Torres Hurtado y la cúpula de Urbanismo, primeros procesados por "organización criminal" en el caso Nazarí

El exalcalde de Granada José Torres Hurtado, los miembros de la cúpula de Urbanismo durante su gobierno y un registrador de la propiedad de la ciudad (siete personas en total) son los primeros procesados por la macrocausa Nazarí que se abrió en enero de 2016. La jueza que asumió la instrucción acaba de cerrar la investigación de la primera pieza separada con un auto en el que sostiene que hay suficientes indicios para llevar a juicio a estos imputados por "organización criminal", además de otros 4 delitos relacionados con favores a un registrador para que construyera una obra irregular.

En el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, la magistrada María Ángeles Jiménez Muñoz, que en 2016 asumió el impulso de un gigantesco caso de supuesta corrupción municipal y provocó un histórico vuelco político en la ciudad, expone sus primeras conclusiones tras los casi cuatro años de investigación, con decenas de declaraciones, miles de folios de informes, espectaculares registros policiales y peritajes detallados.

Aunque en realidad solo aborda en profundidad las pruebas que constan en la causa relacionadas con uno de los ocho expedientes en los que se dividió el caso Nazarí casi desde su inicio y que supuso la apertura de la pieza Registrador, la imputación del delito de asociación ilícita u organización criminal viene a suscribir la teoría inicial de la investigación sobre la supuesta existencia en el Ayuntamiento de Granada de una "trama organizada corrupta que, de forma continuada y prolongada en el tiempo, habría estado beneficiando tanto a diferentes promotores urbanísticos como directamente a los familiares y allegados de los principales investigados, en contra del interés general de la ciudad".

La magistrada ha decidido que hay indicios para pasar a la siguiente fase procesal (de preparación para el posible juicio) contra el exalcalde, la ex concejal de Urbanismo Isabel Nieto, los antiguos jefes de ese área Manuel Lorente, Agustín Belda y Martín Herrera, un arquitecto municipal (J.L.S.D.) y el registrador J.C.E. A todos ellos les imputa los delitos de asociación ilícita u organización criminal, prevaricación común y urbanística, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y contra la ordenación del territorio.

Respecto a otros 3 investigados en esta pieza separada, la exconcejal Telesfora Ruiz, la exsecretaria municipal y otra técnico que ocupó una de las jefaturas de Urbanismo, la jueza ha acordado el sobreseimiento provisional en relación a esta pieza, al no encontrar indicios delictivos para mantenerlos en la causa. En el caso de la que fue edil del PP, no estuvo imputada desde el principio del caso Nazarí y solo fue citada a declarar en calidad de investigada el mes pasado a petición de la acusación popular, una vez abierta la pieza Registrador. La jueza no le hizo pregunta alguna y Ruiz se negó a contestar a la parte acusadora, así que no llegó a explicar su supuesta participación o no en los hechos investigados.

Los posibles hechos delictivos concretos que describe la jueza en su auto se refieren solo a la pieza relacionada con la obra que Urbanismo permitió hacer al registrador de la propiedad en su sede la calle Tórtola. Explica que en este expediente Registrador "consta la existencia de importantes irregularidades que se concretarían en la presunta ocupación ilegal" para incorporar al local del Registro de la Propiedad número 6 de Granada un patio interior vecinal de unos 60 metros cuadrados.

El proceso investigado consiste en los trámites urbanísticos que siguió el registrador de la propiedad procesado para obtener las licencias municipales de una obra que en principio contravenía lo indicado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Sostiene la jueza en su auto que, a la luz de las pruebas del sumario, se habrían redactado informes que "falsearon la realidad existente" para "facilitar o favorecer la concesión de la licencia solicitada" por el registrador. Incluso se llegó a impulsar una innovación del PGOU aprobada en pleno, que legalizaría después esa obra irregular, según los indicios existentes.

A esta elaboración de informes por parte de jefes y técnicos con el fin de "favorecer" al encausado, habría contribuido la concejal Isabel Nieto, que fue advertida de la posible ilegalidad de la obra por el antiguo director de Urbanismo, Jacobo de la Rosa, principal testigo de cargo en este caso. Ella llegó a hacer informes de cariz técnico para contrarrestar su criterio negativo. El auto reproduce unas palabras que supuestamente le dijo a su alto cargo: “Al registrador no se le sanciona y se le da la licencia sí o sí”.

Sobre el registrador, que es uno de los investigados desde el inicio del caso en 2016, la jueza considera que "queda acreditada la existencia de colaboración" con ayuntamientos (incluido el de Granada) en el desarrollo y ejecución de planes parciales urbanísticos. Pero en cuanto a posibles motivos del supuesto trato de favor, el auto también menciona la "relación personal" existente entre la entonces concejal Isabel Nieto y el registrador, una profesión compartida por el esposo de la encausada.

En cuanto a la posible participación de Torres Hurtado, la magistrada solo recoge en su auto que podría ser responsable "como conocedor pleno de los hechos descritos". Todos los demás, la concejal, los técnicos y el registrador, "presuntamente, han actuado a sabiendas de la ilegalidad urbanística que con sus actuaciones estaban permitiendo y consintiendo".

El exalcalde, Nieto y otros cargos de Urbanismo ya tienen pendiente el juicio del caso Serrallo, que celebrará la Audiencia en febrero próximo.