Lorenzo del Río también avala la "legalidad" de todos los arrestos

En los últimos días ha habido una auténtica cascada de valoraciones sobre los registros y detenciones del caso Nazarí, una causa penal distinta al caso Serrallo y en la que el Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Granada. En ese torrente de pronunciamientos faltaba el del máximo representante de los jueces en Andalucía, Lorenzo del Río, que avaló ayer la legalidad de las diligencias practicadas bajo la supervisión de la jueza instructora María Ángeles Jiménez.

Aunque el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se mostró cauto al inicio de sus consideraciones al indicar que "no hay una opinión desde el momento en el que se trata de un procedimiento que está declarado secreto, del que desconocemos un montón de datos", acto seguido subrayó: "por lo que a mí me consta, todo se ha producido en un marco de legalidad, con autorizaciones judiciales y, por tanto, ese es un poco el marco en el que yo me tengo que pronunciar".

El presidente hizo estas manifestaciones durante el acto de presentación de la Memoria del alto tribunal andaluz correspondiente a 2015, tras ser preguntado por la controversia surgida en torno al comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado sobre el registro de la vivienda y detención del exalcalde de la ciudad, José Torres Hurtado (PP). En él, el departamento que dirige Consuelo Madrigal especificaba que la Fiscalía Provincial de Granada no había apoyado esa actuación -el resto sí- , por entender que se trataba de medidas demasiado "intrusivas" dado el momento actual de la investigación.

"Es cierto que es un comunicado nada habitual", reconoció Del Río, así como que "ha dado lugar a ese debate, que por otro lado existe habitualmente", pues puede, como recordó, darse "una diferencia de criterio" entre las partes procesales, como la Fiscalía y los abogados, pero es un debate "que se hace dentro del proceso normalmente y no se produce de esta forma que se ha producido en la prensa".

La operación Nazarí se desarrolló el pasado día 13 y conllevó un total de 16 detenciones y alrededor de 25 registros de domicilios particulares, sedes de empresas y despachos profesionales de esta ciudad, aparte de dependencias municipales como la Alcaldía o el edificio de las Hermanitas de los Pobres, en Gran Capitán.

Las actuaciones, que efectuaron de forma conjunta agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Granada y de la UDEF de Madrid, fueron autorizadas por el juzgado que instruye este asunto, que parte de dos querellas interpuestas por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Granada, cuya delegada es la fiscal Sara Muñoz-Cobo. Esas dos querellas fueron formuladas en diciembre ante las presuntas irregularidades detectadas en las operaciones urbanísticas del Pabellón Mulhacén del Zaidín y de la Ciudad de la Luz, un residencial de José Julián Romero construido cerca de Kinépolis.

Además de esos expedientes urbanísticos, la Policía investiga otras operaciones que enmarca en esa supuesta trama corrupta, entre ellas una construcción en el Parque Tecnológico de la Salud (PTS). El resto se conocerá una vez se levante el secreto de sumario acordado por la jueza el pasado 15 de enero. Esta medida, con la que se pretende garantizar el buen curso de la investigación, ya ha sido prorrogada en tres ocasiones. La última, el 15 de abril.

Además del exregidor, fue detenida la también ya exconcejala de Urbanismo, Isabel Nieto, a quien la misma jueza investiga por su supuesta implicación en el caso Serrallo, que no está bajo secreto de sumario y cuya instrucción está casí finalizada. Asimismo, fue arrestada la secertaria del Ayuntamiento de Granada, otros altos cargos de Urbanismo y varios promotores de esta ciudad, como José Julián Romero y Roberto García Arrabal.

La Policía, que ha defendido la legalidad de cada paso que ha dado también a través de un comunicado emitido por su Dirección General, dejó en libertad con cargos a todos los detenidos el mismo día 13, una vez finalizaron los registros programados. Los 17 supuestos implicados en la trama de corrupción -hay un investigado que no fue detenido- comenzarán a desfilar por el juzgado a partir del próximo martes, 26 de abril.

Desde el comunicado de la Fiscalía General del Estado, han sido varias las notas de prensa remitidas a los medios por los sindicatos policiales y alguna asociación de fiscales criticando que se ponga en tela de juicio la labor de la Policía, que tiene potestad para detener y que, en ese caso lo hizo, para asegurar los registros, según señalaron en su día las fuentes consultadas.