Juicio a un matrimonio que ayudó a un hombre a dejar sin propiedades a su esposa

Los próximos 12 y 13 de diciembre se celebrará el juicio en la sección segunda de la Audiencia Provincial contra un matrimonio que ayudó a un hombre a despatrimonializar la sociedad de gananciales que tenía con su esposa, que le había propuesto divorciarse de mutuo acuerdo.

Según el escrito de la Fiscalía, los acusados, un matrimonio con domicilio en Granada, se enfrentan a un delito continuado de estafa o alternativamente uno continuado de apropiación indebida, de los que los acusados responden en concepto de coautores, por lo que se enfrenta a una pena cada uno de siete años de prisión y 20 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros.

Los hechos se remontan a 2002, cuando una mujer otorgó a su esposo (fallecido en 2015), un poder notarial para otorgarle, entre otras, la facultad de disponer y enajenar bienes inmuebles. Pero en 2012 la relación matrimonial se comienza a deteriorar y la mujer le propuso el divorcio de mutuo acuerdo, algo que no aceptó el marido. Tras conocer el deseo de la mujer de separarse, él urdió un plan para extraer "valiéndose vilmente y en detrimento de su esposa del poder antes indicado", el patrimonio común de distintos bienes inmuebles para que ella no pudiera adquirir la exclusiva propiedad del 50% que legalmente le correspondían en la liquidación de la sociedad de gananciales que se efectuase con el divorcio. En ese plan le propuso "por el bien de la familia y los seis hijos en común", reconciliarse, algo que aceptó "ingenuamente" la mujer.

En este momento, el marido, en connivencia con el matrimonio acusado, "todos movidos por el evidente propósito de enriquecerse económicamente y de forma injusta" en detrimento de la mujer, activaron el plan por el que el matrimonio acusado adquirió por compraventa todos los bienes que formaban la sociedad de gananciales, que quedó despatrimonializada. Estos bienes eran una finca urbana (nave industrial) en el Polígono de Juncaril que se transmitió de forma simulada por el marido a uno de los acusados en 2012 por 90.000 euros, de los que 25.000 fueron entregados en mano al vendedor y los 60.000 restantes se abonaron supuestamente en cheque bancario, que jamás fue abonado por el acusado ya que ninguna de las cantidades referidas fueron realmente abonadas. Otro bien era una finca urbana (casa unifamiliar) en Huétor Vega, que era la vivienda familiar del matrimonio. La transmisión también simulada se hizo 13 días después de la primera con los mismos compradores y como vendedor el marido. El precio ascendía a 75.000 euros (20.00 en metálico seis días antes y los 55.000 restantes por cheque bancario, que tampoco fue realmente abonado). La tercera era una finca urbana (local comercial) en Granada capital. La transmisión ficticia de este bien se produjo mediante otorgamiento de escritura de compraventa a favor de una tercera persona, un empleado del marido), en marzo de ese mismo año. El supuesto precio era de 40.000 euros, diciendo que se había recibido dos cantidades en efectivo, una procedente de una cuenta de Túnez, "hechos todos ajenos a la realidad". En septiembre, este trabajador transmitió esta misma finca a uno de los acusados por el mismo precio, también simulado ya que no hubo transferencia de dinero.

La mujer "permanecía completamente ajena" a estas transmisiones. No obstante, los bienes continuaron en disfrute y posesión de sus iniciales propietarios, ella y su marido, hasta el punto que cuando en junio de 2013 se produjo finalmente el divorcio de los mismos, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Granada que conoció del procedimiento dictó sentencia en septiembre por la que le atribuyó a la mujer el uso y disfrute del domicilio familiar, "ignorando esta que dicho bien no le pertenecía ya a la sociedad conyugal" sino que era propiedad del matrimonio formado por los acusados. Ella se enteró de la inexistencia de bienes cuando inició los trámites de liquidación de la sociedad de gananciales: "no había nada que liquidar así como también tuvo conocimiento de la ausencia de dinero alguno procedente de las indicadas transmisiones fraudulentas", recoge el escrito de acusación de la Fiscalía.

Con posterioridad a decretarse judicialmente el divorcio, todos los bienes retornaron al patrimonio del marido, según el plan pactado con el matrimonio acusado, que le transmitió en diciembre de 2014 nuevamente la titularidad de las tres fincas. Igual procedieron sobre una cuarta finca, una nave industrial en Peligros, que era propiedad de una empresa y que la sociedad había arrendado con opción a compra al matrimonio aunque, siguiendo el plan, la escritura se hizo con el matrimonio acusado como compradores. Tras el divorcio, también la retornaron al hombre.

En total, las cuatro fincas habían sido tasadas en 815.000 euros.