El juez del caso Romanones deja fuera del proceso al colectivo Redune

El juez Antonio Moreno, que investiga los presuntos abusos sexuales a menores imputados a curas de la diócesis granadina, ha dejado fuera del proceso judicial a la Red de Prevención del Sectarismo y abuso de debilidad (Redune), porque ni la causa se sigue por un delito de asociación ilícita ni está entre los fines de este colectivo la persecución de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales.

En un auto, dictado el pasado viernes y al que ha tenido acceso este diario, el magistrado, que es el titular del Juzgado de Instrucción 4 de la capital, inadmite la querella que Redune presentó a principios de febrero y rechaza su personación en calidad de acusación popular.

El instructor destaca que esta red "no consta declarada de utilidad pública" y "no acredita" que tenga entre sus objetivos la persecución de hechos de naturaleza sexual como los que se están investigando. Además, según explica, "el abuso de la debilidad a que se refiere es tan genérico y extenso que se encuentra suficientemente defendido en este caso por las acusaciones personadas".

Esas acusaciones son la Asociación Pro Derechos del Niño (Prodeni), representada por su presidente, Juan Pedro Oliver, y la acusación particular que ejerce 'Daniel', el primer denunciante, que está defendido por el abogado Jorge Aguilera.

La resolución judicial, que puede ser recurrida, se produce después de que el fiscal del caso, Francisco Hernández, informara en sentido desfavorable a la admisión de la personación como parte de este colectivo.

En concreto, el Ministerio Público determinó en su informe que no procedía la admisión de la querella interpuesta por esta asociación por delitos de profanación u ofensa a los sentimientos religiosos, incitación al odio y asociación ilícita, al considerar que estos nuevos ilícitos observados por Redune carecían "de sentido, rigor técnico y base fáctica".

El fiscal, como recoge el auto, dejó claro que "la Iglesia Católica no es una asociación ilícita" y descartó totalmente los rasgos sectarios apreciados por el colectivo en el grupo de imputados, conocido como el 'clan de los romanones' por el nombre de su supuesto líder e integrado por diez sacerdotes y dos seglares.

De igual modo, el fiscal rechazó que las pintadas contra la pederastia realizadas en la parroquia del principal imputado, sita en el Zaidín, constituyan un delito de incitación al odio, pues esos hechos "solo serían imputables a quienes realizan las llamadas al odio mediante las pintadas, y no a quienes proporcionan el motivo a los autores para la realización de dicha incitación".

Todas estas consideraciones son asumidas ahora "íntegramente" en su auto por el juez Moreno a la hora de rechazar "los nuevos delitos a que hace referencia esta querella, sin base fáctica alguna en relación a los hechos imputados".

El caso Romanones se inició con una denuncia de la Fiscalía Provincial de Granada contra el grupo de religiosos. Permaneció casi tres meses bajo secreto de sumario y, finalmente, tras analizar minuciosamente los hechos denunciados y pedir opinión a las partes, el juez declaró prescritos la mayoría de los delitos imputados. Ante esta prescripción, ordenó seguir solo la causa contra el padre Román, a quien 'Daniel' atribuyó en su denuncia los delitos más graves (intentos de penetración anal) y los únicos que no habrían 'caducado'.

El asunto llegó a la Santa Sede en forma de carta. La envió directamente el propio 'Daniel', que actualmente tiene 25 años y es profesor fuera de Granada. Tras conocer su supuesto calvario, el Papa Francisco le llamó personalmente por teléfono para pedirle perdón, un gesto que hizo que el caso traspasara todas las fronteras.

Tanto el padre Román, que está representado por el abogado Javier Muriel Navarrete, como el resto de imputados han proclamado su inocencia a través de sus letrados.