El Servicio Andaluz de Salud ha sido condenado a reconocer los derechos laborales de una enfermera contratada durante su baja maternal

Granada/El juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Granada ha dictaminado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) debe reconocer los derechos laborales y retributivos de una enfermera a la que le ofreció un contrato en línea durante su permiso maternal.

La sentencia, reportada por el Sindicato de Enfermería SATSE, que representó a la sanitaria, confirma su derecho a ser considerada como personal estatutario temporal durante los dos meses de permiso maternal en los que tuvo un contrato virtual.

Según detalla SATSE en un comunicado, la enfermera recibió un contrato virtual que abarcó desde el 1 de mayo hasta el 29 de julio de 2022, período durante el cual estuvo de baja por maternidad. Este contrato le ocasionó una pérdida de derechos en cuanto a días cotizados y cálculo de antigüedad.

Los contratos virtuales solo tienen efectos de puntuación como experiencia profesional, por lo que no computan para el cobro de trienios, la carrera profesional o la suma de servicios prestados.

Según el sindicato, el contrato de esta enfermera de baja maternal debió haberse formalizado para activar todos sus efectos jurídicos para la cotización de la seguridad social, antigüedad, experiencia profesional, trienios y carrera profesional.

La sentencia ha estimado el recurso del sindicato y ha obligado al SAS a formalizar su nombramiento como personal estatutario temporal desde el 1 de mayo al 29 de julio de 2022.

Esta consideración tendrá todos los efectos en tiempo trabajado para la bolsa de contratación y la experiencia profesional y se incluirá en el programa Gerhonte como tiempo efectivo, cotizaciones, trienios, carrera profesional y prestaciones.

El fallo condena además al SAS a abonar 1.124 euros por la merma retributiva que sufrió la sanitaria con el contrato virtual.

El SATSE ha lamentado que los enfermeros se vean obligados a acudir a los tribunales para el reconocimiento de sus derechos ante la vulneración sistemática por parte de la administración, que además genera gastos públicos al ser condenada en las costas.