Torres Hurtado y su equipo, procesados por "grave" especulación urbanística

Granada/José Torres Hurtado, alcalde de Granada durante 13 años, y buena parte del equipo de gobierno y de altos cargos municipales que gestionaron la ciudad durante aquellos años tendrán que sentarse con toda probabilidad en el banquillo de los acusados para responder por una larga lista de delitos relacionados con la corrupción. La juez del caso Serrallo acaba de procesarlos mediante un auto en el que destaca la "muy grave actuación de especulación urbanística de las zonas verdes de la ciudad", en la que señala la supuesta participación de 17 personas.

Esta causa, que abrió la puerta de otras investigaciones en curso con consecuencias políticas demoledoras para Torres Hurtado y su gobierno, es la primera que ha llegado al final de su fase de instrucción. Después de cuatro años desde la apertura de aquellas diligencias previas, la titular del Juzgado de Instrucción 2 de la capital, María Ángeles Jiménez Muñoz, ha firmado un auto en el que dispone que continúen las actuaciones por el trámite de procedimiento abreviado, lo que supone el inicio de una fase intermedia, preparatoria para el juicio oral.

Este es el punto en el que los jueces de instrucción hacen una especie de recopilación y valoración de todo lo investigado hasta la fecha y deciden si deben archivar la causa o, por el contrario, hay suficientes indicios de delitos para continuar hasta la celebración de un juicio. En el caso Serrallo, la juez argumenta que el sumario contiene pruebas para señalar a 17 personas como posibles responsables de los delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial, tráfico de influencias y cohecho.

Los procesados a los que imputa mayor número de delitos son Torres Hurtado, la exconcejal Isabel Nieto, el constructor Roberto García Arrabal y cinco altos cargos del área de Urbanismo, entre los que sobresale el exdirector de Obras, Manuel Lorente, por su supuesta relación especial con el empresario. A ambos les añade el delito de cohecho.

A los miembros de la junta de gobierno en 2012, Torres Hurtado, nueve ediles del PP y el interventor municipal, la juez ha decidido mantenerlos en la causa y procesarlos por un delito de supuesta prevaricación urbanística consumado especialmente el día 26 de julio de 2012, cuando votaron a favor de cambiar los usos y los horarios de las instalaciones del Serrallo, lo que permitió la apertura de una discoteca en una zona que estaba reservada para espacios libres de la ciudad. La magistrada sostiene que los ediles están obligados a informarse de los asuntos a tratar y que son responsables de todo lo que votan.

El Ayuntamiento de Granada adjudicó en 2006 a García Arrabal el contrato para la construcción de un parque de atracciones infantil que estaba recogido en un pliego específico de condiciones. El lugar era una zona calificada como sistema general de espacios libres ubicada junto al solar en el que mismo promotor iba a construir el centro comercial Serrallo.

Según explica la juez en el auto, el empresario habría paralizado la ejecución de ese contrato hasta que hubo terminado su centro comercial y después levantó una discoteca, una pista de patinaje y una instalación de tirolinas que no coincidían con lo establecido en el pliego del concurso municipal para el parque infantil. Además, según aparece en el escrito, esas construcciones no estaban permitidas por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, ni en el uso ni en la edificabilidad y el volumen de las construcciones.

La juez sostiene que, en la práctica, "se ha producido una ampliación de actividades propias del centro comercial (Serrallo) a las zonas verdes colindantes". Es decir, una "apropiación de suelo de espacios libres para usos lucrativos". El consentimiento de los responsables municipales con el que parecía contar el empresario promotor lleva a la magistrada a hablar de ese "muy grave" caso de "especulación urbanística".

Ya hace algo más de un año que la juez Jiménez firmó un auto como este para poner fin a la fase de instrucción, pero un recurso de la Fiscalía que fue estimado por la magistrada provocó que continuara la investigación y que se incrementara notablemente el voltaje de esta causa. El motivo principal de ese giro fue el levantamiento del secreto del sumario en el caso Nazarí, el otro gran asunto de supuesta corrupción urbanística en el que están siendo investigados algunos de los ahora procesados y que lleva el mismo juzgado.

De aquel caso se trajeron a la causa del Serrallo algunas pruebas que han permitido incrementar el número de investigados de 7 a 17 y sumarles la imputación de varios delitos más. El más afectado fue Torres Hurtado, que fue incluido en la lista de supuestos participantes tras ser aportada a esta causa la declaración del exconcejal de Urbanismo Luis Gerardo García-Royo (en el caso Nazarí). Éste sostuvo en sede judicial que el exalcalde conocía y controlaba las operaciones urbanísticas de la ciudad a través del entonces gerente de Urbanismo, Manuel Lorente.

También pesaron contra Torres Hurtado unos correos privados que intercambiaron Isabel Nieto y García Arrabal, hallados durante los registros de la Operación Nazarí. A juicio de la magistrada, se deduce de ellos la "intensa relación y presunta connivencia del exalcalde con el empresario en la operación urbanística" del Serrallo.

En definitiva, la juez justifica el procesamiento del exalcalde al exponer que, presuntamente, "tenía pleno conocimiento de las operaciones urbanísticas del Ayuntamiento de Granada y participaba activamente en la toma de decisiones, a pesar de la delegación de funciones en materia urbanística", que fue lo que el investigado esgrimió en su declaración judicial.

En el mismo párrafo de este auto, la juez ya da por hecho que existen indicios de algo que a buen seguro tendrá mucha importancia en la causa nazarí. Sostiene que en el Ayuntamiento "había una estructura de poder paralela al organigrama oficial". Torres Hurtado se situaría en la cúspide y Lorente y Nieto justo debajo.

La juez advierte que en este caso se investiga "no sólo la vulneración de la normativa urbanística (...) sino que de lo actuado aparecen indicios, entre otros, de delito de fraude en la contratación, por incumplimiento, alteración y modificación esencial del pliego de cláusulas administrativas y del contrato", de modo que "no cabe alegar para eximirse de responsabilidad la delegación de competencias".

También recuerda la magistrada que ni el alcalde, ni el equipo de gobierno ni los funcionarios investigados "han realizado actuación alguna para reponer la legalidad urbanística conculcada, sino por el contrario, para lograr la impunidad", mediante la elaboración de unas ordenanzas que después anuló la Justicia.

Otra de las circunstancias que han agravado más los delitos y las imputaciones de este caso en el último año ha sido la investigación sobre la ausencia de liquidación de las cuentas que el promotor privado tendría que haber aportado al Ayuntamiento y la posible merma económica que esto habría supuesto para las arcas municipales en beneficio del empresario. La juez recuerda que la Policía cifró en más de 2 millones de euros los pagos que estarían sin justificar y que la Junta de Andalucía, sin valorar las partidas de la contabilidad municipal, señalaba un déficit para el Consistorio de 306.000 euros.

El delito de cohecho es atribuido al funcionario Manuel Lorente y el empresario García Arrabal. La juez ha hallado indicios suficientes para exponer que ambos tendrían una "relación personal y laboral" en la que se dispensaron un "respectivo trato de favor", sobre todo a través de la contratación laboral del hijo de Lorente por parte del promotor.