El caso Nazarí, bajo la amenaza de un cierre inesperado como el de la Alhambra

Torres Hurtado fue detenido en la Operación Nazarí en 2016

El Caso Nazarí, principal asunto judicial de corrupción en Granada, que provocó la detención del alcalde José Torres Hurtado y un cambio en el gobierno de la ciudad, podría recibir un cierre inesperado, antes de finalizar las indagaciones en marcha. El motivo alegado por la defensa de algunos de los principales investigados sería un fallo procesal relacionado con la tramitación de los plazos de la fase de instrucción, al igual que ha ocurrido con el carpetazo del caso Colina Roja (los supuestos contratos a dedo de la Alhambra).

La exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto y otros antiguos altos cargos municipales como Manuel Lorente han presentado un recurso en el Juzgado en el que reclaman el final de la investigación por el incumplimiento de los plazos legales. Y no sólo eso, sino la nulidad de todo lo investigado después del 7 de mayo de 2017 (en el último año y medio), que es la fecha en la que a su juicio habría finalizado el plazo para notificar a las partes la declaración de especial complejidad de la causa y, por tanto, la posibilidad legal de ampliar la investigación más allá de los 6 meses que establece la ley como plazo habitual.

El recurso presentado el pasado martes en el Juzgado de Instrucción 2 de la capital tendrá que ser analizado y contestado en primer lugar por la propia jueza responsable del caso, María Ángeles Jiménez; aunque, en caso de ser rechazada su petición, el escrito (que es también apelación) tendrá que ser remitido a la Audiencia Provincial para que se pronuncie. Fue precisamente este órgano el que ordenó en octubre pasado la terminación de forma inesperada de otra de las investigaciones judiciales más relevantes en esta provincia, contra los miembros de la anterior cúpula directiva de la Alhambra y otra veintena de personas.

Aquella decisión, por el exceso de los plazos legales para solicitar la prórroga de la investigación por parte del juez instructor (en ese caso era el magistrado Antonio Moreno), ha sido especialmente polémica porque puede provocar el cierre en falso de un asunto judicial de enorme calado por una cuestión de procedimiento. Ahora la justicia tendrá que resolver si el caso Nazarí, de supuesta corrupción en el Ayuntamiento de Granada y con una quincena de investigados (políticos, técnicos y empresarios), podría seguir un camino similar por motivos de la misma índole.

El letrado que ha presentado este recurso, Ernesto Osuna, también avanza en su escrito que sea cual fuera la decisión adoptada en primer lugar por la jueza instructora y más tarde por la Audiencia Provincial, sus representados podrían mantener esta vía impugnatoria “en cualquier momento”, al tratarse de una supuesta “vulneración de derechos fundamentales”. Esto podría ocurrir incluso a las puertas de un juicio, como en el caso del expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, que acaba de librarse de una de las acusaciones de supuestas corrupción por haberse excedido el plazo de legal de la instrucción judicial.

La defensa de Nieto y otros investigados del caso Nazarí sostiene que, en caso de no ser aceptada la fecha del 7 de mayo de 2017 como límite legal en que habría quedado concluida la fase de instrucción, la reciente prórroga de otros 18 meses acordada por la jueza no se ajustaría a la legalidad, dado que se habrían agotado todos los nuevos plazos posibles que establece la ley. En ese caso, la fecha de finalización de la instrucción tendría que ser el próximo 21 de enero, tres años después de la apertura de diligencias de investigación penal.

Lo más importante, al principio

El caso Nazarí, a pesar de estar a punto de cumplir 3 años de investigación, tuvo casi toda su actividad esencial desde el punto de vista judicial en su primer año de instrucción. En ese tiempo (buena parte bajo secreto de sumario) se acordaron casi todas las diligencias de investigación, como los registros, las declaraciones a los investigados o los informes periciales de tipo urbanístico. Aunque muchos de esos documentos no hayan llegado al juzgado hasta mucho después o incluso aún estén por terminar, la mayoría fueron encargados por la jueza en fechas anteriores al límite temporal que la defensa reclama para poner fin a la investigación, por un supuesto exceso de los plazos legales.

Esto es algo que diferencia mucho este caso del de Colina Roja de la Alhambra, pues en aquel asunto muchas de las diligencias se habrían ordenado después de la fecha desde la que se ha decidido poner el límite e invalidar todo lo posterior. Lo más importante es que no se llegó a tomar declaración a los investigados, algo que sí ocurrió en el caso Nazarí. Tanto ellos como los testigos fueron citados por la jueza a los pocos días de su detención, en 2016.