La Junta saca a la venta el centro de menores de San Miguel en Granada para sufragar su plan de infraestructuras judiciales

La Consejería de Justicia sigue manos a la obra con su Plan de Infraestructuras Judiciales (PIJ) con el que busca la renovación de las sedes judiciales de Andalucía. Después de que José Antonio Nieto, consejero del ramo, anunciase este plan, que de momento no incluye la construcción del edificio anexo al Cubo, la Junta ha comenzado a poner a la venta los primeros edificios judiciales que van a quedar en desuso al ser sustituidos por nuevas sedes judiciales y que en el caso de Granada afectaría al centro de menores de San Miguel, el Albaicín, según han informado fuentes de la Consejería a este periódico.

El edificio ahora en venta, situado junto al mirador del mismo nombre, posee una larga historia que se remonta hasta los años 50 del siglo pasado, cuando era sede del Tribunal Tutelar de Menores, el embrión de la actual justicia de Menores, bajo la regencia de los Hermanos Obreros de María hasta que pasó a depender de la administración pública.

Fue hasta hace unos años que los menores internos en el centro se trasladaron al antiguo Hotel Alcano, rebautizado como Centro de Internamiento Genil, con capacidad para 32 jóvenes (aunque con posibilidad de ampliar hasta el centenar) y pensado para ser "referente nacional e internacional por su apuesta por la inserción de jóvenes infractores", según afirmó el consejero de Justicia, en aquella época Juan Marín, durante la inauguración.

De cualquier forma, al apertura de este nuevo centro dejó el del Albaicín sin uso (aunque en su momento se llegó a plantear su uso para acoger refugiados de la guerra de Ucrania), situación en la que aún se encuentra y que podría llegar a su fin una vez sea comprado.

Junto a este centro, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública venderá otros tres edificios judiciales que van a quedar en desuso: el centro de internamiento de menores infractores San Francisco de Asís en Torremolinos (Málaga), la que fuera sede judicial de Marchena (Sevilla) y el suelo en Hacienda Santa Isabel en Málaga, donde se iba a ubicar el depósito judicial de vehículos, extremo que se ha descartado ya que se optó por una licitación que actualmente está en fase de resolución.. De todos ellos se han iniciado han iniciado los expedientes y las correspondientes tasaciones.

Según explican desde Consejería, los ingresos obtenidos con estas ventas llegarán hasta los 185 millones de euros, "cantidad que puede oscilar en función de la cifra de venta que se logre en cada momento en función de los precios". Además de los 185 millones de la venta de patrimonio, la Consejería prevé destinar más de 700 millones procedentes de la colaboración público-privada y pública-pública; alrededor de 170 millones de autofinanciada (recursos propios de la Junta); y alrededor de 45 millones de fondos europeos. Es el desglose ofrecido esta semana por el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en la comisión de Justicia en el Parlamento andaluz, en la que pedía "confianza" a la oposición.