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Política
El Ayuntamiento de Salobreña ha iniciado "el correspondiente procedimiento de baja de oficio por inscripción indebida" en su padrón de Macarena Olona, la candidata de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía". Tras las últimas noticias aparecidas, el municipio encargó a la Policía Local que investigue los detalles sobre su residencia y si es real lo declarado en noviembre pasado cuando se produjo la inscripción. Con el informe policial en la mano, la alcaldesa ha iniciado el proceso de oficio para anular el empadronamiento.
Un informe de la Secretaría del Ayuntamiento, fechado el 17 de mayo, al que ha tenido acceso este periódico, expone literalmente: "Procede que los servicios de la policía local realicen las actuaciones procedentes al objeto de verificar que la interesada reside habitualmente en el municipio. A la vista del informe emitido por los servicios de la policía local, procederá, en su caso, el inicio del correspondiente expediente de baja de oficio por inscripción indebida en los términos señalados, requiriéndose, en todo caso, la audiencia previa de la interesada".
En el mismo documento, el Ayuntamiento explica que el pasado 25 de noviembre se produjo la inscripción registral y que ésta "se autorizó previa verificación del cumplimiento de los requisitos legalmente exigibles acreditando el usufructuario de la vivienda el título de uso de la misma mediante nota simple registral y la autorización de residencia en la misma".
Pero, "según lo publicado en distintos medios de comunicación, se ha cuestionado esta inscripción padronal, a la vista de la manifestaciones realizadas por el propio titular de la vivienda", procede iniciar el trámite de verificación para dar de baja la inscripción.
La Secretaría argumenta que, según lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley de Régimen Local, "los Ayuntamientos realizarán las actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizados sus Padrones de modo que los datos contenidos en éstos concuerden con la realidad". Por lo que procede iniciar el correspondiente "procedimiento de baja de oficio por inscripción indebida".
Además de las averiguaciones policiales, en el procedimiento está previsto dar audiencia a la misma Macarena Olona.
Según lo expuesto en el informe, el procedimiento para llevar a cabo la baja de oficio en el padrón municipal por inscripción indebida empieza por la comprobación del incumplimiento de los requisitos. "Puesto que se presume que el interesado no reside habitualmente en el municipio, se iniciará de oficio el expediente para su baja en el padrón municipal de habitantes por inscripción indebida". Este es el paso dado ya.
Una vez iniciado el expediente, se dará audiencia a la interesada para que en un plazo de entre 10 y 15 días pueda manifestar si está o no de acuerdo con la baja. Si Olona se opone podría alegar y presentar
los documentos y justificaciones que estime pertinentes, "al objeto de acreditar que es en este municipio en el que reside durante más tiempo al año, en el caso de vivir en varios municipios".
Si el interesado manifiesta de forma expresa su conformidad con la baja se procederá a la misma y
comunicará al municipio o país en el que vive habitualmente que se incluirá en el correspondiente expediente.
Si por el contrario, se opone o no presenta alegaciones en el plazo señalado, la baja se puede llevar a cabo de acuerdo con el informe favorable del Consejo de Empadronamiento. El órgano competente para resolver el expediente corresponderá a la alcaldesa.
Precisamente la regidora de Salobreña, la socialista María Eugenia Rufino, manifestó el pasado 13 de mayo (pocos días antes de la redacción de este informe) que "en todo momento se ha seguido "el procedimiento establecido por ley" y "no se ha producido ninguna irregularidad". El Ayuntamiento de Salobreña emitió ese comunicado cuando surgió la polémica la semana anterior.
Macarena Olona, en una de sus intervenciones en el Congreso de los Diputados, en debate parlamentario con el ministro de Interior, se refirió esta semana a su empadronamiento en Salobreña y le reprochó el hecho que de que fuera una alcaldesa del PSOE la que hubiera salido a decir que su inscripción en el municipio granadino era legal.
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