Un informe sobre pagos sin contrato a la empresa de TG7 reactiva el caso judicial en Granada

El caso judicial sobre las facturas de la televisión municipal de Granada TG7TG7, que la Fiscalía llevó hace ya cuatro años a los tribunales y por el que están investigados antiguos responsables del PP en el Ayuntamiento de la capital y el empresario del sector audiovisual Raúl Berdonés, se ha reactivado en los últimos meses con la llegada de un informe pericial encargado por el juez para contrastar detalles contables relativos a los gastos extra que la sociedad privada cobró del municipio a través de varias empresas y organismos municipales como Emasagra o Inagra.

El documento pericial remitido al Juzgado expone entre sus conclusiones que las cantidades cotejadas coinciden con las documentación aportada por las empresas del investigado y con las actas de gastos extraordinarios que supervisó y firmó el entonces concejal del PP Juan Antonio Fuentes. El informe también apunta otras cuestiones que avalan la investigación abierta, como las dudas del perito sobre que esos gastos fueran de verdad extraordinarios o que no consten contratos con las empresas municipales.

Tras la notificación del informe a las partes, las defensas han pedido el sobreseimiento de la causa, mientras que la acusación popular representada por los concejales del grupo municipal Podemos-IU-Adelante ha solicitado al titular del Juzgado de Instrucción 6 de Granada que mantenga las imputaciones por los posibles delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

En su escrito, la acusación recuerda al juez que todos esos gastos extra cobrados por las empresas del Grupo Secuoya (al margen del contrato ordinario firmado al inicio) se fundamentan en un convenio firmado después (al final de los tres años de liquidación de gastos adicionales) por el concejal Fuentes, sin la aprobación de la Junta de Gobierno Local, "eludiendo así el control de la intervención municipal". La contabilidad municipal desconocía ese contrato y los gastos e ingresos que la empresa iba recibiendo en concepto servicios extra hasta que, una vez que el Ayuntamiento decidió romper con esta empresa en 2015, salieron a la luz tanto ese documento como el resto de liquidaciones mensuales durante tres años.

Según el informe pericial, al que ha tenido acceso ese periódico, en ese tiempo (de 2013 a 2015) la productora audiovisual que se encargaba de prestar los servicios a la televisión municipal fue remitiendo facturas y cobrando parte de ese dinero a través de empresas u organismos municipales. Son Emasagra, Inagra y la Fundación Granada Educa, además de Transportes Rober, concesionaria del Ayuntamiento de Granada. Abonaban facturas de TG7 en concepto de esponsorización, pero el informe pericial aclara que ninguna de las entidades firmó contrato alguno.

El que la pericial ponga en duda que esos gastos tuvieran un carácter extraordinario, ya que respondían a nóminas y gastos estables mes a mes, tiene su importancia en la medida que ése es el argumento de los investigados para justificar que el Ayuntamiento asumiera compromisos económicos que sobrepasaban las cantidades incluidas en los contratos ordinarios que sí llevaron la preceptiva tramitación administrativa y que fueron objeto de un concurso abierto en el inicio de la contratación pública.

En relación a este caso judicial ya han declarado los investigados, el exconcejal Fuentes, la antigua directora de la televisión municipal y el empresario privado, quien explicó que las circunstancias extraordinarias relativas a gastos o facturas sobre las que han recaído sospechas son habituales en el mundo audiovisual.