Viejas costumbres, nuevos abusos

Granada/He perdido la cuenta de las veces que he salido públicamente a defender las escuelas infantiles municipales de Granada. Lo he hecho con gobiernos del PP, sobre todo, pero también con alguno del PSOE, y siempre por idénticas causas: los intentos de quitarse de en medio una institución que para muchos concejales es un incordio, una pesada carga heredada, pese a que su organización, su pedagogía innovadora y la cualificación de sus profesionales siguen siendo un modelo en el que se fijan muchas escuelas infantiles no solo de España sino de Europa. Pero ¿a quién le importan esas minucias educativas, cuando lo que está en juego es el control político de las escuelas y la subordinación de los trabajadores y las familias a los criterios de los partidos gobernantes? Porque por muchas argucias que se inventen (y se han inventado bastantes) y por muchos disfraces lingüísticos o contables que se improvisen lo que permanece inmutable es la inquina histórica a un proyecto que hace 40 años crearon los otros, los que no pertenecían a las élites de la ciudad ni tenían apellidos ilustres, como parte de la nueva sociedad democrática que surgía tras el franquismo. Un proyecto que defendía, con sólidos argumentos que aún siguen vigentes, la necesidad de considerar los seis primeros años de vida como una etapa educativa única y cohesionada.

Hoy salgo en su defensa una vez más con la fatiga y el desaliento de quien ya no sabe qué más decir para mantener incólume un proyecto (debería decir, más bien, una realidad) admirable. ¿Y ahora qué nueva agresión se quiere perpetrar? Pues resulta que el gobierno de Ciudadanos, PP y Vox que administra la ciudad ha decidido incrementar sorpresivamente las cuotas de las familias, una vez finalizado el plazo de solicitud de plaza para el próximo curso escolar y justo el día antes del comienzo de la formalización de las matrículas.

Un detalle sin importancia, dirán los concejales causantes, aunque la realidad es que muchas familias solicitaron plaza teniendo en cuenta las cuotas anteriores. ¿Y qué hay de las cantidades? Pues otro detalle sin importancia. Digamos, a modo de ejemplo, que una familia que hasta ahora no pagaba nada, si se la consideraba incluida dentro del grupo de familias en grave riesgo de exclusión social, puede llegar a pagar en adelante hasta 100 euros (al modificarse de pronto el porcentaje de las bonificaciones).

Pero seguro que ese detalle tampoco debería ser motivo de alarma, pues como es sabido ese aumento afecta a familias muy ingeniosas que sacan el dinero de debajo de las piedras. E igual pueden hacer las restantes familias, cuyas cuotas máximas pasan sin previo aviso de 278 a 320 euros, teniendo en cuenta además que han unificado al alza hasta siete tramos de renta con cuotas diferenciadas y progresivas, con lo que una vez más se perjudica y se excluye de una educación de alta calidad a las familias con menos recursos. Pero esos son detalles sin importancia y no se entiende muy bien por qué dicen los oponentes que son incrementos desmesurados e injustos.

Lo más probable es que se hayan creído de verdad, pobres ilusos, lo que tantas veces se ha repetido en estos meses de confinamiento, cuando apretaban la incertidumbre y el miedo, sobre la urgencia de preservar y extender las ayudas sociales y los servicios públicos.

Qué importa la tremenda situación social creada por la Covid-19, a la hora de la verdad reaparecen las viejas costumbres y si se trata de recortar, lo mejor es hacerlo en el campo de la educación, la cultura y los cuidados sociales. Sus previsibles víctimas ya están más que habituadas. Y eso es lo que desalienta una vez más, que en situaciones de grave crisis social y económica se atente, en nombre como siempre del dinero, contra aquellos servicios públicos que deberían, y en estos momentos más que nunca, ser protegidos sin vacilación.

El caso es que familias y trabajadores están otra vez en la calle (el jueves pasado se concentraron ante el ayuntamiento de la ciudad para denunciar la arbitrariedad y el abuso del gobierno municipal con respecto a las nuevas cuotas), y aquí estamos de nuevo los que confiamos en las virtudes de la educación pública tratando de hacer ver la importancia de preservar lo que se hace bien, lo que es excelente, lo que iguala y no discrimina, lo que tiene sentido cívico.