Torres Hurtado y Nieto convencen al juez

"El objetivo era que no se cayera el inmueble, esto es rehabilitarlo". Las explicaciones que el exalcalde Torres Hurtado y su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, dieron al juez del caso Ágreda, en sus respectivas declaraciones, han inclinado la balanza a su favor casi de forma inmediata. Ambos insistieron en que el único fin que perseguían al impulsar aquella operación de venta era garantizar la conservación del edificio y negaron cualquier relación previa o trato de favor hacia los adjudicatarios. Sólo unos días después (Nieto declaró esta misma semana), el instructor ha dado carpetazo a la investigación.

Al principio de este verano, los dos responsables municipales y otros altos funcionarios de Urbanismo sumaron esta causa al resto de investigaciones abiertas contra ellos en los juzgados de la capital y que provocaron unos meses atrás su detención y la dimisión de sus cargos. De hecho, su paso por la sede judicial para responder ante el juez en las últimas semanas es una imagen que se ha repetido en los últimos tiempos. A diferencia de otras investigaciones, como la Nazarí o la del caso Serrallo (para Isabel Nieto), esta vez sus declaraciones han puesto punto y final a la causa.

A través de sus respuestas a las preguntas de la Fiscalía, tanto Torres Hurtado como Nieto, confrontaron las tesis de las acusaciones, basadas en varias claves:

1El proceso de la venta de la Casa Ágreda fue encomendado al área de Urbanismo que dirigía Isabel Nieto, aunque inicialmente fuera competencia de Patrimonio, con Eduardo Caracuel como edil responsable. La Fiscalía cuestionó la "arbitrariedad" de hacer este cambio, pero tanto Torres Hurtado como Nieto insistieron reiteradamente en que este proceso, en el que había que incluir una obra de rehabilitación, era más apropiado para Urbanismo y no para la otra Concejalía, que además "no tiene técnicos suficientes o conocimientos suficientes".

También se puso en tela de juicio la idoneidad de escoger al director de Obras Municipales, Manuel Lorente, para que se encargara de hacer la valoración del edificio. Los dos ediles defendieron su "capacitación" para ello, dado que había que tener en cuenta en el precio la necesidad de realizar estas obras de rehabilitación.

2El Ayuntamiento de Granada escogió un procedimiento para la adjudicación del inmueble (derecho de superficie con opción de compra) que era inédito hasta ese momento y que era coincidente con la propuesta de la ONG. Esto despertó sospechas y recelos, al parecer, entre los propios miembros de la corporación, pues la Fiscalía le preguntó a Torres Hurtado por las "dudas" que el edil de Patrimonio parecía tener sobre "el tipo de procedimiento a seguir en la licitación". El exalcalde respondió ante el juez el pasado 29 de septiembre que "no recuerda que en ninguna reunión del Ayuntamiento Caracuel hiciese alguna manifestación al respecto".

Pero además, tanto Torres Hurtado como Nieto defendieron la legalidad de ese concurso y la garantía que en él había para los intereses municipales, algo determinante para el archivo del caso. Ambos insistieron en que la fórmula más habitual en estas situaciones es optar por una cesión gratuita cuando el destinatario acredita un destino sin finalidad de lucro, como parecía ser el caso. Pero que en esta ocasión, para garantizar que el edificio no se cayera (dado su mal estado actual) y de paso asegurar unos ingresos al Ayuntamiento, se optó por sacarlo a concurso como una venta, aunque fuera en condiciones poco habituales.

El precio era más bajo que el de otras valoraciones de años anteriores porque, justificaron ambos, había que agregar el coste que tendría la rehabilitación para los adjudicatarios.

3Otra cuestión clave en el interrogatorio a los investigados fueron las dudas sobre sus posibles relaciones previas al concurso con los responsables de la ONG. Ambos las negaron tajantemente, aunque Torres Hurtado solo reconoció haber tenido un "contacto totalmente informal" con el representante de la organización, también investigado en el caso. Ambos insistieron en que fue precisamente Caracuel el que tuvo reuniones previas con los interesados. Y sobre el viaje a Marruecos que la ONG sufragó a otros dos ediles, los investigados aseguraron que nada tuvo que ver con la adjudicación de la Casa Ágreda y que ellos mismos renunciaron a participar en aquel evento.