El Inem inspecciona las ayudas de los 420 euros para evitar fraudes

Los beneficiarios del Programa Temporal de Protección por Desempleo (PRODI), más conocido como la ayuda de los 420 euros, pueden ser sometidos a un control de seguimiento por parte de la Administración que garantice la legalidad de la prestación. Las inspecciones se están realizando de forma aleatoria o bien a instancias de un técnico que percibe una situación sospechosa entre los demandantes.

Además de volver a requerir la información oportuna a los beneficiarios para comprobar la veracidad de los datos, se les puede citar durante días distintos a distintas horas para que hagan acto de presencia y comprobar así que no trabajan en la economía sumergida y que, por tanto, tienen derecho a recibir la citada prestación.

En principio, la Administración da por buenos los datos que aportan los demandantes inicialmente pero, como ocurre con cualquier otra prestación por desempleo, el servicio de inspección del Inem se encarga posteriormente de corroborar todas las situaciones.

Desde la Subdelegación del Gobierno reconocen que este tipo de vigilancia es fundamental para garantizar que la gente sigue cumpliendo los requisitos y aseguran que las directrices vienen impuestas desde el Gobierno Central. "El subsidio del PRODI no tiene unas características diferenciales del resto de prestaciones por desempleo, como en el resto existen cinco años para poder inspeccionar a los beneficiarios y pedirles aclaraciones", explican desde la Subdelegación del Gobierno en Granada.

Y es que, aunque la tramitación y la aprobación de las ayudas suele ir acompañada de un minucioso trabajo por parte de los técnicos del área (conscientes de la delicada situación por la que atraviesan la mayor parte de las personas que se ven obligadas a solicitar una de estas ayudas), hay que garantizar la legalidad y la claridad de las prestaciones.

Si en este proceso la inspección detecta algún tipo de irregularidad, se informa de inmediato al afectado para que aporte los documentos con los que pueda demostrar la situación que alegó inicialmente.

Si después de todas estas pesquisas se corrobora el fraude la Administración retira de inmediato la prestación al solicitante y le obliga a devolver todas las cuotas que ha percibido en base a dicho subsidio. Aunque en muchos casos las irregularidades están motivadas por el propio desconocimiento.

En los últimos tiempos se ha hecho un esfuerzo importante desde el Inem para dar respuesta a la dramática situación que viven miles de familias en la provincia, se han duplicado turnos, se han ampliado los horarios de las oficinas y se han reducido las demoras para darle salida al mayor número posible de expedientes. Precisamente para que este esfuerzo no caiga en saco roto es necesaria la campaña de vigilancia que impida el fraude.