Investigadores contratados con un programa de atracción de talento llevan ante la Inspección de Trabajo a la UGR por restarles de sus salarios las cuotas patronales

Una decena de investigadores, contratados en la Universidad de Granada gracias al programa de captación de talento María Zambrano, ha llevado a la institución ante la Inspección de Trabajo para reclamar el abono de las cuotas patronales que se les detraen mensualmente de sus salarios. Se trata de mil euros al mes que investigadores en situación similar en otras comunidades también han reclamado. Tribunales como la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ya ha dado la razón a los reclamantes.

En Granada decidieron llevar su caso a la Inspección de Trabajo en diciembre del pasado año tras agotar el resto de vías administrativas, destacan los científicos afectados. Anteriormente a la denuncia mantuvieron reuniones tanto con responsables universitarios como sindicatos para dar a conocer su situación.

Estos investigadores llegaron a Granada gracias al programa María Zambrano, que fue lanzado por el Ministerio de Universidades del entonces ministro Manuel Castells como forma de captar talento internacional. Los sueldos, 4.000 euros al mes, se ofrecían como uno de los atractivos para venir a España a investigar.

El de las cuotas patronales no es la única reclamación de estos talentos investigadores. Antonio López vino a Granada desde Helsinki, donde estuvo varios años de trabajo como investigador posdoctoral. "Me vine con la promesa de una cierta estabilización", señala sobre su decisión. Antes de firmar contactó con la UGR para conocer los planes de la institución. "La respuesta que tuve fue positiva, que nos iban a meter en un plan de estabilización". Cuando este investigador llegó a Granada vio que no era así y que no se había incluido a todos los María Zambrano en los programas para dar continuidad laboral a estos investigadores. Sólo algunos cumplían con los requisitos para seguir ligados con la UGR.

López, que ahora prosigue en la UGR gracias a una Ramón y Cajal, asegura que "la mayoría de los compañeros no ha tenido esa posibilidad". Sobre la estabilización también es muy crítica Carolina Fernández Quintanilla, que señala que pudo volver después de diez años del Reino Unido gracias a la María Zambrano, "un regalo del cielo". Sin embargo, ahora las opciones de continuar son escasas. "La UGR ofrece la opción de estabilización, pero a mí personalmente me queda lejísimos porque estoy más al principio de la carrera académica que otros compañeros".

La falta de perspectivas no es la única queja de los María Zambrano. Rodrigo Gonçalves dejó Argentina, donde tenía una plaza fija al igual que su pareja, para trabajar en la Universidad de Granada. "La sorpresa fue cuando vi que teníamos algunas restricciones para presentar proyectos o dirigir trabajos. Eso es importantísimo para la carrera científica", reseña. Esas limitaciones se limaron, y en el caso de este investigador el programa María Zambrano sí le sirvió como un "escalón" para poder acceder a otro puesto estable.

No siempre ha sido así. Romina Monasterio decidió regresar desde Granada a Argentina tras dos años como investigadora gracias al programa María Zambrano. "Pensé que nos darían más posibilidades de ser más competitivos para el futuro, pero no fue posible postularse a proyectos y eso cerró varias puertas".

Carmen Moraila, que ejercía con el equivalente de catedrática en la Universidad de Sinaloa (México) vino a Granada porque "era una buena oportunidad para mí y mi familia". "Todo parecía muy bueno" recuerda sobre su llegada como María Zambrano. "Al final, el tiempo pasó muy rápido y ahora veo con mucha tristeza como algunos compañeros terminaron su contrato y se fueron".

Esta investigadora ha intentado la evaluación en otras convocatorias, sin resolución favorable. "He impartido hasta 500 horas de docencia en un semestre, pero al no haber sido en una Universidad de la UE no se toma en cuenta". El grupo de investigación de Carmen Moraila la ha apoyado al darle un contrato con cargo a proyecto, algo que agradece "infinitamente" a sus compañeros.

La granadina Lucía Torres Muros vino desde Ecuador, donde es profesora titular en la Universidad Nacional de Educación (UNAE), actualmente en excedencia. Tras cuatro años en América, regresó con una María Zambrano. "En la convocatoria ponía unas condiciones económicas que sólo unas pocas universidades en el país están respetando", comenta la investigadora, que añade que los María Zambrano son "trabajadores a coste cero para la institución" debido a que se les detrae el dinero de las cuotas patronales.

"También ha sido desigual el apoyo a la consolidación dentro de cada universidad", subraya Torres Muros, que apostilla que dentro de Andalucía "tenemos universidades como la de Cádiz que han apoyado la consolidación de los María Zambrano y otras como la UGR en las que a pesar de las conversaciones mantenidas finalmente no nos han incluido". La salida que les ha quedado, señala otra científica, Alicia Ruiz, es presentarse "a absolutamente todo".

Por parte de la Universidad de Granada se indicó que actualmente, en la UGR hay nueve investigadores María Zambrano sénior y un investigador María Zambrano júnior "que ha sido elegido en el Programa de Consolidación de la Actividad investigadora del Plan Estatal de Investigación".

"Estas figuras -explica la UGR en su respuesta- están contempladas en el Plan de Estabilización de Personal Investigador de la UGR. Deben cumplir las condiciones de tener la acreditación a la figura de Profesor Contratado Doctor o superior y haber obtenido la condición de elegibilidad para el Programa I3. Cumplidas estas condiciones, el departamento al que esté adscrito el personal investigador solicitará la plaza correspondiente. Las plazas de profesorado derivadas de la aplicación del Plan de estabilización del personal investigador formarán parte de la Oferta de Empleo Público y seguirán el procedimiento vigente antes de

solicitar su autorización a la Junta de Andalucía de acuerdo con su Protocolos de actuación", concluye la UGR, que no valoró la decisión de denunciar ante la Inspección de Trabajo la detracción de determinadas cuotas en las nóminas de los investigadores.