La Junta revisará los contratos y sueldos del personal directivo del Parque de las Ciencias

Los contratos de personal, sus retribuciones, los complementos de productividad y, sobre todo, la selección y las condiciones de los directivos del Consorcio Parque de las Ciencias estarán a partir de ahora limitados y controlados por la Junta de Andalucía para revisar que se ajustan a la legalidad vigente en la Administración pública andaluza. Las instrucciones de control económico-financiero, que entraron en vigor el pasado 1 de enero y que han provocado una oleada de protestas en Granada, detallan todos los aspectos en los que deberán poner "especial atención" los interventores encargados.

Al igual que el resto de consorcios andaluces, el Parque de las Ciencias de Granada ha pasado a estar bajo el "régimen de control financiero" que establece la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Es decir, que se tiene que someter al "ordenamiento autonómico y al régimen económico y financiero previsto en la Ley". ¿Qué supone este cambio tan controvertido y criticado por los dirigentes del Parque y por algunos sectores políticos y sociales granadinos? Una Instrucción firmada por la Intervención General de la Junta, a la que ha tenido acceso este medio, define cada uno de los aspectos que serán asumidos, controlados o informados ahora por interventores de la Junta.

Entre las funciones de los interventores a partir de este año está la del control del cumplimiento de la legalidad y señala una serie de puntos que se atenderán con especial interés. "Comprobar que en los estatutos del consorcio se determinan los puestos de trabajo que corresponden al personal directivo, en atención a la especial responsabilidad, competencia técnica y relevancia de la tareas a ellos asignadas", es uno de los epígrafes del amplio capítulo dedicado al control de la gestión del personal. Y añade la Instrucción que "se examinará si su nombramiento [el de los directivos] ha sido aprobado por el consejo de administración o máximo órgano de dirección, así como que se someten a la relación laboral de carácter especial de alta dirección".

También será supervisado por los interventores "el proceso de selección del personal directivo, verificando que se realiza atendiendo a los principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad", así como que la valoración de esa idoneidad se haya hecho de acuerdo a la legalidad. La Intervención pide poner la lupa sobre las posibles variaciones de los conceptos retributivos incluidos en sus nóminas.

Las cuestiones de contratación de personal y la masa salarial serán supervisadas de forma especial también para todo el personal contratado por el Parque de las Ciencias. "Se analizarán las medidas aprobadas por el consejo de administración o máximo órgano de dirección y que incidan en el número de trabajadores, categorías profesionales o retribuciones, aplicables a todo el personal". Otro de los elementos sujeto a supervisión serán los complementos de productividad, "verificando que está vinculado al grado de cumplimiento de los objetivos fijados por el consorcio".

El área de personal no es el único apartado donde se hará el control de cumplimiento de la legalidad con especial prioridad. También afectará a los contratos de bienes y servicios, que serán comprobados respecto a los procedimientos de adjudicación y a que "respondan a bienes y servicios efectivamente realizados y recepcionados de acuerdo con las estipulaciones contractuales".

Por otro lado, "cuando el consorcio conceda subvenciones", se comprobará si el organismo puede hacerlo y si se conceden a las personas beneficiarias que reúnen los requisitos previstos en la ley. Del mismo modo, los convenios con contenido económico serán inspeccionados al detalle, según la instrucción de Intervención; e incluso, los que superen los 600.000 euros se remitirán a la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Los ingresos del Parque de las Ciencias y del resto de consorcios afectados por el cambio de gestión también serán supervisados, incluyendo las cuentas propias de las que disponían. A finales de diciembre, la Junta transfirió los fondos de esas cuentas del Parque a otra de la Consejería. Dispone la Intervención que "a fin de verificar el traspaso por los consorcios de los saldos de cada una de sus cuentas abiertas en entidades financieras a la cuenta de la Tesorería General de la Junta, se podrán llevar a cabo (...) comprobaciones de conciliación de dichos saldos", en el primer ejercicio.

El control económico y financiero de la Junta se articula mediante la designación de interventores que se encargan de esa gestión y que actúan a modo de "oficina contable del consorcio". "Se limitará a contabilizar las propuestas recibidas (de los gestores del Parque, en este caso), sin hacer ninguna comprobación sobre la adecuación de las mismas" en ese acto de contabilización. La supervisión sobre la legalidad de esos apuntes y todo lo demás relacionado con la gestión del Parque (personal, gastos, ingresos, convenios...) se hará mediante un "control posterior". Así, los posibles "problemas o errores" que pueda haber seguirían siendo "de la exclusiva responsabilidad del órgano gestor".

No obstante, la Instrucción que regula todo este cambio de gestión establece que se pueden hacer también controles previos para "determinadas operaciones cuya importancia así lo aconseje". Por ejemplo, si un expediente de gasto es igual o superior al 5% del total del presupuesto de ese capítulo, tendrá que someterse a ese dictamen inicial.

También será preceptiva la información de la Intervención de forma previa en actuaciones relacionadas con la firma de convenios colectivos del personal, que "supongan modificaciones en las condiciones retributivas de éstos" o en contrataciones de empleados indefinidos, incluso cuando pasan de temporales a indefinidos.

En estos casos, los gestores del Parque ahora tienen que enviar toda la documentación a la Intervención antes de la firma o la formalización. El informe que se haga, que será favorable o desfavorable, puede tener efectos suspensivos o no, en función de lo que se establezca en los reglamentos; pero aunque no tenga la condición de hacer decaer la propuesta de forma automática, el informe constará por si los gestores siguen adelante y entonces serán "directamente responsables por acción u omisión de las consecuencias".