El caso Nazarí llega a su momento clave: la pieza del Pabellón Mulhacén

La jueza que instruye el caso Nazarí, de supuesta corrupción municipal en Granada durante los gobiernos del alcalde José Torres Hurtado, acaba de abrir la pieza separada que puede constituir la clave principal de toda la macrocausa abierta desde 2016. Se trata del expediente Mulhacén, la obra de un pabellón deportivo que el promotor Roberto García Arrabal ejecutó sobre un solar municipal en el Zaidín.

Según el plan trazado por la jueza María Ángeles Jiménez Muñoz, titular de Instrucción 2 de Granada, el caso Nazarí se va a compartimentar en una serie de piezas separadas que permitan agilizar una investigación que va a cumplir 3 años y que ya ha entrado en su recta final.

Después de haber iniciado así la tramitación de los expedientes Registrador (la construcción de un patio de luces en la sede de un Registro de la capital) y Obispo Hurtado (relativo a la casa del exalcalde y la exedil de Urbanismo, Isabel Nieto), y de haber ordenado el archivo del asunto relativo a la gestión urbanística del Cerrillo de Maracena, el siguiente paso de la instructora ha sido abordar uno de los nudos gordianos del caso, con la apertura de la pieza Mulhacén.

El proceso de construcción de este pabellón deportivo y los locales comerciales aledaños sobre una parcela municipal de uso deportivo fue objeto de una denuncia a la Fiscalía en 2015 de otro empresario granadino, Ramón Arenas. Aquel fue el origen de un caso que creció con otras denuncias y revelaciones de testigos relativas a supuestas prácticas corruptas por parte de los responsables municipales para beneficiar a promotores privados en otras operaciones llevadas a cabo en la ciudad durante más de una década.

Arenas, que está personado como acusación en el caso Nazarí, denunció una serie de perjuicios económicos sufridos como propietario de una parcela contigua a la del Pabellón Mulhacén y que atribuyó a los técnicos y políticos municipales. Según su denuncia y las averiguaciones de la Policía, el Ayuntamiento lo habría perjudicado en favor del promotor García Arrabal.

En este asunto, tanto los informes policiales como los urbanísticos se han centrado en analizar los cambios que a lo largo de los años fue sufriendo el proyecto original del pabellón deportivo que el Ayuntamiento de Granada adjudicó al promotor granadino. Se fueron eliminando ciertos elementos comunes, como un aparcamiento o las pistas exteriores, y en su lugar el Ayuntamiento autorizó la construcción de una serie de locales comerciales destinados después a la restauración.

La relación entre este empresario investigado, García Arrabal, y los cargos técnicos y políticos que entonces llevaban las riendas del urbanismo en la ciudad es otra de las claves de este caso que saldrán a la luz en la pieza que ahora ha abierto la jueza. Un ejemplo de ello son los mensajes de correo electrónico y whatsapp que intercambiaron, con evidente confianza y familiaridad, el empresario y la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto.

En estos correos, que fueron reclamados por el Juzgado de Granada mediante comisión rogatoria al Gobierno de Estados Unidos (donde se alojan los servidores), ambos responsables negocian y discuten las cuestiones urbanísticas por un cauce extraoficial y privado.

También está en el aire la relación de García Arrabal con el que fue gerente de Urbanismo (y otros cargos en el área), Manuel Lorente. Durante la investigación ha salido a la luz que el empresario contrató a uno de los hijos del técnico municipal para trabajar en sus empresas.

Este asunto tiene también una estrecha relación con el Caso Serrallo, un proceso mucho más avanzado que será enjuiciado en febrero del año próximo en la Audiencia Provincial de Granada, y en el que coinciden la mayoría de los acusados por otra operación urbanística de similares características: una concesión municipal de una obra que fue variando a lo largo del tiempo hasta el punto de cambiar los usos obligatorios del suelo público.

En el caso de la pieza Mulhacén, la magistrada acaba de otorgar a las partes un plazo de 20 días (superior al de piezas anteriores, por su "complejidad") para que propongan la incorporación de toda la documentación, testimonios o material del sumario que pueda resultar pertinente para la investigación de este asunto. También podrán solicitar la práctica de nuevas diligencias y pedir la imputación de quienes consideren presuntos responsables de los hechos que se investigan.

La intención original de la jueza, expuesta en uno de sus autos de este año sobre la separación del caso en piezas, era acumular todos los expedientes relacionados con el promotor Roberto García Arrabal en una sola pieza que llevaría el nombre del empresario. Pero la magistrada ha optado por aislar de todo lo demás la compleja investigación del pabellón Mulhacén. Quedarían pendientes las operaciones urbanísticas del Campus de la Salud y del complejo Be Suites, el edificio de apartamentos y locales del Zaidín donde el PP alquiló y luego compró su sede provincial.