El PSOE de Granada admite que hubo "práctica generalizada de corrupción" en el urbanismo municipal bajo su gobierno en el año 2000

El PSOE de Granada, personado como acusación popular en el Caso Nazarí -de presunta corrupción municipal en Granada-, acaba de pedir a la jueza el archivo provisional de la pieza San Jerónimo, el único procedimiento abierto de esta macrocausa en la que está procesado el promotor urbanístico José Julián Romero, junto a otras personas como la exconcejal de Urbanismo, Isabel Nieto, el anterior director de Obras Municipales, Manuel Lorente, y otros cuatro altos cargos de la época en Urbanismo. Pero lo más llamativo de la comunicación remitida al juzgado es que este partido político admite que hubo corrupción urbanística en esta ciudad desde el año 2000, tiempo en el que gobernaba el alcalde socialista José Moratalla.

"Aun cuando esta parte acusadora participa de la idea sostenida inicialmente de la existencia de una práctica generalizada de corrupción en el ámbito de la gestión del urbanismo municipal entre los años 2000 [entre los años 2000 y 2003 gobernaba el PSOE en el Ayuntamiento de Granada] y hasta prácticamente el año 2015, entiende que en el caso concreto de esta pieza separada, ahora procedimiento abreviado, las irregularidades junto con el marco normativo y el debate sobre gestión urbanística excluyen la relevancia penal de estas conductas", expone esta parte acusadora en su escrito.

Esta afirmación es sorprendente, ya que el gobierno del PP de Torres Hurtado no llegó hasta las elecciones del año 2003. Antes estaba en la Alcaldía de la capital el socialista José Moratalla. Parte de los técnicos de Urbanismo procesados también trabajaban en ese área durante aquellos años de gobierno del PSOE. En especial, cabe destacar el caso del exdirector de Urbanismo, Manuel Lorente, de quien la Policía obtuvo fotos fruto de los registros en las que aparecía de viaje junto al promotor Julián Romero.

El escrito remitido por el letrado del PSOE al Juzgado de Instrucción 2 y fechado el 2 de mayo, al que ha tenido acceso este periódico, defiende que las supuestas irregularidades administrativas cometidas en esta pieza no tienen relevancia penal. Esta acusación discrepa de la Fiscalía, que a diferencia de lo defendido en otros expedientes del caso Nazarí, en este caso sostiene que hay indicios de posibles delitos y por eso pidió a la jueza que impulsara la causa para la celebración de juicio oral. Lo que más destaca en ese escrito son las alusiones a las "prácticas de corrupción" en el Ayuntamiento de Granada.

El expediente San Jerónimo es una operación urbanística en un plan parcial junto al barranco de este nombre, en el límite de Granada junto a la zona de Kinépolis. En esos terrenos, el promotor privado que ha sido procesado levantó varios edificios de viviendas a las que el Ayuntamiento les concedió las licencias oportunas para ser habitadas. Esto sucedió, según la Fiscalía y la jueza instructora, sin que se hubiera concluido la urbanización de la zona y además mediante el supuesto desvío ilegal del barranco.

El PSOE defiende en su escrito en ninguna de esta cuestiones se habría producido un ilícito penal. En primer lugar, "sobre el dominio público hidráulico ocupado o modificado, constan informes del organismo de la cuenca Confederación Hidrográfica de Guadalquivir que aun extemporáneamente autorizan la actuación llevada a cabo por la Junta de Compensación y por los autores de los respectivos proyectos". Es decir, que después de hacer las viviendas, la autoridad competente autorizó esa ocupación de los terrenos del cauce.

La jueza sostenía en su último auto que se cambió el proyecto aprobado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir "sin esperar" a que este organismo diera el visto bueno a las modificaciones llevadas a cabo para la construcción de la urbanización, "procediendo, al respecto, a rellenar con tierra el antiguo cauce del barranco, con la creación de una situación de posible peligro en un futuro".

Respecto a la otra cuestión, la de la licencia, tampoco ve el PSOE delito, porque "cuando el 24 de julio de 2012 dicta Decreto de concesión de Licencia de Primera ocupación ya se ha certificado el final de la obra de construcción de las 300 viviendas y emitido por el Arquitecto Jefe de Servicio y director de Obras municipales informe favorable al otorgamiento de licencia de Primera Ocupación".

La jueza decidió procesar a los investigados por los supuestos delitos de cohecho, fraude en la contratación, asociación ilícita/organización criminal, prevaricación (común y urbanística), tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad de documento mercantil, administración desleal y delito contra la ordenación del territorio.

Exponía el que auto que por parte de la Sociedad Casería San Jerónimo SL que se encuentra representada por José Julián Romero "presuntamente se habría realizado una serie de irregularidades para la consecución de acuerdos con el Ayuntamiento, que, presuntamente, han provocado un perjuicio patrimonial al resto de los miembros de la junta de compensación", centrando el problema en la "concesión de las licencias para la ocupación de primeras viviendas". En el sumario constan imágenes del promotor y del entonces alto cargo de Urbanismo Manuel Lorente durante un viaje juntos a Japón, que es fruto de los registros policiales.

La jueza que investiga el caso Nazarí recibió en 2017 uno de los informes técnicos y jurídicos solicitados en relación con las posibles irregularidades urbanísticas que se investigaban en la pieza de San Jerónimo. Este documento, cuyo contenido ya publicó este periódico entonces, era muy negativo para algunos de los investigados. Se refería a la ejecución del Plan Parcial N-2, en el límite de la ciudad con Pulianas. Allí se ha levantado la zona residencial llamada Ciudad de la Luz, con 300 viviendas que ya están habitadas. Su entorno es una gasolinera, rotondas, viales a medio terminar y descampados. El Ayuntamiento concedió la licencia de primera ocupación a los pisos, pese a que el promotor no había concluido las obras de urbanización. La Junta señala en su informe que, por este motivo, el permiso municipal que permitía vender las viviendas y habitarlas es "nulo de pleno derecho".