuerdo.

El portavoz de Podemos-IU, Antonio Cambril, que ha votado en contra, ha sido más crítico con la memoria del área de Medio Ambiente y ha dicho que parece hecha por Inagra y que es un "canto a la gestión privada". "La ciudad no está para perder el tiempo y todo esto ha sido inútil porque la decisión estaba tomada ya antes de la comisión de grandes contratos", lamenta Cambril, que dice que la comisión "es como si no hubiera existido" y ha pedido que la memoria incluyese también otras opciones: "¿No hay otra opción? ¿Para qué estamos perdiendo el tiempo si ya hay una decisión?".

Cambril ha puesto en duda todos los argumentos de la memoria y sobre el informe de Recursos Humanos ha dicho que mientras el Ayuntamiento dice que no tiene capacidad para gestionar el personal, la realidad es que "se está pagando ese dinero más el IVA a la empresa privada", por lo que no entiende el argumento.

"Para el cálculo de costes de la gestión directa se ha tomado el coste de la gestión indirecta más un 8% en personal, un 6% en inversiones y un 6% en explotación sin justificar por qué ese porcentaje. Y es curioso que sumando esos porcentajes salga 37.675.000 euros, que es 500.000 euros más que la gestión indirecta porque necesitan justificar que la directa es más cara, lo que es falso", ha argumentado Cambril, que ha pedido también que se incluya lo que supondría la reversión para el Ayuntamiento en vehículos y bienes adquiridos.

Según Cambril, "el informe parece hecho por la actual concesionaria y va a pasar igual con los autobuses y después con Emasagra, que se pierden decenas de millones de euros pagando a empresas privadas".

Por su parte, Vox ha apoyado la memoria y ha advertido de que ya dijeron que la unanimidad de la comisión era imposible (fue uno de los motivos que alegaron para renunciar a su presidencia). La concejal Beatriz Sánchez ha asegurado que al ser el coste de personal el que más pesa, hay que tenerlo muy en cuenta para el desarrollo de los pliegos de forma adecuada para explicar bien cómo se va a gestionar el personal.