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Granada/Los cortes de luz en la zona Norte de la capital, el incremento del números de desahucios por impago de alquileres, además de las cuestiones de convivencia vecinal y de atención sanitaria son los principales problemas que afectan a la ciudad, según el Informe Anual del Defensor de la Ciudadanía de Granada que ayer presentó su responsable, Manuel Martín García. La oficina registró el año pasado un incremento de demandas de los granadinos de un 108%, que en datos globales la ha hecho pasar de atender 5.239 casos en 2016 a 19.897 en 2017. Estas cifras les han permitido obtener una radiografía "mejor de las necesidades de los ciudadanos de Granada", según Martín, que recordó que "el deber de los poderes públicos es liderar alternativas y soluciones a las inquietudes y quejas planteadas por los ciudadanos".
El Defensor detectó durante el año 2017 que el problema más grave que afecta a la capital es la vulneración de los derechos de los habitantes de la zona Norte debido a los cortes de luz, una situación que, tilda, "va de mal en peor". Las quejas que ha recibido el colectivo se incrementan por tercer año consecutivo, pasando de suponer un 12% del total de las demandas en 2015 a un 15% durante el último ejercicio. El informe destaca que esos cortes cada vez afectan a más personas que pagan sus facturas e impuestos, pero que no reciben el servicio eléctrico en sus hogares e incluso en la calle, donde muchos vecinos salen con velas para poder alumbrar, como contó Martín.
Ante este problema, el Defensor propone, al igual que hizo en 2016, que las instituciones actúen con urgencia. De un lado, que la Junta de Andalucía elabore un dossier que revele las causas que originan esos cortes de suministro, e informe sobre las medidas que han tomado o que plantearán para que no se repita la situación. También buscará que Endesa esclarezca por qué se producen estos cortes, especialmente sensibles en invierno, que entregue un listado completo de las reclamaciones recibidas y si ha procedido a indemnizar a las personas afectadas.
El Defensor también pone el foco en las secuelas de la crisis económica, que si bien "no son tan graves como en el periodo 2008-2014", siguen afectando a los ciudadanos y suponen el 12% de las quejas recibidas. El principal problema en este asunto es que se han producido 12 desahucios más por impagos de alquileres, aunque los datos globales por desalojos en Granada descendieron ligeramente en 2017 (concretamente hubo 19 casos menos). Para el organismo, este conflicto evidencia que la crisis generó una "regresión en derechos sociales" y que tener trabajo no garantiza salir de la pobreza. La institución propone una revisión de las políticas sociales que blinde el estado del bienestar para que no dependa de las variaciones presupuestarias y evitar que las desigualdades vayan en aumento.
La oficina del Defensor de la Ciudadanía de Granada incrementó su actividad un 108% en un año gracias a la mejora en las vías de comunicación del organismo. Así se desprende del Informe Anual presentado por el titular del cargo, Manuel Martín García, que cuantifica ese crecimiento en 10.897 personas. El Defensor logró finalizar el 87% de los expedientes abiertos por quejas de los granadinos, mientras que aún permanecen en trámite cerca del 13%. La oficina atiende prácticamente todas las demandas que les llegan ya que solo el 0,037% de las reclamaciones no son admitidas a trámite. La actividad del Defensor en 2017 supuso su intervención en 8.100 actuaciones en defensa y protección de la ciudadanía, lo que hace un promedio de 675 al mes y 22,5 por día. De las 2.167 llamadas telefónicas recibidas por la organización, 1.176 solicitaron amparo de forma urgente que requirieron una "labor de contención emocional" y la derivación a otras entidades más facultadas para atajar el problema. El organismo también desglosó los datos y problemáticas por género. Las quejas de los hombres superan a las de las mujeres (53% frente a 48%), siendo las dificultades económicas en los hogares las principales reclamaciones de ellas, y los problemas hipotecarios los de ellos. Además, las concejalías del Ayuntamiento de Granada resolvieron un 84% de actuaciones demandadas por el Defensor, aunque el informe indica que para atender al 22% de ellos necesitaron de una segunda o incluso tercera petición de ayuda. Otros datos que se desprenden del dossier es que el Servicio de Intermediación Hipotecaria atendió a 256 familias granadinas durante 2017. El 82,4% de los expedientes llegaron a buen puerto, consiguiendo en el 79% de los casos la eliminación de cláusulas suelo abusivas y su devolución, el 9% suspendió desahucios y reestructuraron una deuda, el 4,65% arregló cambios de índice de referencia de préstamo de garantía, y sólo el 2,32% logró la dación en pago.
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