Torres Hurtado lleva a la jueza una póliza municipal para cubrir la fianza

Granada/La fianza de dos millones de euros que la jueza del caso Serrallo ha impuesto a los acusados que tienen que ir a juicio podría ser cubierta, al menos en su mayor parte, por una póliza contratada por el Ayuntamiento de Granada para avalar a cargos públicos y funcionarios. El exalcalde de la ciudad José Torres Hurtado, que junto a la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto y otros funcionarios municipales estaban citados ayer en el Juzgado para aportar las cantidades o los bienes exigidos, presentó ayer por sorpresa este seguro suscrito por el Consistorio.

El que fue durante 13 años alcalde de la ciudad en representación del Partido Popular llegó ayer al complejo judicial de la Caleta poco después de las 10 de la mañana para comparecer en el Juzgado de Instrucción 2 de la capital, donde había sido citado para responder al requerimiento de prestación de fianza impuesta por la magistrada María Ángeles Jiménez en el reciente auto de apertura de juicio oral. Tanto el exregidor como la que fue concejal de Urbanismo accedieron al Juzgado por una puerta diferente a la habitual, que estaba flanqueada por algunos medios gráficos.

Los 17 acusados de este caso tienen que hacer frente a una fianza de dos millones de euros a pagar de forma solidaria, entre todos. La jueza ha dado la alternativa de aportar una relación de bienes para su posible embargo preventivo y así asegurar las posibles responsabilidades económicas que se les puedan atribuir tras la celebración del juicio.

Según ha podido saber este periódico por fuentes del caso, los primeros citados ayer (los demás tendrán que ir a lo largo de la semana) mostraron en el Juzgado el documento de un seguro suscrito por el Ayuntamiento de Granada que, según los letrados de las defensas, cubre la prestación de fianza en causas criminales como ésta y tiene un valor máximo de 3 millones de euros. Esto no solo avalaría a Torres Hurtado y Nieto, pues la póliza afecta también a empleados y funcionarios municipales. La mayoría de los acusados, salvo el promotor Roberto García Arrabal, estarían incluidos en este seguro, pues son personal del Ayuntamiento o cargos públicos. Entre los que están obligados a aportar fianza están todos los miembros de la junta de gobierno local de la etapa de Torres Hurtado, de modo que con la póliza expuesta podrían estar cubiertos también. El Juzgado ha pedido que ese documento sea aportado por escrito y el asunto queda, por tanto, pendiente de la aceptación por parte de la jueza que ha llevado la instrucción del caso desde 2014.

Antes de esta sorpresiva aportación de la póliza que la defensa de Torres Hurtado planteó ayer, casi todos los encausados habían mandado al Juzgado recursos en los que protestan por la cuantía de la fianza, además de otras consideraciones particulares de cada uno. En el caso de los políticos y funcionarios que también están investigados en el caso Nazarí, alegaban que ya tienen sus bienes trabados por el Juzgado, de tal modo que no pueden venderlos.

Pero la imposición de fianza formaba parte del auto de apertura de juicio oral, una resolución judicial que no es recurrible. Este es el argumento señalado por la jueza para rechazar toda esa avalancha de recursos que la semana pasada llegaron al juzgado.

Las defensas pedían que fueran aceptados sus recursos o petición de aclaración respecto a este punto en particular, pero la jueza les ha recordado que el ley establece que no es recurrible y que "el precepto citado establece una única salvedad a la inadmisibilidad del recurso", que es lo relativo a la situación personal (prisión provisional de los acusados) y nada más.