Nueva alerta judicial a los concejales que votan a favor

Granada/Entre las 16 personas que el juez de Primera Instancia e Instrucción 2 de Santa Fe ha procesado, en el auto que pone fin a la fase de instrucción del caso Marchelo, se encuentran los cuatro miembros de la junta de gobierno del Ayuntamiento de Alhendín durante los años investigados. Entre ellos, además del exalcalde y el exconcejal de Urbanismo -considerados los máximos responsables de los hechos investigados-, están la entonces edil de Cultura y Educación y el concejal encargado del Tráfico. Todos ellos votaron a favor de la aprobación de los convenios y las adjudicaciones irregulares.

Los asuntos sometidos a votación, aunque fueran del área de Urbanismo, salieron adelante con el voto de todos los integrantes del gobierno del PP que en aquel momento estaban en el Ayuntamiento de Alhendín. El juez sostiene que eran conscientes de la ilegalidad de lo que aprobaban, entre otras cosas porque tenían en su mano informes negativos de técnicos municipales.

La posible responsabilidad de los concejales que no intervienen en un expediente pero que con su voto a favor permiten que sea aprobado es un asunto que ha sido objeto de controversia en Granada en los últimos tiempos, en especial por el caso Serrallo de la capital, donde también han sido procesados por la jueza de instrucción todos los concejales del PP que votaron a favor de la discoteca en la junta de gobierno que presidía el alcalde José Torres Hurtado.

La magistrada instructora de esa causa justificó su decisión, entre otras cosas, con otro antecedente judicial de esta misma provincia, que es el caso Nevada. En aquella ocasión, todos los ediles del gobierno de Armilla que votaron a favor de la licencia de obras del centro comercial fueron condenados por la Audiencia Provincial. Los magistrados advertían que cada concejal es responsable de sus decisiones, de modo que no es posible ampararse en la disciplina de voto del partido.

En el caso Serrallo, los ediles de la capital (seis de ellos permanecen en el Ayuntamiento) se han defendido con el argumento de que no conocían los detalles del caso. Es decir, que daban su apoyo al expediente si el concejal responsable del área (en ese caso también era Urbanismo) lo sometía a votación porque confiaban en su criterio.

El caso Marchelo, que en realidad comenzó antes que los anteriores (Nevada y Serrallo), sigue la estela de esa doctrina de la Audiencia y el juez ha puesto a los concejales a las puertas de un posible juicio por haber dado su visto bueno a los convenios urbanísticos que, según la investigación, estarían plagados de irregularidades. Actuaron "a sabiendas de su injusticia e ilegalidad", concluye el juez en su último auto.