La jueza del caso Nazarí alerta de la impunidad en causas importantes

La jueza María Ángeles Jiménez, instructora de la macrocausa Nazarí de posible corrupción municipal en Granada, ha alertado en un auto de este caso sobre el hecho de que algunas investigaciones y procedimientos judiciales importantes (por su volumen y por su "trascendencia social") "puedan quedar impunes" mediante la utilización de una reciente herramienta legal relacionada con los plazos máximos de investigación y las prórrogas.

La magistrada del Juzgado de Instrucción 2 de Granada ha rechazado de forma rotunda el intento de algunas de las defensas de este caso (de la exconcejal Isabel Nieto o del empresario Roberto García Arrabal) de anular gran parte de la investigación (desde mayo de 2017) mediante un recurso sobre la caducidad de los plazos para solicitar las prórrogas de la instrucción por parte de la jueza.

Después de desglosar de forma pormenorizada todos los autos y providencias dictadas y notificadas hasta ahora, sin que las defensas hubieran alegado nada en su momento, la jueza Jiménez sostiene que en su caso ha habido incluso un "exceso de celo" a la hora de dictar las declaraciones de complejidad de la causa y sus prórrogas. No obstante, los recurrentes pueden apelar ahora a la Audiencia de Granada.

Pero la jueza va más allá de este asunto concreto e introduce en su auto una suerte de alegato en contra del uso de esa estrategia legal como "herramienta para una prescripción encubierta", a la vez que lamenta la falta de medios y sobrecarga de trabajo con la que tienen que lidiar los juzgados de primera instancia e instrucción de los "pequeños partidos judiciales".

"Sufren un gran volumen de trabajo, con personal, jueces y funcionarios movilizados constantemente con traslados y que se ven superados por solicitudes de informes a organismos estatales y privados que tardan más de un año en cumplimentar, pese a los reiterados requerimientos que se les realiza", expone la magistrada, que ha tenido que asumir en los últimos tiempos la instrucción de casos tan mediáticos como éste, o el caso Serrallo (ambos de enorme trascendencia política, dado que hicieron caer al gobierno de José Torres Hurtado en la capital), el de Juana Rivas o algunos recientes del médico Jesús Candel, Spiriman.

Esta reacción de la jueza Jiménez se produce en un contexto judicial que afecta a todo el territorio nacional y a varias causas importantes, sobre todo de corrupción, que se han archivado, cerrado o anulado por los mismos motivos legales de incumplimiento de los plazos a la hora de pedir las prórrogas.

Algunos asuntos recientes son el juicio al expresidente de la Comunidad de Murcia Pedro Antonio Sánchez (quien ha sido absuelto de antemano por esta cuestión de tipo formal) o la otra gran investigación que se abrió en Granada contra la excúpula directiva de la Alhambra (caso Colina Roja) por la supuesta adjudicación de contratos a dedo durante más de una década. La Audiencia Provincial ordenó en noviembre pasado el cierre de esa investigación, al haber acordado el juez la prórroga de la instrucción con unos días de retraso respecto al plazo legal.

Esos límites temporales que los jueces tienen que tener en cuenta ahora para pedir prórrogas en casos complejos se deben a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que el Gobierno del Partido Popular impulsó y fue aprobada en 2015. El objetivo era limitar y reducir el tiempo de duración de las fases de instrucción de las causas judiciales, pero se está detectando una consecuencia perversa, que sería esa "impunidad" de los implicados en causas importantes por la falta de medios en los juzgados.

La jueza granadina María Ángeles Jiménez alerta en el auto fechado ayer de que con la utilización de esa herramienta legal "se pretende desvirtuar los artículos del Código Penal relativos a la prescripción de los delitos", de tal modo que en causas voluminosas e importantes que tienen que afrontar juzgados con escasos recursos y medios se tienen que "controlar manualmente los plazos relativamente cortos marcados en ese artículo" y por ello ocurren esas "prescripciones encubiertas".

En la resolución, la magistrada menciona la petición a la Administración para que se dote a los órganos judiciales de alarmas en los programas informáticos que notifiquen los plazos tan breves" y se evite así la posible caducidad por el necesario control manual, que puede dar lugar a errores.