Sólo cinco municipios han adaptado sus planes urbanísticos a la norma andaluza

La adaptación al Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), que entró en vigor en el año 2005 para reordenar la planificación urbanística de la comunidad, es una asignatura pendiente para la gran mayoría de los municipios de la provincia de Granada. Según la información facilitada por la delegada de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Granada, Sandra García, de los 168 municipios granadinos únicamente cinco han adecuado sus planes generales de ordenación urbana al documento de planificación regional casi ocho años después de que se produjera su aprobación.

Todos los demás -163- se verán afectados de una u otra forma por el decreto ley 5/2012 de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral andaluz, que entró en vigor el 27 de noviembre de 2012 tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), por no hacer aprobado aún sus planes de desarrollo urbanísticos.

Los únicos municipios que quedan totalmente exentos de la nueva norma por tener adaptados ya su futura planificación urbanística al POTA, según confirmó la delegada, son Armilla, Alhama de Granada, Baza, Montefrío y Marchal.

Ninguno de estos municipios están en la Costa granadina, por lo que todos los municipios del litoral de la provincia les afecta la suspensión cautelar que el decreto plantea de los proyectos urbanísticos previstos en los terrenos urbanizables de la zona costera hasta que se desarrolle el llamado Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, que establecerá los objetivos y criterios de protección de los primeros 500 metros de Costa. Este plan se espera tener listo este mes con la intención de que se someta a trámite de información pública sobre junio. A partir de entonces, las medidas cautelares afectarán a los terrenos que no superen ese examen y, en el caso de que el plan se retrase, el decreto ley tiene un plazo de vigencia de dos años.

Sobre la incidencia que la suspensión puede tener sobre los proyectos en la Costa, Sandra García alega que "ahora mismo todos los planes parciales que estén aprobados seguirán su tramitación, los que no lo están tendrán que esperar seis meses, que es el compromiso que tiene la Consejería para hacer el avance del Plan". "A pesar de que no esté terminado ese Plan del Litoral, todos los planeamientos que se presenten tendrán que tener un informe sobre si se adaptan a ese documento inicial y si se adaptan, que es lo más importante, al Plan del Ordenación del Territorio de Andalucía", explica la delegada.

Sobre la finalidad del proyecto de la Junta, García alega que "el Decreto de Protección del Litoral lo que pretende son dos cosas, por un lado hacer un plan de protección del litoral y que todos los ayuntamientos se adapten al POTA, que establece unos límites que afecta no sólo a los municipios de la Costa por lo que hay que hacer una lectura más amplia del decreto".

Ante la preocupación que los planes de la Junta generó entre las entidades locales y el sector empresarial de la Costa, Sandra García explica que ya ha habido reuniones para explicar en profundidad los textos, cuyo objetivo principal "es hacer un modelo de desarrollo más equilibrado".

"Entendemos que hay muchos ayuntamientos que teniendo en sus planeamientos suelos aptos para desarrollar con clasificación de urbanizable han tenido bastante tiempo para desarrollarse y que no lo han hecho", recuerda la delegada, que insiste en que "lo que pretendemos es que los planeamientos de adapten al POTA".