Pacto en el caso Emucesa: Tres acusadas reconocen los contratos ficticios por "afinidad personal o política"

El caso de los supuestos contratos fantasma de la empresa municipal de cementerios, Emucesa, está a punto de dar un nuevo giro si la Abogacía del Estado suscribe un pacto alcanzado entre tres de las siete personas procesadas y el resto de partes acusadoras, incluida la Fiscalía. El acuerdo consiste en la reducción de penas de cárcel (hasta el límite de dos años en el que es posible no entrar a prisión) a cambio de que la exconcejala del PP María Francés y dos de las personas empleadas por ella a cargo de la sociedad pública reconozcan que esos contratos, firmado por "afinidad personal o política" eran ficticios.

De las siete personas que, según el auto de apertura de juicio oral dictado este mes por la jueza de instrucción, tenían que sentarse en el banquillo de los acusados, tres acaban de alcanzar un acuerdo que podría evitarles la entrada en prisión en caso de una hipotética condena. El acuerdo aún no está del todo cerrado, a falta de la firma de la Abogacía del Estado (que es una de las partes acusadoras) para poder ser enviado al Juzgado de Instrucción 9 de la capital, que ha llevado este caso desde sus inicios en 2018.

El resto de acusaciones, la Fiscalía, Emucesa (aún por ratificar en su consejo de administración), PSOE y Vamos Granada habrían aceptado inicialmente este pacto que supondría el reconocimiento de los hechos descritos en el escrito de la Fiscalía: que, al menos desde 2011, esta empresa municipal (por entonces de titularidad pública al completo) habría abonado nóminas a personas afines al PP sin que éstas desarrollaran trabajo alguno para la sociedad. Todo ello al amparo de unos contratos ficticios que además luego permitieron que las dos trabajadoras cobrasen ayudas públicas de desempleo.

En el documento al que ha tenido acceso este periódico, queda reconocido que la exconcejal, "con la finalidad de dar apariencia de legalidad a la recepción de dinero público por personas afines a ella o a su partido político y liberar a cargo de la empresa pública unas cantidades mensuales en concepto de retribución económica, suscribió contratos de alta dirección, simulando una relación laboral inexistente".

Los otros cuatro acusados que se quedan fuera de este pacto, por el momento, serían el primer consejero delegado de Emucesa con el gobierno de José Torres Hurtado, Eduardo Moral (predecesor de María Francés), y tres de quienes contrató en circunstancias aparentemente similares a las de las otras dos contratadas en la época de Francés, L. L. O. y M.A. M. L., que tienen intención de reconocer su culpa.

Las acusadas, que con este pacto restituirían todo el dinero percibido en aquellos años (entre 2011 y 2012) y tendrían que pagar una serie de multas económicas, se iban a enfrentar a penas de entre 4 y 5 años de cárcel, que ahora podrían quedar reducidas a condenas de entre 3 meses y 2 años, el límite legal que permite no pisar la prisión a un condenado sin antecedentes penales, siempre que sea aceptado por el juez.

En el último auto de apertura de juicio oral, del 4 de octubre pasado, se les atribuyeron los delitos continuados de fraude en la contratación y malversación de caudales públicos en concurso medial (cuando un delito es necesario para cometer el otro) con los de falsedad en documento oficial y prevaricación. Ahora se les aplicarían atenuantes derivadas de la reparación del daño.