El alcalde de Otura se sentará en el banquillo acusado de prevaricar

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santa Fe ha dispuesto convertir en procedimiento abreviado la causa por presunta prevaricación que se sigue contra el alcalde de Otura, Ignacio Fernández-Sanz (PP), y cuatro componentes del anterior equipo de gobierno. A no ser que el fiscal y la acusación particular retiren los cargos que les imputaron, cosa que parece muy improbable, el regidor y los ediles se sentarán en el banquillo de acusados.

Las diligencias judiciales se incoaron en julio de 2008, a raíz de las conclusiones a las que llegó la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo en un decreto firmado un mes antes. En virtud del mismo se denunciaba al alcalde y a los concejales, todos ellos miembros de la Junta de Gobierno Local, por haber cometido un delito de prevaricación relacionado con la recepción, presuntamente ilegal, de obras y licencias de primera ocupación para 50 viviendas de una urbanización, pese a los informes negativos de los técnicos municipales.

Según la Fiscalía, el 23 de julio y el 1 de octubre de 2007 la Junta de Gobierno aprobó por unanimidad conceder las licencias tras haberlo solicitado la sociedad mercantil Mantenimientos y Construcciones Alcuba. Cuando esa empresa pidió la recepción parcial de la obra, el arquitecto municipal emitió informes desfavorables y tanto el alcalde como los concejales eran conscientes de ello, pese a lo cual no se tuvieron en cuenta.

El fiscal recalcó en su denuncia que las actuaciones municipales evidenciaban "un interés claro en la anticipación de la recepción y el otorgamiento de las licencias a toda costa, prescindiendo de garantías y normas. Fue, a su juicio, una "práctica ajena a la legalidad" que debía ser investigada por si constituyera un delito de prevaricación.

En el auto ahora dictado, el juez incide en lo mismo. Menciona que la Junta de Gobierno "decidió poner fin al procedimiento cualquiera que fuera su estado y ordenó al técnico municipal que emitiera informe favorable sobre la subsanación, sin permitirle realizar una visita a la obra objeto del informe".

En las diligencias practicadas también se resalta que el propio alcalde "ordenó por teléfono al técnico municipal que se hiciera un acta de recepción suprimiendo la palabra parcial" a pesar de que faltaban por ejecutar determinadas obras. "Cabe inferir que Alcuba tenía una extraordinaria premura en la recepción de las obras, y no en una recepción parcial, sino total. Premura que trasladó a la Junta Local".

La causa ya ha sido remitida al fiscal y a los acusadores particulares para que, en el plazo de diez días, soliciten la apertura de juicio oral y formulen su escrito de acusación.