Registros al descubierto
La Udef apiló decenas de cajas con material informático y documentos relacionados con la investigación
Las 26 'inspecciones' se saldaron con la recaudación total de 84.000 euros en viviendas particulares
1 el 13 de abril la Policía Judicial irrumpe en la casa del exalcalde de Granada para proceder al registro de la misma. En el interior se interviene un teléfono Iphone 6, un Ipad y varias carpetas con documentación bancaria, notarial y tributaria. Además, en un vestidor se encuentra más documentación y un sobre que contiene 1.600 euros.
2 Los agentes entran en el piso de la exconcejal de Urbanismo e inmediatamente la por entonces edil entrega a la Policía dos terminales móviles . En el cuarto de un hijo, que es donde ella asegura trabajar cuando está en casa, se retiran tres folios además de mucha más documentación separada en grupo de folios y carpetas y un portátil Toshiba junto a varios dispositivos de almacenamiento. En el dormitorio de Nieto, la propia investigada hace entrega de 2.250 euros. Un dinero para "el gasto de la casa". Además se retira una tarjeta de memoria de 8 GB y un móvil Sony Ericcson.
3 En la vivienda la Policía retira de una caja fuerte dos sobres con 2.000 y 600 euros. Además, hace lo propio con un ordenador Apple y otro HP Mini así como dos teléfonos móviles. También se llevan tres archivos de documentación.
4 Se le requisan varios pendrives -uno de ellos de 16 GB-, un móvil Iphone 6 con tarjeta visa del BBVA adosada y dos Ipad. El detenido voluntariamente ofrece a los agentes las claves de los distintos dispositivos. También se intervienen varios portátiles. Incluso varios disquetes y discos duros y documentos.
5 En el registro del domicilio particular los agentes retiran un móvil, un portátil, una tablet, cuatro USB y una memoria externa. Además se recoge documentación, casi toda ella contenida en libretas y carpetas. Cabe reseñar que en un armario la Policía encuentra dos escopetas de caza que quedan en el lugar en el que se encontraban.
6 Se intervienen tres discos duros, varios CD's y documentación. Además, una tablet y un teléfono móvil.
7 La Policía retira tres teléfonos móviles, un ordenador portátil y varias tarjetas de memoria y USB.
8 Los agentes retiran un móvil y una tablet. También hacen lo propio con un total de 52.470 euros que pertenecen a su mujer. Además se da cuenta de tres contratos y un estudio de mercado sobre el residencial 'Ciudad de la Luz'.
9 Los agentes se llevan cuatro ordenadores, una tablet, varios pendrives y discos duros. Por otro lado, retiran documentación. También tres sobres con dinero que en total contenían 24.430 euros más otros 400 euros que poseía García Arrabal en la cartera en el momento del registro.
10 El detenido manifiesta que no guarda documentación en el domicilio al haberse mudado hace dos meses a él. Los agentes recogen un teléfono móvil, un cargador de móvil, una tablet y un cargador de ordenador. Además, había un folio con anotaciones a bolígrafo y un balance de situación de la empresa Fórum 44 Granada SL.
11 Una vez que la Policía ingresa en el Ayuntamiento se dirige a la Secretaría de Alcaldía. En la mesa de Torres Hurtado, los agentes encuentran las cartas de dimisión de la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, dirigidas al regidor. Por otro lado, un técnico informático del Ayuntamiento comparece para extraer el disco duro del ordenador de Torres Hurtado. Seguidamente, la Policía se traslada a la mesa de la secretaria donde se recoge el disco duro y la agenda del alcalde con anotaciones manuscritas, entre otros elementos.
12 En el despacho de la Secretaria General del Ayuntamiento se recoge un disco duro, cuatro pen drives y varias carpetas y documentación relativa a convenios de interés.
13 En la sede de la Concejalía de Urbanismo se retiran del archivo de este departamento los expedientes que están relacionados con los casos investigados en el caso Nazarí.
14Los agentes entran también al despacho de la ya ex concejal para registrar estas dependencias de la que extraen documentación agrupada en folios y varias libretas. También entran al despacho del secretario personal de la exedil del que se retiran dos libretas. Se accede al ordenador y se extrae el disco duro.
15 Los agentes intervienen distintos expedientes urbanísticos relacionados, por ejemplo, con la construcción del Mulhacén y todos los servicios que conllevaba este proyecto. Además retiran informes de memoria de inspección urbanística de varios tramos temporales así como efectos informátivos. En las diligencias se hace constar la colaboración y buena disposición del detenido en todo momento.
16Del despacho de Lorente en Urbanismo, los agentes retiran documentación relacionada con distintos proyectos urbanísticos de la ciudad y agendas.
17Se retira un disco duro, cinco agendas referentes a varias anualidades, varias carpetas y libretas con información de proyectos como el Plan Parcial PP-T1 (Cerrillo Maracena), entre otras cuestiones concretas.
18 La Policía interviene once agendas, dos libretas y un ordenador.
19Se retiran varios expedientes urbanísticos relativos, sobre todo, al Plan Parcial PP-N2. Entre los soportes informáticos figuran dos teléfonos, cuatro CD's y un ordenador.
20 En los Mondragones se procede al proceso de volcado de 14 cuentas de correo electrónico relativas a los empleados municipales.
21 La Policía recopila información relativa al expediente Casería de San Jerónimo y al proyecto Ciudad de Luz.
22 Se retira documentación relacionada con varios proyectos urbanísticos, entre otros el que tiene que ver con las instalaciones de uso deportivo en el Campus.
23 Se cotejan los datos del ordenador de la oficina sin obtener resultados.
24En la sede social de El Partal, la Policía retira documentación de las distintas dependencias.
25 La Policía se lleva documentación relativa al bloque de viviendas construido en la calle Obispo Hurtado en la que tienen su vivienda Torres Hurtado y Nieto.
26 El registro en la sede de CGA conluye con la retirada de un ordenador, un disco duro externo y un CD que contiene documentación sobre proyectos urbanísticos. Principalmente aquellos relacionados con Plan Parcial Campus Salud y un pabellón deportivo.
El día a día en Granada se vio visiblemente alterado la mañana del pasado 13 de abril. La entrada en acción de numerosos agentes de la Policía Nacional en distintos puntos de la capital evidenció un hecho extraordinario. La operación Nazarí se activó desde bien temprano y con ella decenas y decenas de efectivos policiales en dependencias privadas y municipales. El urbanismo de los últimos años quedaba así en el punto de mira.
Los 26 registros llevados a cabo por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la Policía Nacional dejaron claro que la actuación era de entidad. Tanto que la mayoría de ellos se concentraron en los domicilios particulares de los investigados y dependencias públicas de los cargos y altos funcionarios.
Uno de los puntos calientes fue la calle Obispo Hurtado, lugar en el que el ya exalcalde José Torres Hurtado y la exedil de Urbanismo, Isabel Nieto, tienen su residencia. Pasadas las 7:30 horas los agentes desembarcaron en los respectivos domicilios. Un hecho que generó expectación en los aledaños.
En primer lugar las diligencias se llevaron a cabo en las viviendas y a posteriori se dio traslado a los puntos de trabajo respectivos. En el caso de Torres Hurtado, los agentes entraron en su piso y posteriormente lo llevaron a su despacho de la Plaza del Carmen.
El resultado: dispositivos informáticos (teléfono, tablet y extracción del disco duro) y documentos como una agenda con apuntes realizados a mano. Sobre su mesa del Ayuntamiento, entre otros elementos, las cartas de dimisión presentadas por Nieto y rechazadas por Torres Hurtado.
En el caso de Nieto una montaña de carpetas y folios agrupados. Un material con el que la exedil trabajaba en el dormitorio de un hijo que utilizaba a modo de despacho.
La Policía apiló en decenas de cajas documentos y dispositivos informáticos retirados para sumar algún tipo de prueba a la investigación. A todo eso hay que sumar un montante total de 84.000 euros. Una cuantía en dinero líquido que se recabó de los domicilios del exalcalde José Torres Hurtado (1.600 euros), la exconcejal de Urbanismo, Isabel Nieto (2.500 euros), la exsecretaria general del Ayuntamiento, Mercedes López (2.600 euros), y los promotores Roberto García Arrabal (24.830 euros) y José Julián Romero (52.470 euros).
Cabe destacar que en el domicilio particular de Manuel Lorente (antiguo director técnico de Obras Municipales) llegó a entrar hasta un perro preparado para localizar billetes mediante el sentido del olfato. El animal llamado Alba no halló billete alguno.
Entre las anécdotas de los distintos registros cabe destacar la presencia de dos escopetas de caza en la vivienda de uno de los investigados. Un armamento que quedó en su sitio sin tener repercusión alguna.
Además del Ayuntamiento (Plaza del Carmen, Concejalía de Urbanismo y Mondragones), la Policía entró en las sedes de las empresas presuntamente implicadas y los domicilios particulares de los propietarios de las mismas. Un registro que se extendió por toda la capital.
La defensa recurrirá la personación del empresario que inició la causa
Las defensas de parte de los investigados en la supuesta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento recurrirán la personación como acusación particular del empresario cuya denuncia ante la Fiscalía inició la causa, Ramón Arenas. Parte de los investigados recurrirán su papel en la causa al considerar que no puede ejercer este tipo de acusación porque no es un perjudicado directo y que debería actuar, como hacen los grupos municipales de PSOE y Vamos Granada. "No se puede confundir venganza con perjuicio y actúa con claro ánimo de venganza", detalló el abogado Ernesto Osuna, que defiende a la que era concejal de Urbanismo en el momento de los hechos, Isabel Nieto, y a otros funcionarios investigados. El empresario denunció de manera reiterada operaciones urbanísticas del Ayuntamiento de Granada, junto a pleitos personales contra Nieto, por lo que Osuna considera que su personación responde a una venganza personal y deberá actuar como acusación popular. Osuna interpreta que la causa se sustenta en "interpretaciones" de la normativa urbanística por disputas previas y ha reiterado que se mueve en la vía Contencioso Administrativa y no en delitos penales.
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