Transportes Rober: primeros pasos para liquidar un contrato de sesenta años

Ante el fin del contrato con Transportes Rober previsto para 2022, el Ayuntamiento de Granada va a crear una comisión técnica para la reversión de la concesión del transporte urbano. Así lo explicó ayer la portavoz adjunta del equipo de Gobierno, Ana Muñoz.

Según detalló la concejal, este punto entró en la junta de Gobierno local con carácter de urgencia y tiene como objetivo la creación de esta comisión que, además, viene recogida en el propio pliego de condiciones del contrato y que se debe realizar con hasta cuatro años de antelación.

Esta comisión tiene como componentes los servicios técnicos de todas las áreas implicadas en el contrato como son movilidad, economía, contratación, asesoría jurídica, secretaría general, urbanismo y patrimonio para la liquidación de la concesión desde el punto de vista económico (deudas y derechos de ambas partes) así como la parte urbanística referente a uso de solares y reversión de los mismos. "Es un trámite previo a la finalización de la concesión que termina en 2022", agregó Muñoz.

La edil matizó que el procedimiento no entra a valorar sí se prefieren otras opciones para la gestión del transporte público en la ciudad. "Una vez se realice esta comisión técnica, tanto los técnicos de Movilidad como los de contratación tienen la obligación de ir preparando los futuros pliegos", matizó el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid.

En los últimos meses los rifirrafes entre Transportes Rober y el Ayuntamiento de Granada han sido sonados. El área de Movilidad ha exigido en innumerables ocasiones a la empresa adjudicataria del servicio la renovación de parte de la flota ante la antigüedad de los autobuses y los múltiples fallos que presentan.

En concreto, la capital exigió a la empresa la compra de 26 nuevos autobuses que, por el momento, no se ha materializado. La empresa por su parte ha reconocido en varias ocasiones que la deuda de la ciudad asciende supera los 22 millones de euros. Esta cantidad adeudada deja poco margen de maniobra a Rober para adquirir los nuevos autobuses, empresa adjudicataria que también ha acusado al Ayuntamiento de no autorizar la compra.

Ante esta situación la empresa ha optado por alquilar un total de once autobuses que han sido duramente criticados por su antigüedad. Será Transportes Rober la encargada de afrontar los gastos de los mismos.

El contrato originario del Ayuntamiento de Granada con Transportes Rober se firmó en el año 1962. Resulta curioso leer este histórico documento redactado a máquina y disponible en la web del Ayuntamiento de Granada. En concreto, la rúbrica se produjo en la sesión plenaria del 15 de junio de 1962 por un periodo de cincuenta años. En el texto por ejemplo, se establece que a partir de la fecha en que comience la explotación del servicio, "el concesionario pagará al Ayuntamiento de Granada un canon del 5% sobre los ingresos brutos que obtenga en la explotación de los servicios concedidos".

En el documento aparecen también los autobuses que recorrían Granada en aquel entonces como la línea 1 que conectaba el Paseo de la Bomba con Caleta, la número 2, del centro a Cartuja o la 3 que iba desde Puerta Real hasta cocheras pasando por el cementerio de Granada.

La 6 conectaba Plaza Nueva con la Lancha de Cenes y la 7 el centro con el Zaidín. Había otras tantas más como la 11, la 12 o la 13. Sorprenden también las tarifas recogidas en el citado contrato. Todos los recorridos en autobús en aquel entonces tenían un coste de una peseta salvo cinco líneas que, por su longitud, costaban entre una peseta y cincuenta céntimos y dos pesetas.

El documento detalla también el uso de las cocheras y otras instalaciones así como las posibles situaciones que pudieran darse y que podrían motivar el rescate o suspensión del servicio que tenía un plazo de vigencia hasta el año 2012. Sin embargo, durante el mandato del alcalde ya fallecido Gabriel Díaz Berbel (PP), se aprobó una prórroga del servicio que pegó una patada en el calendario hacia delante y motivó que la concesión finalice en 2022.

En la web del Ayuntamiento, del mismo modo, se puede leer este acuerdo aprobado en el pleno de 22 de diciembre de 1997. El portavoz del PP de aquel entonces, César Díaz, (actual coordinador de campaña del PP a las municipales) manifestó que el transporte se encontraba "en un momento decisivo pues las condiciones del contrato-programa con la empresa" habían variado "debido al aumento de usuarios y kilometraje experimentado". Ante esta situación se propuso la renovación del contrato con una serie de mejoras como el aumento del número de vehículos, la disminución de la edad media, el mantenimiento de los precios y la potenciación del transporte".

No obstante, concejales de la oposición como Javier González Pulido (IU) vieron en esta maniobra como un intento de mejorar los autobuses a las puertas de unas elecciones municipales. Este concejal se mostró a favor de rescatar la concesión.

También el concejal socialista Jesús García López manifestó que el PP había "sesgado el debate al proponer unilateralmente la prórroga de la concesión" y destacó que "no prorrogar la concesión significaría posibilitar la libre competencia y conocer otras alternativas lo que compensaría de algún modo la pérdida de dimensión democrática de la nueva gestión pública".

"Prorrogarla acarrea la hipoteca de la ciudad y que los servicios sean, cada vez más, una esfera pública de actuación sin control", dijo. Tras la votación de una serie de enmiendas, la propuesta salió adelante con 15 votos a favor del grupo popular y 11 en contra emitidos por el PSOE (7) e Izquierda Unida (4).

El acuerdo, a nivel global, establecía: realizar una inversión extraordinaria en vehículos afectados, congelar el precio del kilómetro por dos años, alterar el criterio de amortización de su inmovilizado de siete a diez años, condonar los intereses de la deuda que mantenía el Ayuntamiento con la concesionaria derivada de la explotación y la elaboración de un plan de actuación complementario que contara con "plan comercial, campaña publicitaria de choque y obtención de la certificación ISO9000 sello de calidad Aenor". También, aprobar el documento de Evaluación Económica de las contraprestaciones del convenio para el periodo 1998-2004.

En el año 2013 se llevó a cabo una modificación del contrato para el establecimiento y explotación del transporte urbano con motivo de la implantación inminente de la Línea de Alta Capacidad (LAC) y la reordenación de todo el transporte en la ciudad con Telesfora Ruiz, (PP) como concejal delegada de Movilidad que tiempo después, en 2015 volvió a variar debido a todos los cambios que ha sufrido el transporte de la ciudad tras las sucesivas modificaciones de las líneas, el cambio del número de kilómetros recorridos o de viajeros.