"La LOMCE asiste y ampara una educación segregada"
"La LOMCE elimina la obligación que tiene la Administración de construir colegios públicos en las nuevas zonas urbanas y abre la puerta a que sean los concertados los que puedan construirse en terreno público; eso es lo más grave". Con esas palabras quiso la delegada de Educación de la Junta de Andalucía en Granada, Ana Gámez, alertar sobre lo que considera una normativa -aprobada por el Gobierno central- que impulsa la "educación segregada". Y no sólo por sexos. Por ello, el Ejecutivo andaluz anunció que presentará un recurso, probablemente el 4 de marzo, contra la "constitucionalidad" de esa Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa.
Gámez ejemplificó la situación a la que conduce la normativa comentando el "último" caso de instalación de un colegio que no fuese privado en la capital: "El Elena Martín Vivaldi está en una zona que se considera un núcleo de expansión y se hizo porque teníamos la obligación de ofertar en ese barrio un centro público; ahora la LOMCE elimina esa obligación".
Como declaró la delegada, las "reglas del juego" en el proceso de escolarización también habían variado ya que, en la actualidad, se "favorece" la enseñanza de tipo concertado. Todo porque la ley nacional "amplía" el período de concertación de 4 a 6 años y establece como criterio la "demanda social". "Siempre hemos considerado desde la Junta que ese término es un concepto muy difícil de concretar, aparte de no ser un concepto real". De acuerdo a sus argumentos, en la provincia de Granada, la enseñanza concertada está presente en 13 localidades, mientras que la pública en 156. "A 156 municipios sólo llega la segunda, así que, en esos municipios, no existe ese concepto de demanda social, sencillamente, porque no hay oferta de enseñanza concertada", agregó Ana Gámez. Al mismo tiempo, se mostró contraria a la publicación de una clasificación de centros, una práctica que, según señaló, lleva a cabo la LOMCE.
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