Multas de 63.000 euros y desalojos para echar a los okupas el Cerro de San Miguel

Granada/Cada día cientos de personas se reúnen en el Mirador de San Nicolás para contemplar la puesta del sol. Quizás muchos no lo saben pero algo más arriba, San Miguel Alto, ofrece una vista de la Alhambra que puede competir en belleza e, incluso, ganar. Sin embargo, este espacio está infrautilizado. La ocupación histórica de las cuevas situadas en este entorno han provocado la privatización de una zona que todos los ciudadanos deberían disfrutar. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Granada ha iniciado los trabajos para devolver a la ciudadanía su espacio. Para ello, según explicó ayer el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, se han iniciado los trabajos de identificación de los moradores y análisis de las cuevas con el objetivo de iniciar el desalojo y restablecer la legalidad urbanística y el uso como zona verde al cerro.

La primera medida que va a poner en marcha el Ayuntamiento es la apertura de expedientes sancionadores por actuaciones ilegales en trece cuevas. Según explicó Fernández Madrid, algunos moradores han realizado diferentes intervenciones ilegales en un suelo de titularidad municipal que van desde la instalación de pérgolas, tejas, construcciones adosadas o porches hasta la privatización de espacios públicos con el modificado de los trazados de los caminos naturales para convertirlos en terrazas. Unos inquilinos incluso han montado un auténtico patio de paredes rosadas con azulejo para disfrutar de las vistas. Todos ellos se enfrentan a sanciones que parten de los 63.000 euros. No obstante, tendrán un plazo de dos meses para devolver el aspecto natural a la zona antes de enfrentarse a esta sanción económica.

Por otra parte, el área de Urbanismo va a seguir trabajando en la inspección de todas las cuevas para averiguar cuales son peligrosas teniendo en cuenta que están construidas sobre un terreno arcilloso que se mueve con facilidad. Tras estos trabajos, el Ayuntamiento tiene previsto concretar el expediente que remitirá al Juzgado para proceder a los desalojos de las cuevas. En este sentido destacó que el último informe que ahora se está actualizando recoge que sólo siete de las 64 cuevas existentes tienen escrituras pasadas por el registro. Las demás son de titularidad popular.

El área de Urbanismo, que realiza todos estos trabajos con la colaboración de la Policía Local también trabaja con el área de Derechos Sociales. El objetivo es detectar en la zona familias sin recursos para brindarles atención.

Una vez se recupere el espacio público la intención del Ayuntamiento es convertir la zona en un gran parque para el disfrute ciudadano. Algo que también demandan y defienden los vecinos del Albaicín pues así lo han trasladado en las Juntas de Distrito y las reuniones en torno al Pepri.

En cuánto a cómo va a evitar el Ayuntamiento que las cuevas sean ocupadas de nuevo -como ya ocurrió durante la etapa popular-, Fernández Madrid confió en que la conversión en parque y el uso ciudadano evite la vuelta de los moradores. Además, el concejal abogó por evitar que se cometan los mismos errores. "Se hizo un desalojo que no duró más de una mañana. (...) Sabemos que no basta con tener autorización judicial sino que el Ayuntamiento debe tener capacidad económica para demoler las cuevas y convertir el espacio en verde", detalló el edil quien añadió que para ello podrán valerse de los fondos EDUSY. Además, en la zona podría habilitarse un quiosco o un Centro de Interpretación de las Cuevas para hacer más atractiva la visita a la zona.