Quince granadinas viven pendientes de un GPS por riesgo extremo de maltrato

No es la panacea, pero los sistemas de seguimiento de las medidas de alejamiento en casos de violencia de género por GPS son un avance considerable. No se puede decir, de antemano, que su uso podría haber evitado las dos muertes, una en Pinos Puente y otra en Alhama, de mujeres a manos de sus parejas. De hecho, una de esas mujeres ni siquiera había denunciado. Pero es una herramienta bastante eficaz para que los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado tengan bajo férreo control a los agresores y a las víctimas de esta lacra. Y Granada está a la cabeza de Andalucía en la implantación de este novedoso sistema de protección, con 15 dispositivos instalados y activos, según informó ayer el subdelegado del Gobierno en Granada, Antonio Cruz.

Únicamente la vecina provincia de Jaén supera a la granadina en cuanto a GPS utilizados para proteger a las víctimas de violencia de género, con 19 sistemas en funcionamiento. Cabe recordar que para poder obtener esta medida de protección, la víctima tiene que denunciar, ya que el uso o no del GPS lo dita el órgano jurisdiccional pertinente tras la solicitud de la mujer, la acusación particular o la fiscalía.

Pero previamente la víctima también tiene que pasar por una valoración de riesgo que establece el Gabinete de Estudios de Seguridad Interior, GESI. Y Cruz también hizo ayer balance, con motivo de la celebración hoy del día contra la violencia de género, de las valoraciones policiales llevadas a cabo en la provincia. Según el subdelegado, 437 granadinas están en riesgo extremo o alto, frente a las casi 3.000 en riesgo medio o bajo. Más de un tercio de la víctima consta en la estadística como con "riesgos no apreciados". Según destacó el subdelegado, Granada es la cuarta provincia andaluza con más valoración en riesgos extremos realizadas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado después de Sevilla, Cádiz y Málaga.

Además de los sistema GPS, en la actualidad hay 3.093 órdenes de alejamiento en vigor, de las que 1.900 han sido tramitadas por la Policía Nacional y las 1.103 restantes, por la Guardia Civil.

El subdelegado del Gobierno en Granada también reveló ayer que un total de ocho mujeres de nacionalidad extranjera residentes en la provincia y víctimas de malos tratos han obtenido la tarjeta de residencia temporal, mientras que otras siete solicitudes se están tramitando en estos momentos. Además, en algunos casos de malos tratos se otorgan lo que se conocen como rentas activas de inserción, (RAI), a las víctimas de violencia de género, de las que el subdelegado del Gobierno aseguró que en Granada hay 554 en la actualidad, también hasta 31 de octubre.

También hizo balance el subdelegado del uso que la sociedad está haciendo de otro de los instrumentos para combatir la violencia de género, el teléfono 016. En lo que va de año -contabilizado, en concreto, hasta el 30 de octubre-, 1.186 llamadas fueron atendidas por las operadoras del servicio. Según los datos de la Subdelegación del Gobierno, las consultas o alertas telefónicas desde Granada supusieron el 12% del total andaluz y prácticamente un 2% del total de llamadas del territorio nacional. Cruz destacó que, en virtud de estos datos, la Subdelegación tiene "mucha preocupación, pero ni desaliento ni frustración" y también aprovechó para "alentar a las mujeres en esta situación a que denuncien y que busquen ayuda a nivel institucional, social y judicial".

Junta a Cruz compareció la vicepresidenta primera de la Diputación de Granada, Juana María Rodríguez Masa, que ofreció algunos datos sobre el perfil de las víctimas de malos tratos en la provincia granadina -en los municipios menores de 20.000 habitantes- y de los agresores.

Según detalló, en lo que llevamos de 2010, han sido un total de 552 personas las que hicieron uso del Servicio de Atención y Protección de Mujeres Víctimas de malos tratos, de las que en su mayoría son mujeres españolas (87%) de entre 30 y 41 años.

El 87% de ellas tienen hijos menores de edad y un 74% depende económicamente de su agresor, mientras que el resto trabaja con un grado de cualificación bastante bajo.

Respecto al perfil de los agresores, la diputada indicó que el 48% de ellos son adictos a alguna sustancia tóxica, mientras que otro 8,6% tienen diagnosticado algún trastorno mental. Aunque, a su juicio, lo más preocupante es que más del 50% de los maltratadores "ni son adictos" ni enfermos mentales, por lo que usan la violencia de una manera "normalizada".