La Junta pide procesar por más delitos a Villafranca y a otros altos cargos de la Alhambra

La Junta de Andalucía ha pedido al juez que instruye el caso Audioguías de la Alhambra que amplíe la lista de delitos y de las personas que recientemente han sido procesadas por el magistrado en el auto con el que ha dado por concluida la instrucción de esta causa judicial. La acusación particular pretende llevar a juicio a otro alto cargo del Patronato (además de la exdirectora Mar Villafranca y su número 2) e imputarles además el delito de falsedad.

Los letrados de la Administración autonómica han recurrido el auto de transformación de diligencias en procedimiento abreviado, dictado por el juez el pasado abril, y que ponía a las puertas de un posible juicio a la que fue máxima responsable de la Alhambra durante una década, a la ex secretaria general del Patronato que gestiona el monumento, Victoria Chamorro, y al empresario que tenía el contrato de las audioguías. Es decir, el caso sigue adelante para 3 de los 8 investigados inicialmente.

Pero la acusación particular que representa la Junta como supuesta perjudicada en la causa ha pedido al juez (en el recurso al que ha tenido acceso este periódico) que incluya a otro alto cargo, el antiguo jefe de la Sección de Economía y Contabilidad, José María Visedo, en la lista de las personas procesadas por este caso de posibles irregularidades en la gestión del contrato de audioguías de la Alhambra.

Los delitos que el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, Antonio Moreno, atribuye a los encausados son prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, apropiación indebida y blanqueo de capitales. La Junta pide ahora que se incluye también la supuesta falsedad documental. A su juicio, durante la investigación se han aportado pruebas de esas otras posibles ilegalidades.

A raíz de una serie de diligencias que se practicaron a petición de la propia Junta de Andalucía cuando la instrucción ya estuvo a punto de finalizar en 2017, esta parte considera acreditado que los investigados "remitieron memorias y documentos oficiales para que el Gabinete Jurídico (de la Junta) informara favorablemente por importes que luego no eran reales". De este modo, continúa el recurso judicial, "se abonaba por más dinero y se eludían los controles fijados al efecto".

La empresa de audioguías se retrasó en el pago de los canon anuales que tenía que abonar al Patronato de la Alhambra, según el contrato original; y a pesar de ellos los responsables de la Alhambra optaron por activar un mecanismo de compensación de deudas y prorrogar el acuerdo con la misma firma. La Junta aporta documentos sobre la falta de coincidencia entre las cantidades económicas que había en los informes que pasaban a los letrados para que la operación fuera autorizada y las que finalmente eran aprobadas y se abonaban.

El abogado de la Junta también recuerda al juez que, según el informe de Intervención aportado por esta Administración a la causa judicial, la operación de reconocimiento de deuda a la empresa es anterior a la fecha del informe del letrado que tenía que dar el visto bueno.

En cuanto a la posible participación del exalto cargo Visedo en los hechos que posiblemente lleguen a juicio, la Junta considera que él era el que "materialmente efectuaba las actuaciones, tenía conocimiento y dominio de las vicisitudes del contrato de audioguías", con todas sus incidencias.

A pesar de los cambios de puesto de trabajo del ex alto cargo, la Junta consideran que "nunca estuvo desconectado de este expediente". Y sobre todo destaca que Visedo era "del círculo de confianza de la Dirección del Patronato de la Alhambra y el Generalife".

"Los mismos argumentos que abocan a continuar el procedimiento contra la secretaria general deben ser utilizados para incluir a Visedo", expone el letrado de la Junta, quien recuerda que la aludida, Chamorro, ha sido procesada como posible cooperadora necesaria de los delitos de prevaricación y malversación.