Suspendido el juicio por una fábrica ilegal de tabaco en Ventas de Zafarraya tras no personarse varios acusados

Granada/La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada ha suspendido este lunes el juicio del caso en el que la Fiscalía ha pedido penas de 14 años de prisión para un ciudadano español y otro ruso a los que sitúa en la cúspide de una organización acusada de activar "la instalación, puesta en marcha y explotación de una fábrica ilegal de tabaco ubicada en la pedanía alhameña de Pilas de Algaida", concretamente en Ventas de Zafarraya, después de que no se hayan personado varios acusados y testigos.

Así lo han indicado fuentes del caso en el edificio judicial de Caleta, donde se había previsto la celebración del juicio, después de que las acusaciones pidieran la suspensión del juicio de este caso en el que hay otros once procesados, que se enfrentan a peticiones del fiscal de entre seis y once años de cárcel, y en el que también acusa la Abogacía del Estado, que proponía esta medida a la que se sumaba la Fiscalía y posteriormente todas las defensas.

La Audiencia ha puesto igualmente en busca y captura para su ingreso en prisión a uno de los procesados al que no se ha podido citar para el juicio. Hay tres acusados declarados en rebeldía, según las mismas fuentes.

Fuentes consultadas en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han concretado que el juicio se aplaza para, en principio, el próximo mes de octubre. El aplazamiento ha venido determinado, además de por no haberse podido citar a uno de los procesados, por el hecho de que uno de los acusados que se ha personado en Caleta no contaba con representación legal tras solicitar un cambio de letrado.

Según consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, estos diez españoles, junto con el ciudadano ruso, y otros dos de nacionalidades ucraniana y sudafricana, se habrían puesto de acuerdo en 2017 para desarrollar sus operaciones entre la Axarquía de Málaga y el Poniente de Granada a fin de "obtener beneficios económicos ilícitos" con la citada fábrica de tabaco de contrabando, dentro de una nave que habrían hecho pasar por agrícola junto a la carretera A-402.

Se los acusa por la presunta comisión de delitos de pertenencia a organización criminal y de contrabando, y contra los derechos de los trabajadores. Los dos procesados considerados cabecillas de la banda se enfrentan también a una petición de la Fiscalía para que paguen multas de más de cuatro millones de euros. El resto, de resultar condenados, habrían de pagar cantidades que van desde los alrededor de 1,5 a los más de tres millones de euros.

La organización criminal habría funcionado con arreglo a criterios jerárquicos, con las tareas "perfectamente repartidas", las cuales sólo habrían cesado una vez se produjeron la entrada y registro judiciales del 5 de diciembre de 2017. En la cúspide había un tercer individuo que no ha sido localizado.

El ciudadano ruso y su lugarteniente, el procesado de nacionalidad ucraniana, tenían supuestamente experiencia previa en la elaboración de tabaco en Europa del Este, detalla el fiscal. Precisamente de Ucrania eran la mayoría de trabajadores de origen extranjero sin permiso, que se habrían desplazado para la producción de cigarrillos que posteriormente se distribuían con el nombre comercial de J5, en una actividad comercial no declarada ni sometida a impuestos.

Habrían llegado a trabajar desde las 8,00 a las 18,00 horas "con apenas 20 minutos de pausa para comer un bocadillo que les era facilitado y todo ello a cambio de unas cantidades que oscilaban entre los 500 y los 700 euros mensuales que no consta que se hubiera abonado en ningún caso".

El 5 de diciembre, en paralelo, se produjeron entrada y registro judiciales también en un almacén de Chauchina, "decomisándose numeroso aparataje, maquinaria, vehículos, embalaje y tabaco en diferentes formas". En la nave se incautaron un total de 37 cajas de picadura, y 132 con miles de cajetillas de cigarrillos, entre otro material.

La valoración de mercado de la mercancía intervenida ascendía a más de 1,1 millones de euros, multiplicando "por 75,87 veces la que delimita el delito de la mera infracción administrativa", detallaba el ministerio público en sus conclusiones provisionales.