Santiago de Compostela se postula como rival de Granada para acoger la Agencia Nacional de Supervisión de la Inteligencia Artificial
Granada, candidata
El pleno municipal de la ciudad gallega aprueba una declaración institucional en la que asegura que "reúne las condiciones necesarias" para albergar el nuevo ente
Granada ya conoce a una de sus rivales en la carrera para acoger la sede de la Agencia Nacional de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Galicia, que ya mostró su interés en albergar el ente de nueva creación, se mueve y Santiago de Compostela ha dado un paso al frente.
El pleno municipal de la ciudad compostelana ha aprobado una declaración institucional en el último pleno en el que Santiago se postula como candidata a albergar la Agencia. Granada, desde hace meses, prepara el camino para hacer valer sus puntos fuertes y ser elegida en cuanto se abra el proceso de elección, algo que se prevé que ocurra este mismo año 2022.
Santiago de Compostela, en la declaración institucional del pasad 27 de julio, indica que la capital gallega "reúne las condiciones necesarias para albergar" la sede de la Agencia Nacional de Supervisión de la Inteligencia Artificial. "Existe un total alineamiento con la Universidad de Santiago para conformar una candidatura sólida que permita situar a nuestra ciudad como la mejor opción para Galicia". La comunidad gallega, que ha anunciado su interés en acoger el futuro ente estatal, todavía no ha designado una ciudad candidata y Santiago ya ha levantado la mano.
"Cumple tanto con las condiciones establecidas en el Real Decreto 209/2022 como con las exigencias específicas" para alojar la Agencia. "Cuenta con capacidad de producción de talento", añade la declaración institucional, que destaca la futura implantación del grado en Inteligencia Artificial en la Universidad de Santiago y la experiencia en proyectos como Smartiago, los centros de investigación con los que ya cuenta la capital gallega o ser sede del Centro de Supercomputación de Galicia y distintas agencias autonómicas. "La ciudad posee infraestructuras", apunta la declaración, que también alude a la posibilidad de cesión de personal y equipos para poder albergar dicha sede.
También se apunta al atractivo de Santiago como "destino turístico de congresos" y convenciones, así como la experiencia en este terreno y el contar con empresas y profesionales dedicados a este sector. Recuerda la declaración -firmada por los cuatro grupos municipales, PP, PSOE, BNG y CA- que entre agosto y septiembre de 2020 Santiago fue sede de la European Conferencia on Artificial Intelligence. La corporación local mostró su "firme apoyo y compromiso" para que Santiago sea sede de la mencionada Agencia.
También se alude a la necesidad de Galicia de fijar población y de crear empleo y la escasa presencia de organismos estatales en el territorio, mismas bazas que juega la candidatura de Granada, que, en este caso, está alentada por la Universidad de Granada. Dentro de la estrategia diseñada por la UGR se encuentran distintas iniciativas que tienen por objeto crear un ecosistema basado en la inteligencia artificial que permita un trasvase de conocimientos y aplicaciones entre empresas e investigación. En pos de este objetivo se han diseñado iniciativas como el Centro de Innovación Digital Air Andalusia -con desarrollo regional- o la Fundación AI Granada Research & Innovation, presentada recientemente. Granada cuenta con el apoyo tanto de instituciones y administraciones provinciales como de la Junta de Andalucía. El pasado jueves, 28 de julio, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ofreció al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que Granada sea la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia.
Para optar a este ente, el Consejo de Ministros decide primero la creación del mismo. Una comisión creada al efecto fija entonces los requisitos exigibles a las candidaturas, que deben ser publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las comunidades autónomas o entidades públicas pueden entonces presentar sus propuestas. La comisión prepara un informe que analiza las distintas sedes. Este documento pasa al Consejo de Ministros, que será quien tome la decisión final. En total, todo el proceso no puede prolongarse más de seis meses.
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