La tribuna
¡Parad la guerra con Rusia!
Los procuradores se han puesto en pie de guerra. En el colectivo hay un malestar general por cómo se ha planteado la Ley de Colegios Profesionales. A Juan Ramón Ferreira Siles (Alcalá la Real, Jaén, 1961), que compagina su función como portavoz de Justicia del PP en el Parlamento de Andalucía con su trabajo de procurador en Granada, también le parece mal. Piensa que si no se cambia la redacción inicial del anteproyecto, la procura quedará "maltrecha", pero confía en que habrá modificaciones.
-Procurador y parlamentario.
-Sí, no conozco ningún otro caso en el que el Parlamento le haya otorgado la compatibilidad para el ejercicio de su profesión habitual. Yo no cobro sueldo de diputado y a cambio puedo trabajar en mi despacho y mantener mi actividad profesional.
-Su colectivo no está muy contento con el anteproyecto de Ley de Colegios Profesionales. De hecho no descarta una huelga. ¿La habrá?
-Eso no lo sé ni me corresponde decirlo a mí. La situación actual es que hay, como ha dicho, un anteproyecto de ley de servicios profesionales que el Gobierno está empezando a tramitar para regular tanto las actividades de muchas profesiones, y no sólo la de procurador, como los propios colegios profesionales. Y como a la actividad profesional de la procura le afecta ese anteproyecto, y de una manera muy negativa a mi juicio, a juicio del Consejo General y del conjunto de mis compañeros, pues evidentemente hay un gran malestar. Si se va a hacer huelga o no, ni está previsto por ahora ni está convocada.
-¿Y a usted que le parece esa ley?
-Me parece mal en lo que afecta a la procura. ¿Por qué? Por un lado, porque si lo que se pretende es agilizar y mejorar el funcionamiento de la Justicia con esta propuesta no se va a conseguir, sino al contrario. La figura de procurador se queda maltrecha con la propuesta que hay ahora, cuando es fundamental para el funcionamiento de la Justicia. Cualquier persona que conozca la vida de un juzgado y cómo se tramita un procedimiento sabe que eso es así. Por otro lado, incide de manera muy negativa en un sector con más de 10.000 profesionales (autónomos y pequeñas pymes), que van a ver muy mermada su actividad.
-¿Cree que se van a quedar muchos procuradores sin trabajo?
-Yo lo que creo es que esta ley tiene arreglo. Estamos en el momento del anteproyecto, es decir, que hay un plazo para que se hagan observaciones y alegaciones, y modificarlo en muchos campos. Estoy seguro de que hay mucha gente que tiene cosas que decir aquí y no sólo procuradores. Y también estoy seguro de que el Gobierno será receptivo y mejorará la redacción inicial.
-En lo que afecta a la procura, ¿cuál es el principal punto de la ley que habría que cambiar?
-Sin lugar a dudas la reserva de actividad. La ley prevé levantar la incompatibilidad entre el ejercicio de la abogacía y de la procura, entre la defensa y la representación de una parte del procedimiento. Si se evita la reserva de actividad para la procura, va a ver disminuida su actividad profesional hasta hacer inviable la permanencia de muchos despachos. Pero es que además, no se va a mejorar la Justicia con esa medida, que debe ser el objetivo último. Suprimiendo o reduciendo la actividad del procurador al mínimo no se va a mejorar, porque esa labor la va a tener que hacer el abogado, cuando éste está para defender al cliente. Cuando estamos intentando fomentar el impulso a los autónomos y a las pymes, cuando estamos intentando fomentar el autoempleo y especialmente el autoempleo femenino, ¿a qué viene una medida que nadie ha pedido, que no favorece a nadie y que sencillamente va a triturar a un sector profesional que funciona y que funciona bien? Ese anteproyecto tendrá que ser matizado.
-Su colectivo cree que la nueva normativa puede suponer el fin del sistema de notificación telemática.
-No creo que se llegue a ese extremo, pero efectivamente si dejan de hacerse cargo de Lexnet los colegios profesionales y cada notificación tiene que ir a un abogado determinado de los 130.000 que hay en España, habrá colapso y las incidencias van a ser múltiples.
-Otro punto polémico es la supresión del arancel del procurador.
-Yo creo que el arancel se podría mantener como garantía de precio para el usuario, ajustándolo en función de elevadas cuantías del procedimiento.
-El anteproyecto se presentó el 2 de agosto. Hay quien piensa que se hizo con nocturnidad, ya que es un mes inhábil para la Justicia y de vacaciones para la mayoría de sus compañeros.
-En todo caso con agosticidad (risas). No. Es un tema del que se lleva hablando hace mucho tiempo y en algún momento tenía que salir. Seguramente el ministro de Economía tendría cerrado ese primer borrador y entendió que antes de que llegaran las vacaciones era el momento. La tramitación es muy larga y ahora se están presentando alegaciones. Hay tiempo para que todo el mundo pueda opinar. Yo no sería tan retorcido.
-Si su colectivo al final decidiera hacer huelga, ¿usted qué haría?
-Es que yo no sé cómo se puede hacer eso de la huelga, pues somos trabajadores autónomos y, aparte, no termino de ver cómo se puede articular eso. Los jueces no pueden hacer huelga y entiendo que nosotros tampoco.
-Pero los jueces sí hicieron...
-Hicieron cosas simbólicas. Un juez no puede hacer huelga. Yo no entiendo cómo puedes dejar de asistir a un juicio al que esté citado alegando un supuesto derecho a la huelga. Ese es un terreno delicado que a mí se me escapa. Seguro que hay otras fórmulas de presión.
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