Del Río advierte del riesgo de "desmoralización" por la crítica situación judicial

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, inauguró ayer el año judicial en Andalucía con una "esperanza no cumplida": el poder cambiar su discurso reivindicativo tras 13 años de presidencia. Porque, como advirtió en sus primeras palabras, "en 2023 el año judicial plantea iguales, por no decir mayores, retos o desafíos". "Este inicio viene marcado, de nuevo, por la enorme preocupación sobre la situación general de la justicia, al tiempo que permanecen invariables grandes objetivos pendientes, expresados con vehemencia año tras año".

Del Río ha recordado esas grandes reivindicaciones que ha expresado años atrás en discursos de apertura de año judicial y de presentación de memorias: "Persiste la crisis institucional del CGPJ, en funciones desde diciembre de 2018, con el bloqueo e imposibilidad de hacer nombramientos judiciales" y con un claro deterioro constitucional; persiste la falta de consenso político para aprobar legislativamente las grandes reformas estructurales pendientes en Justicia (caducando iniciativas legislativas necesarias"; el nuevo año judicial arranca tras una grave situación de conflictividad laboral y la importante suspensión de juicios y otro tipo de actuaciones procesales, con el consiguiente deterioro del servicio público de justicia, sin que haya visos de una solución definitiva a las reivindicaciones; y seguimos pendientes de un correcto desarrollo tecnológico, en un contexto inequívoco de plena digitalización de la justicia". Además, espera "con urgencia decisiones definitivas sobre ubicación e integración de instalaciones judiciales, dado el deficiente estado general y dispersión de muchas de ellas".

Con esta situación, Del Río insiste en que "el panorama no es halagador". "No es que haya mucho que celebrar”, añadiendo "un riesgo de desmoralización de jueces, letrados y funcionarios, por la frustración acumulada y la falta de impulso eficaz para la modernización y mejora de la justicia".

En un desarrollo de esos desafíos en su discurso, el presidente del TSJA aseguró que "la grave inestabilidad política mantiene la amenaza de perpetuar el bloqueo del CGPJ, de forma que el poder judicial encara su sexto año de interinidad y, por tanto, con un lamento prolongado: el lento y progresivo debilitamiento de instituciones esenciales como el poder judicial". Incluso ha puesto como ejemplo su situación. Hay más de 80 nombramientos que dependen del CGPJ y en Andalucía, "además de quien les habla, varios Presidentes de Sala y de Audiencias Provinciales permanecen en funciones, con la especial situación de la plaza de

Presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, vacante por jubilación hace dos años".

Tirón de orejas a los políticos

"Para desesperación de quiénes integramos el Poder Judicial, y pese a una clara obligación legal, el procedimiento de designación de los vocales del CGPJ ha permanecido pendiente ante el Congreso y el Senado durante tres legislaturas consecutivas", por lo que otro año más ha dado un tirón de orejas a los políticos, que son "quienes deben propiciar un cambio de rumbo radical, siendo conscientes que sin un poder judicial autónomo e independiente no puede haber democracia ni Estado de Derecho", calificando como "necesario situar como objetivo de la acción política el buen funcionamiento y la independencia del poder judicial por encima de los intereses partidarios".

Respecto a la caducidad de iniciativas legislativas necesarias, se refirió a los proyectos de Ley de Eficiencia Organizativa, Procesal y Tecnológica, "nuevamente frustrados en su tramitación parlamentaria, impidiendo materializar medidas imprescindibles para modernizar y transformar la Administración de Justicia, que nos

obliga a volver a la casilla de salida en la XV legislatura, como si estuviéramos en una suerte de agujero negro".

"Desmoraliza y me produce mucha desolación insistir en esto, se trata de reformas pendientes desde hace más de 20 años. Los responsables políticos han sido incapaces de consensuar y aprobar reformas necesarias del sistema judicial, lo que ejemplifica, a nuestro a pesar, que la justicia sigue sin ser una prioridad pública. Y es necesario un mayor compromiso y responsabilidad de la clase política, que debe marcar el camino. Porque, un día, la Justicia colapsará. De esto han de ser plenamente conscientes los verdaderos perjudicados: los ciudadanos", insistió.

Del Río culpó también a la administración de llevar "mucho tiempo poniendo paños calientes, tratando de enmascarar una realidad que cada vez se hace más evidente", agradeciendo al consejero de Justicia que reconozca que la Justicia está en estado de coma. "Gracias por la sinceridad y mis deseos de que durante este curso queden solucionados, eliminados, o bien encarrilada la solución, de esas importantes rémoras para la mejora del servicio al ciudadano, singularmente las de responsabilidad exclusiva de su Consejería".

Las reformas estructuras pendientes

Así, siguen de plena actualidad deficiencias "que no hemos solucionado en décadas". "Reformar estructuralmente la justicia conllevará años, pero en algún momento habrá que empezar en torno a tres ejes de actuación": organizativo, procesal y tecnológico. De hecho, hay que promover fórmulas de gestión y organización más eficientes en torno al funcionamiento colegiado de los juzgados y tribunales; apostar, con decisión y firmeza, por medidas de agilización procesal y mecanismos complementarios de resolución de conflictos, que eviten un uso indebido del proceso, incorporando al sistema procesal español mecanismos de reducción de la litigiosidad implantados en toda Europa, mejorando las herramientas procesales de que disponemos, simplificando los procesos y sus fases o recursos; y conseguir la ansiada transformación digital e incrementar la cohesión y coordinación territorial.

En este sentido, los Proyectos de Ley de Eficiencia aportaban un primer paso, insuficiente a juicio de Del Río "pero que podían haber constituido, al menos, un punto de partida".

Para Del Río, sigue "siendo necesario modificar radicalmente la gestión de los medios personales y materiales y mejorar los mecanismos e instrumentos de evaluación y rendición de cuentas ante la sociedad, algo de lo que advierten también desde la Unión Europea. También ha recordado que "el poder judicial es el único Poder del Estado que carece de mínima autonomía presupuestaria, ya que todos los medios personales y materiales necesarios para la función jurisdiccional están en manos del poder ejecutivo, central o autonómico. No pretendo con estas palabras proponer una plena autogestión económica del poder judicial, pero ha llegado el momento de poner de relieve que los órganos de gobierno del poder judicial deben tener alguna autonomía financiera -dentro de los presupuestos generales del Estado, por supuesto-, para diseñar y ejecutar políticas en aquellos aspectos con incidencia directa en la calidad y eficacia de la respuesta judicial, como sería, por ejemplo, el caso de los refuerzos judiciales".

El problema de la conflictividad laboral

Otro aspecto que ha puesto a la justicia en riesgo de parálisis y colapso es "la grave situación de conflictividad laboral y la derivada suspensión de muchos juicios y otro tipo de actuaciones procesales, con el consiguiente perjuicio a los ciudadanos. El nuevo año judicial, por tanto, arranca con un añadido atasco de expedientes y trámites, que agrava aún más la pendencia ya existente".

Esta conflictividad tiene efectos negativos como la parálisis en los Juzgados, un ambiente laboral con más crispación, y el coste social para cuantos se relacionan con el sistema de justicia. "Ojalá se reflejen cuanto antes los frutos del necesario encuentro y diálogo y se materialice una salida definitiva que permita recuperar la total normalidad y disipar la posibilidad de nuevas movilizaciones. Desde aquí quiero pedir a los responsables políticos que, por su parte, den la suficiente importancia a las reivindicaciones que se les plantea, para estudiar y valorar su razonabilidad y posible acogida, demostrando así su compromiso con la Justicia".

Para Del Río, las recientes huelgas en justicia han evidenciado también un anquilosamiento progresivo de las estructuras judiciales y una clara asimetría entre el diseño legal y la realidad de nuestros Juzgados.

Sobre el último desafío pendiente, el del desarrollo tecnológico y la dispersión de sedes judiciales, el presidente destacó que "todavía estamos muy lejos de la meta y no se ha logrado la plena y correcta transformación a una justicia digital", por lo que "deben intensificarse los esfuerzos de la Consejería dirigidos a mejorar el expediente judicial electrónico, la operatividad y generalización del nuevo sistema de gestión procesal". Además, asegura que hay que recuperar el tiempo ya perdido en edificios judiciales y "abordar definitivamente la ubicación e integración de muchas sedes para no seguir hablando de la historia de nunca acabar". Y es que Andalucía sigue contando aún con numerosas infraestructuras que no responden al nivel exigible a un inmueble destinado a la prestación de un servicio público a los ciudadanos.

La unificación judicial en Granada

Así, es fundamental alcanzar los objetivos del Plan Estratégico de la Justicia en Andalucía, con el que aunque se dan pasos, sigue enquistado: "Varias capitales no tienen resuelta todavía su futura infraestructura judicial (toda la Costa del Sol, Jaén, Cádiz, Huelva, etc.) y sigue siendo paradigmático el caso de Granada, pendiente de decisiones estratégicas y, seguramente, rehén de decisiones anteriores no afortunadas, capital judicial donde no siempre es posible contentar todas las peticiones y deseos, ni el pleno acuerdo y criterio consensuado de los operadores jurídicos".

Del Río concluyó asegurando que estamos ante una situación "sumamente delicada y frustrante para ofrecer una tutela judicial efectiva". "No sabemos cómo decirlo ya", dijo desanimado para terminar con un "mensaje de optimismo": "Y, como la esperanza es lo último que se pierde, espero y deseo que, entre todos, seamos capaces de superar este complicado momento. Es obligatorio ser optimista. Obligatorio porque el pesimismo es una excusa para no cambiar las cosas. Por eso, creo que las cosas pueden cambiar y tenemos que seguir

colaborando".

Así, espera "que la justicia sea dignificada, alimentada, potenciada, al mismo tiempo que los jueces y quienes coadyuvan al servicio de la Justicia sigamos dando muestra de responsabilidad y compromiso".