Lorenzo del Río: "Hay que pasar de la cultura del litigio a la de la paz"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha presentado esta mañana la Memoria del TSJA de 2018, un documento en el que se refleja que la litigiosidad en Andalucía ha bajado un 1% ya que en 2018 se ingresaron 1.209.533 euros frente a los 1.210.273 de 2017. Con todo, esta sigue siendo elevada y genera la congestión del sistema.

Así, los andaluces continúan siendo los que más litigian en los tribunales, situándose la comunidad en los puestos de cabeza en número de asuntos ingresados a nivel nacional. De hecho, Andalucía tiene un 22% más de asuntos que la litigiosidad estatal y en el ámbito del TSJA entran 145,1 asuntos por cada 1.000 habitantes.

Ante esta realidad, Del Río aboga por extender la mediación para la resolución de conflictos ya que, según el presidente, “hay que pasar de la cultura del pleito a la de la paz”. Para ello, considera necesario un “nuevo concepto de justicia” donde adquiera más importancia la mediación “como instrumento complementario de la administración tradicional”. En este sentido, apuesta por implantar una nueva concepción de los sistemas de resolución de conflictos en la que se precisa una mayor implicación de los diferentes sectores profesionales (jueces, abogados, empresas, Administración y colectivos en general).

Según Del Río, la mediación no debe confundirse como un instrumento para aligerar la carga de trabajo de los tribunales, sino como “un medio capaz de propiciar la tutela de los derechos e intereses legítimos.

Así, considera que con las sentencias judiciales se resuelven los procesos pero no los conflictos, por lo que cree necesario que exista este diálogo previo entre las partes primero para reducir la litigiosidad y después para tratar con las partes y resolver esos conflictos, que pueden seguir enquistados y ser germen de futuros nuevos conflictos. “Muchos casos se resolverían con el diálogo previo entre las partes”, reconoció el presidente del TSJA.

Con esto también quiso dejar claro que no se trata de “privatizar la justicia” sino de facilitar las soluciones de los conflictos, responsabilizar a las partes en la solución y no delegar por entero en otros.

La mediación, además, permite habilitar fórmulas complementarias de gestión de conflictos más rápidas y menos costosas en las que es más probable preservar las relaciones entre las partes basada en actitudes de diálogo, negociación, formación de consenso y solución pacífica de controversias.

Por todo esto, Del Río pidió incluir la mediación como cauce complementario como parte del derecho de acceso a la justicia y no como ahora, en la que se aplica a cuentagotas y por parte de voluntarios. “Lo que es necesario es que no sea como ahora, como algo alegal, con personas mediadoras que se ofrecen. Se trata de institucionalizarlo y ver si forma parte del sistema de justicia gratuita”, añadió Del Río.

Así, consideró que “hay muchas cosas que son mediables”, por lo que considera importante que a las partes se las derive a un mediador para que vean si pueden solucionarlo.

Para Del Río, lo ideal es que “en todos los tribunales hubiera derivación previa a la tramitación para que hablen antes” evitando así proceso. “Hay procesos imprescindibles pero muchos evitables y es obligado crear diálogo, facilitación y encuentro”, insistió el presidente del TSJA.

Sobre el resto de datos de la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Del Río destacó nuevamente la “elevada tasa de litigiosidad”, “un problema” que hay que solventar y que ocasiona una “carga de trabajo demasiado elevada que impide el rendimiento de la justicia”. De hecho, España se sitúa entre los países con una tasa de litigiosidad más elevada entre los de su entorno, un dato que “nos debe hacer reflexionar”.

Por jurisdicciones, durante 2018 bajaron los asuntos penales y sociales y subieron los civiles y contencioso-administrativos. Los procedimientos penales suponen en número la mayor carga de trabajo judicial, con el 59% del total. Le siguen los civiles (31%), los sociales (6%) y los contencioso-administrativos (4%). Respecto a la bajada, se han ingresado un 2% menos de asuntos sociales, rompiendo la línea ascendente de 2017; y un 5% los penales. En cambio los contenciosos han subido un 16% rompiendo la tendencia del año anterior, que bajó un 8%. Según la Memoria, este aumento es debido “singularmente a procesos de extranjería, en los que se acuerda la devolución o expulsión del extranjero. Estos asuntos significan el 24% del total nacional, “dato que indica que también seguimos a la cabeza de la tasa de litigiosidad en esta jurisdicción”.

La civil aumentó un 10%, lo que obedece “a la litigiosidad derivada de las reclamaciones inmobiliarias, las demandas de cláusulas suelo.

El TSJA califica la situación como “delicada” por la “escalada de asuntos civiles e innumerables reclamaciones a las entidades de crédito por parte de los consumidores, “lo que afecta sensiblemente al funcionamiento de nuestros juzgados y tribunales”, más cuando Andalucía asume más del 22% del registro a nivel nacional.

Hay 45.948 procedimientos recibidos durante 2018: Almería (3.003), Cádiz (6.808), Córdoba (4.681), Granada (4.722), Huelva (4.127), Jaén (4.835), Málaga (7.333) y Sevilla (10.439). Y a 31 de marzo de 2019, se ha llegado en Andalucía a una cifra total de 87.345 demandas de cláusulas suelo acumuladas.

Para atenderlas, desde enero de este año se ha ampliado el refuerzo y el número de jueces en todas las estructuras organizativas especializadas y se han elaborado planes de actuación y coordinación de señalamientos para aumentar la eficiencia en estos juzgados especializados. Con todo, se pide una mayor coordinación entre las agendas de los jueces que sirven en una misma estructura especializada y que “la Consejería de Justicia adopte las medidas necesarias para que pueda materializarse debidamente la integración de las estructuras judiciales”.

Además, en las reflexiones de la situación el TSJA considera que “hay que evitar a toda costa que el esfuerzo de la administración de justicia en esta materia pueda llevarnos en algún momento a hablar de despilfarro”. Así, “se siguen observando con preocupación determinadas prácticas procesales que aumentan el número de pleitos y evitan soluciones consensuadas.

Por todo esto, Del Río insistió en “avanzar hacia un nuevo sistema de justicia” que institucionalice la mediación como elemento complementario en una nueva postura de acuerdo. “No todo tiene que resolverse en los tribunales. Hay muchos conflictos que pueden solucionarse previamente. No es una demanda del presidente para quitar trabajo, tiene que ver con que eso también es justicia, cuando los ciudadanos arreglan entre ellos los conflictos”.

Mientras, la tasa de resolución es positiva por el “buen nivel” de trabajo y “se resuelve casi la totalidad de lo que se ingresa”.