Nuevos correos del caso Nazarí revelan acuerdos "al margen del cauce legal"

Granada/Funcionarios que ocupaban altos cargos en el Ayuntamiento de Granada durante los 13 años de gobierno del alcalde José Torres Hurtado (PP) mantenían comunicaciones e intervenían "activamente" en asuntos y negocios de promotores privados. Esta es una de las conclusiones del último informe policial del caso Nazarí (de presunta corrupción municipal), en el que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha analizado 15.078 correos electrónicos del antiguo coordinador del área de Urbanismo.

"Antonio, te reenvío el modelo de aval que acordamos en su momento". A través de mensajes como éste del entonces director técnico de Obras del Ayuntamiento, Manuel Lorente (uno de los principales investigados de la presunta trama) dirigidos a una entidad bancaria, en relación a un negocio del promotor José Julián Romero (también imputado en el caso), la Policía deduce que hay comunicaciones que se efectúan "al margen del cauce legal, evitándose el control al que se encuentra sometido el acto administrativo".

Aunque los correos analizados en este nuevo informe, remitido por la Policía al Juzgado de Instrucción 2 de Granada, forman parte de la cuenta oficial corporativa (del Ayuntamiento) del antiguo coordinador de Urbanismo, Agustín Belda, en las comunicaciones que destacan los agentes, por su relación con los hechos investigados, adquiere especial protagonismo Manuel Lorente, considerado por la Policía uno de los cabecillas de la supuesta red de corrupción municipal, por su conocimiento y capacidad de decisión sobre todos los asuntos urbanísticos que se gestionaban en la ciudad.

Entre los asuntos tratados en los correos que ahora se han analizado está la promoción de 300 viviendas de Ciudad de la Luz, en Casería de Montijo. El promotor de aquella obra, Julián Romero, está siendo investigado por las supuestas irregularidades cometidas en perjuicio de los intereses municipales, especialmente al haber dejado sin terminar la urbanización de todo ese plan parcial, que sería condición indispensable antes de construir viviendas, algo que han confirmado los peritos urbanísticos del caso.

Para garantizar la terminación de esas obras de viales, saneamientos y acometidas (entre otras cosas esenciales para la ciudad), el promotor entregó al Ayuntamiento unos avales bancarios cuya legalidad se está investigando, porque las condiciones acordadas podrían dejarlos en papel mojado. Los responsables municipales aceptaron esos avales y otorgaron al promotor licencia de obras y de ocupación de las viviendas.

Es precisamente la negociación y preparación con la entidad bancaria de esos avales lo que, según los correos intervenidos, llevó a cabo el propio Lorente, pese a que la Policía sostiene que era una tarea que concernía a la empresa privada y en la que no tenían que intervenir funcionarios municipales sin pasar por el cauce legal de comunicaciones oficiales a través del Registro municipal.

Los agentes de la UDEF sostienen que el funcionario es quien "llega al acuerdo de aval" con el representante de la entidad bancaria, "indicándole cómo debe ir redactando el escrito para que no sea rechazado por el Ayuntamiento". Los investigadores hacen un pequeño esquema del rastro de las comunicaciones sobre este asunto, de tal modo que los responsables de Caja Rural se comunican directamente con Manuel Lorente y con el coordinador de Urbanismo antes incluso de pasar la información al abogado de la empresa promotora.

La Policía se reafirma en esas misma conclusiones sobre el "flujo de información que discurre al margen del cauce legal" tras analizar más correos en los que intervienen los mismos altos cargos de Urbanismo anteriores y la entonces secretaria general del Ayuntamiento, respecto al negocio del frustrado centro comercial del Cerrillo de Maracena.

Los tres funcionarios municipales "están al tanto e intervienen activamente en este flujo de comunicaciones" relacionadas con la venta de parcelas que tres entidades privadas (JJ Consulting, Comarex y Caja Rural) tenían previsto firmar en 2011 con otra sociedad para construir dicho centro comercial en el espacio que hace años se concibió para hacer el palacio de hielo municipal.

Los últimos informes policiales que han llegado a la jueza de instrucción María Ángeles Jiménez se refieren al análisis de documentos físicos, archivos informáticos y correos electrónicos de algunos de los investigados, si bien esos 'e-mail' siempre corresponden a las cuentas corporativas de los empleados municipales. El análisis de otros correos por cauces privados que podrían haber intercambiado los investigados podría llegar más tarde a través del material contenido en la cuenta personal de la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto, que ha llegado procedente de Estados Unidos, al tratarse de un servidor alojado en ese país.

En cuanto a los documentos físicos requisados en el despacho y en el domicilio personal del antiguo coordinador de Urbanismo, los investigadores sólo destacan los abundantes documentos relacionados con la construcción del pabellón Mulhacén, que una de las sociedades del empresario investigado García Arrabal levantó en el Zaidín con una larga lista de modificaciones respecto del proyecto original que el Ayuntamiento sacó a licitación. En uno de los documentos hallados, los funcionarios recomendaban levantar la sanción propuesta inicialmente al promotor por algunos de los incumplimientos y por la tardanza de la obra.