La Junta ordena un relevo en la jefatura de sus servicios jurídicos

Granada/El servicio jurídico de la Junta de Andalucía en Granada, al que han apuntado todas las miradas desde que en julio de 2016 se dictó la primera sentencia que condenaba a esta administración a pagar 157 millones de euros al promotor del centro comercial Nevada, ha sufrido cambios importantes en los últimos meses. La Consejería de Presidencia ha aprobado las resoluciones necesarias para llevar a cabo un cambio en la jefatura de los letrados que trabajan en esta provincia, con ascensos y destituciones de calado.

Al frente del servicio jurídico de Granada llevaba desde hace unos 14 años una de las letradas con más antigüedad de la institución en toda Andalucía, según la relación que publica la propia Junta en su Boletín Oficial (BOJA). Esta jefa del gabinete ha sido destituida a la categoría de letrada y, según fuentes de la Junta, estaría trabajando ahora en dependencias de la Alhambra. Casi a la par fue nombrado en ese cargo de libre designación el abogado que ha seguido la tramitación del caso Nevada, en el incidente de ejecución que supuso para la Junta la condena a pagar una indemnización millonaria a Tomás Olivo.

Ambos nombramientos fueron aprobados por sendas resoluciones, de 15 de marzo y 4 de abril de 2017, de la viceconsejera María Felicidad Montero Pleite. Las plazas fueron convocadas en enero y febrero de este mismo año. Según fuentes de la Junta, el letrado que ha accedido ahora a la jefatura compitió con otros candidatos, fueron analizado los perfiles y los requisitos, y finalmente se le adjudicó "por méritos" la plaza de libre designación.

La delegada del Gobierno en Granada, Sandra García, aseguró ayer a este periódico que estos cambios se han debido a una "reorganización funcional del gabinete jurídico" y que en ningún caso se ha acordado como castigo a ningún funcionario por el asunto del Nevada.

Según ha podido saber Granada Hoy, los ascensos y destituciones en el gabinete jurídico de Granada se han producido a los pocos meses de abrirse una investigación interna para dilucidar la conveniencia de los pasos dados por la Junta en el pleito contencioso que la enfrentaba al promotor del centro Nevada.

El verano pasado se conoció la primera sentencia, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Granada, en la que la jueza ordenaba pagar a Olivo 157 millones de euros como indemnización por la década en la que las obras del centro comercial permanecieron paradas a instancias de la Junta, que pidió esta medida cautelar en 2006.

El brete en el que se encontraron los servicios jurídicos de la Junta consistía en que la propia sentencia explicaba que la jueza solo había podido valorar la prueba pericial aportada por el promotor, dado que los abogados de la otra parte, la Administración autonómica, no se presentaron a la vista que se fijó y se celebró en junio del año pasado. Oficialmente la Junta defiende que aquella ausencia se debió a un "error material" porque la citación del juzgado no se colocó en la agenda de los letrados.

Todas las miradas se fijaron entonces sobre ese fallo del servicio jurídico de la Junta, cuyos letrados no acudieron al Juzgado a las 10 de la mañana del 6 de junio de 2016. Además, este incidente ha tenido repercusiones posteriores, porque ha seguido siendo determinante en el recurso presentado por esta Administración ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La Sala Contencioso-Administrativo del alto tribunal andaluz, en una sentencia del mes pasado -cuando ya se habían producido los cambios en la jefatura del servicio jurídico de la Junta-, ha aumentado en ocho millones más la enorme condena económica a la que tendría que hacer frente la Junta de Andalucía. 165,6 millones de euros en total. Es el resultado de los recursos presentados tanto por los letrados de la administración pública, por un lado, y del promotor, por otro. La primera parte defendía que no debía abonar ninguna cantidad (y lo sigue sosteniendo, según la información sobre el futuro recurso al Supremo) y la otra parte, que la indemnización debía superar los 200 millones de euros.

Al margen de la falta de asistencia a la vista de 2016 para defender una pericial propia, lo que ha motivado ese derecho indemnizatorio del promotor fue el resultado final del pleito contencioso que inició la Junta en 2006 con la intención de anular la licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de Armilla. Por lo que el tema se remonta a decisiones adoptadas en el pasado.

En 2014 el TSJA zanjó este contencioso a favor del empresario y también hizo duros reproches a la Junta, por no haber anulado la licencia de obras en los plazos oportunos por la vía administrativa y tardar casi un año en acudir a la Justicia.

Una vez resuelto el largo pleito y levantada la paralización de las obras, el promotor decidió solicitar una indemnización por los daños causados y el lucro que no percibió durante los años en los que podría haber estado funcionando su negocio comercial.