La Junta pide 21 años de prisión para Ávila Rojas por el caso Malaya

La Junta de Andalucía, personada en el caso Malaya, contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), ha presentado escrito de acusación provisional contra 95 personas, entre ellas el promotor José Ávila Rojas, para el que se piden 21 años de prisión, multa de 55 millones e inhabilitación para el ejercicio del comercio durante tres años. Se le acusa de un delito continuado de cohecho, malversación de caudales y efectos públicos y delito continuado de blanqueo.

Tampoco pintan bien las cosas para el que fuera asesor urbanístico de Marbella y presunto cerebro de la trama Malaya, Juan Antonio Roca. La Junta de Andalucía pide para él, en su escrito de acusación particular, 40 años de prisión (diez más que lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción en su escrito) y una multa de 78,5 millones de euros. En el citado documento, al que ha tenido acceso este periódico, el Gobierno autonómico considera que el ex asesor en materia urbanística del Consistorio "se ha valido del poder de hecho que ostentaba sobre la institución municipal como consecuencia del sometimiento a su voluntad de miembros del Gobierno municipal y de determinados funcionarios, que conscientemente renunciaron a ejercer las funciones de control a que legalmente estaban obligados".

Los delitos que se le imputan son variados: cohecho, prevaricación, malversación, falsedad, alteración de precios de concursos, tráfico de influencias, desobediencia, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, algunos incluso continuados.

Además, se solicitan 67 años de inhabilitación para empleo público. De todos los imputados en la causa, es el peor parado en la reclamación de responsabilidades por parte de la Junta, pero no el único. La petición que realiza la Administración regional en su escrito de acusación contra el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz también es destacable. Para el que fuera regidor, que sustituyó en el cargo a Jesús Gil, pide 14 años de cárcel, 32 de inhabilitación y una multa de 600.000 euros por los delitos continuados de cohecho, malversación y otro de prevaricación. Asimismo, para la ex alcaldesa Marisol Yagüe, que alcanzó el sillón tras la moción de censura que desbancó a Muñoz, se piden 17 años y medio de prisión, 39 de inhabilitación, seis de suspensión de empleo y 4,8 millones de multa por cohecho, malversación, prevaricación y alteración de precios. En el auto se explica que de los hechos presuntamente cometidos por los acusados "ha resultado un grave perjuicio para el patrimonio municipal".