El Supremo estudiará si fue legal la elección de la sede de la AESIA y reclama al Gobierno el expediente completo
Tribunales
El Tribunal admite a trámite el recurso de Juntos por Granada y da 20 días al Ministerio para mandar la información sobre la sede de la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial
Abre pieza separada para estudiar la medida cautelar de suspender la ubicación en A Coruña
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por la asociación civil Juntos por Granada contra la decisión del Gobierno de España de elegir a la ciudad de A Coruña como sede de la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), una decisión en la que Granada salió perjudicada, como una de las principales aspirantes a albergar el nuevo organismo estatal. Esto significa que será la justicia la que investigue y estudie si la designación fue o no contraria a la ley.
En una diligencia de ordenación fechada en Madrid este mismo 25 de enero (a la que ha tenido acceso este medio), la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ordena la apertura de las actuaciones encaminadas a esclarecer la legalidad de la decisión adoptada por el Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre, en consonancia con los hechos denunciados por la sociedad civil granadina, que con este recurso se adelantó al propio Ayuntamiento de Granada, que aún está estudiando la base legal para formalizar su recurso y cuyo plazo está ya muy limitado.
El Supremo acuerda requerir al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática el envío del expediente administrativo completo del asunto en un plazo máximo de 20 días.
Suspensión cautelar
También ha abierto una pieza separada de medidas cautelares, de forma que el Tribunal tendrá que decidir si deja en suspenso la decisión de ubicar en A Coruña el organismo estatal de inteligencia artificial. Todo eso siempre en previsión de que el fondo de la cuestión tarde un tiempo más largo en tener una resolución definitiva y para no perjudicar otros intereses o hacer de este asunto una cuestión irreversible.
Según ese recurso que el Supremo acaba de admitir a trámite, la suspensión causaría mínimos perjuicios en A Coruña porque "no cuenta aún con el título habilitante para la instalación, al no haberse formalizado todavía el documento administrativo correspondiente, por no haberse realizado los trámites necesarios al efecto hasta este momento. Tampoco cuentan con la concesión demanial otorgada por el Ministerio de Asuntos Económicos, por lo que no concurre daño alguno que se le pueda ocasionar". Además, "la suspensión postulada evitará que el candidato seleccionado adquiera compromisos y que pueda crear expectativas de derecho que impliquen adicionalmente gastos para la ejecución de un acto que puede resultar anulado y que, hasta este momento, no ha efectuado, por no estar obligado a ello. Y con ello se evita igualmente el desplazamiento físico de empleados públicos que pudieran resultar futuramente perjudicados". Así, consideran que "el interés general se verá menos comprometido con la suspensión de acuerdo" y que "ninguna de las entidades participantes ha evidenciado la acreditación de perjuicios iguales o superiores" a los de Granada.
En general, respecto al fondo del asunto, el recurso de Juntos por Granada expone que el acuerdo del Consejo de Ministros recurrido resolvía el concurso público convocado para la adjudicación de la sede física de la futura Agencia de la Inteligencia Artificial, a la que concurrieron un total de 16 candidaturas, entre ellas la de Granada.
Los recurrentes pretenden, en concreto, que el Supremo declare la invalidez y consiguiente anulación de la adjudicación de la sede a uno de los concursantes concurrentes, al entender que éste -A Coruña- no ofrecía "ni el mejor proyecto, ni la mejor puntuación posible". Hay argumentos coincidentes con las quejas de todas las administraciones y promotores de la candidatura granadina, que se han lamentado en este tiempo de la falta de transparencia en la decisión final adoptada por el Gobierno.
Juntos por Granada decidió adelantarse al comprobar que pasaba el tiempo y el recurso municipal se estaba demorando. Además, no está claro que el Consistorio vaya a pedir la suspensión cautelar de la instalación en A Coruña. Precisamente este miércoles, el alcalde, Paco Cuenca, ha reivindicado la legitimidad exclusiva del Ayuntamiento de Granada para presentar este tipo de recursos, al haber encabezado la candidatura granadina.
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