Multas de hasta 3.000 euros por beber en la calle a partir del 1-S

Desde el 1 de septiembre en adelante el botellódromo quedará clausurado como recinto para el consumo de alcohol en la vía pública. Quien se arriesgue a hacerlo allí o en cualquier otra parte de la ciudad puede 'llevarse' a casa una multa que puede oscilar entre los 700 y 3.000 euros. El botellódromo ha sido un símbolo del ocio nocturno de la ciudad desde 2006, al que acudían jóvenes de otros puntos de Andalucía incluso de España. Ahora, diez años después de su estreno, encarrila sus últimos días no exento de polémica.

El Ayuntamiento trabaja ya en la hoja de ruta que ponga de manifiesto las propuestas de los diferentes grupos políticos y de las asociaciones implicadas en el recinto. El objetivo principal es que Granada vuelva "a formar parte de la normalidad nacional", según el alcalde en funciones, Baldomero Oliver. El edil calificó el espacio habilitado para el consumo público de alcohol como un "gueto" creado por el PP para 'limpiar' los barrios donde más votos recibía.

La norma general que rige la ley municipal es que beber en la calle queda totalmente prohibido. Sin embargo, el antiguo equipo de gobierno se amparaba en el artículo 179 de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, que permitía al alcalde decretar días concretos en los que sí se podía beber en espacios públicos. "El problema del botellódromo es que el señor Torres Hurtado había dispuesto un ámbito permanente donde no se multaba" por consumir alcohol en la calle, apuntó Oliver.

Tras la aprobación por unanimidad del cierre definitivo del recinto, los próximos días de agosto serán claves para decidir cómo se actuará a partir del 1 de septiembre y plantear posibilidades de ocio alternativas al consumo de alcohol.

Así, el próximo día 25 tendrá lugar la primera de las tres comisiones previstas. Ésta será relativa a la seguridad, y participarán los diferentes grupos políticos junto a Cruz Roja, la Policía Local y Nacional y Protección Civil. Aunque por el bajo número de usuarios estos días, lo más probable es que el verdadero problema se produzca a lo largo del mes de septiembre. Desde el Ayuntamiento se harán campañas que lleguen más directamente a los jóvenes para que sean conscientes del inminente cierre del espacio.

El gobierno local espera que los primeros días del próximo mes se apliquen medidas disuasorias, ya que consideran que las sanciones económicas no van a resultar suficientes para erradicar el consumo de alcohol en la vía pública. La segunda comisión tendrá lugar un día más tarde para tratar temas de educación. Estará presente la UGR y representantes de la Delegación de la Junta para evaluar y proponer medidas formativas dirigidas a los jóvenes en relación al consumo de alcohol. Las actuaciones tendrán carácter informativo, de concienciación y prevención.

La última comisión, para el 30 de agosto, es la que suscita más controversia entre los grupos políticos. La reunión abordará las actividades de ocio alternativo que sustituyan al botellón y se pondrán sobre la mesa medidas que den solución al consumo de bebidas etílicas. Oliver considera "que con esta medida abrimos con un tiempo razonable el diseño de aquellas situaciones que se deriven del cierre efectivo", algo que no es compartido por el resto de partidos.

Por su parte, los populares califican de "tomadura de pelo" la falta de alternativas del gobierno local y reprochan que se les convoquen a un nuevo encuentro el 30 de agosto, un día antes del cierre del recinto. El concejal Rafael Caracuel prevé que la "dejadez" y la "inoperancia" del PSOE tendrá como consecuencia la proliferación de botellones ilegales en todos los rincones de la ciudad. Oliver, al ser preguntado por las propuestas específicas que su partido llevará a la reunión de final de mes, respondió que "sería un gravísimo error si presentáramos alternativas concretas porque no vamos a caer en actitudes paternalistas donde le digamos a la juventud cómo se tienen que divertir".

La falta de salidas al problema del botellódromo también ha sido percibida por Ciudadanos. El partido naranja advierte que el botellón se podría trasladar a otros puntos de la ciudad, y que desde el Ayuntamiento no se han puesto en marcha medidas preventivas, y siguen defendiendo que el recinto del botellódromo se convierta en un intercambiador de autobuses.

Por su parte, Vamos Granada ya advirtió la necesidad de trabajar durante el verano y en el mismo espacio donde lo jóvenes van a beber para abordar conjuntamente las posibles salidas al ocio nocturno, al mismo tiempo que se informaba del inminente cierre el día 1 de septiembre. La marca blanca de Podemos aboga por utilizar los centros cívicos de los barrios como espacios donde los jóvenes puedan reunirse por las noches. La portavoz del grupo municipal, Marta Gutiérrez, que podría instalarse barras cogestionadas con las asociaciones de estudiantes.

Desde IU denuncian que el equipo de gobierno no se haya puesto en contacto con el resto de grupos ni con los colectivos afectados. "Que se cierre [el botellódromo] no cambia la realidad de que se produzcan botellones en la ciudad. Ese espacio lo tiene que ganar la ciudad para realizar actividades deportivas y de ocio" apuntó el portavoz del grupo en el Consistorio, Francisco Puentedura.