La UDEF rastrea más de 7 millones "opacos" en la compra del Granada CF

Granada/El rastro del entramado empresarial encubierto y los negocios opacos que Enrique Pina Campuzano habría mantenido y desarrollado durante años en el mundo del fútbol y en el sector inmobiliario tiene entre sus puntos más calientes el proceso de compra del Granada Club de Fútbol en 2009 y su conversión en sociedad anónima deportiva en 2011. La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha detectado en aquel proceso "aportaciones superiores a 7 millones de euros de fondos con origen en paraísos fiscales y procedencia opaca". Ésta y otras posibles irregularidades descubiertas abrieron la investigación contra el dirigente deportivo y su entorno más cercano, según los informes a los que ha tenido acceso Granada Hoy.

El círculo de los investigadores se ha ido cerrando contra Pina los últimos años hasta obtener datos más contrastados sobre la opaca estructura societaria que le rodeaba y proceder así a su detención. Pero las primeras investigaciones llevadas a cabo por el Grupo de Delitos Económicos entre 2013 y 2014 (cuando el empresario operaba plenamente en Granada) fueron las que abrieron la puerta a todo lo demás, con averiguaciones tan trascendentes como el empleo de dinero procedente de empresas extranjeras opacas en los negocios que Pina tenía en Granada.

Uno de los informes elaborados por la UDEF, en el que se desglosa por primera vez la actividad de las principales empresas "controladas" por Pina, detecta que justo en los días de formalización de la sociedad anónima deportiva por parte del club rojiblanco, el expresidente del club (a través de otra empresa controlada por él) participó en una operación de crédito pignorado (con una garantía especial) en la que el aval era aportado por una mercantil con sede en Emiratos Árabes Unidos (Tri-Hub Internacional), que estaba representada por Jordi Trilles Pardo, consejero del Granada CF y hombre de confianza de la familia Pozzo en su red internacional de negocios. Esa sociedad, según señala la Policía, habría aportado "2,5 millones de euros de origen opaco", cantidad que "podría haberse empleado en la posterior compra del Granada CF".

El foco más claro respecto a ese posible manejo de dinero de procedencia opaca para la adquisición y gestión del club granadino, fue localizado por la Policía en otra sociedad en la que coinciden los vínculos de Pina, Trilles y la familia Pozzo, Daxian 2009 SL. El informe señalado revela que esa mercantil (registrada en 2009) "pudiera haber sido utilizada como medio o empresa pantalla para la compra y conversión en sociedad anónima del Granada Club de Fútbol", con las aportaciones antes mencionadas de más de 7 millones de euros que tendrían origen en "paraísos fiscales".

Según la información que figura en el Registro Mercantil, que fue una de las fuentes de la Policía en sus primeras pesquisas, el club granadino, como sociedad anónima deportiva que comenzó a operar el 2 de agosto de 2011, se constituyó con un capital declarado de 5.336.100 euros.

Solo unos días antes de ese acto jurídico clave para el club, el 29 de julio de 2011 Quique Pina pierde oficialmente el control de Daxian 2009 SL, la sociedad que la UDEF señala como "pantalla" en el Granada CF, y le sucede Jordi Trilles como administrador único. Ese traspaso de poderes, real o simulado, coincide con la información policial, en la que explica que Pina vendió las participaciones de esta empresa, desde la que podrían gestionar buena parte de los negocios del club, a otra mercantil de Luxemburgo, Albanos Trust SA. En ese oficio para el Juzgado, de noviembre de 2013, ya se menciona que esa sociedad está "estrechamente relacionada con Trilles Pardo y otros empresarios de origen italiano". Es justo ahí, con este vínculo y esa mención específica, donde la Policía abre la red de su investigación contra Pina hacia los negocios de la familia Pozzo.

La información registral y las operaciones de esa empresa luxemburguesa que la Policía vinculaba ya entonces a Trilles y que podría ser el primer hilo del que tirar, establecen vínculos con otras sociedades constituidas en el mismo país y que estarían en la misma órbita empresarial (Gesapar SA, CLMG Investissement SA o Kalmuna SA). Todas ellas han compartido durante años administradores y relaciones con empresas en paraísos fiscales, especialmente en Panamá, según información obtenida en el Registro mercantil de Luxemburgo.

Aquel primer informe de noviembre de 2013, donde la Policía detectó esos cabos hacia actos presuntamente delictivos, fue enviado al Juzgado de Instrucción 3 de Granada, donde se investigaba a Pina a causa de una querella de un acreedor por el presunto delito de alzamiento de bienes. A los pocos meses (31 de enero de 2014), el Grupo de Delitos Económicos de la Policía pidió autorización judicial para abrir nuevas vías de investigación "sobre las personas en las cuales (Enrique Pina) pudiera depositar su confianza como testaferros de sus bienes o derechos, así como sobre las distintas empresas en las que el investigado tuviese control legal o de hecho".

Consideraban los agentes que era "necesario e imprescindible" desarrollar nuevas pesquisas que permitieran "conocer la totalidad del patrimonio, bienes o derechos que pudiera poseer el investigado". Es ahí donde los agentes proponen al Juzgado contactar con el Ministerio de Hacienda para obtener más datos fiscales y tributarios. Se menciona específicamente el interés en conocer las declaraciones de IRPF de Pina, además de otras operaciones comerciales con IVA o rendimientos de capital pagados. También proponen abrir otra vía de investigación sobre las cuentas bancarias, cajas de seguridad, préstamos, depósitos y tarjetas de crédito del empresario y sus sociedades vinculadas.

Todo ello era propuesta por la Policía en sus primeros informes, sobre la base de las averiguaciones ya hechas, de las que se deducía que Pina "pudiera haber obtenido grandes ingresos por la venta de sociedades y haber contraído gran cantidad de deuda" que sería avalada con fondos procedentes de paraísos fiscales.

En los años posteriores a aquel punto de inflexión la Policía ha seguido el rastro de operaciones y empresas internacionales que conectan los negocios de Pina con los de la familia Pozzo. Uno de los epicentros sería el holding luxemburgués Fifteen Securitisation SA, que según la información aparecida tras el caso Football Leaks, era propietaria de los derechos económicos del juzgador Yacini Brahimi, traspasado del Granada CF al Oporto. Según el registro mercantil de aquel país, esa sociedad constituida en 2010 estaría vinculada en su origen con otra (Acte Co Limited) de Islas Vírgenes, conocido paraíso fiscal en el que fortunas y negocios han permanecido durante años en el anonimato y sin dar cuenta al fisco de otros países afectados. Como presidente del consejo de administración de esa firma luxemburguesa figura Raffaele Riva, que fue presidente del Watford Football Club, equipo inglés que junto al Udinese Calcio de Italia y el Granada CF formaron durante años el triángulo de los negocios deportivos de la familia Pozzo, incluyendo el continuo fluir de jugadores que también se investiga en este asunto judicial.

Aquellas diligencias previas del juzgado granadino, que se cerraron tras un acuerdo entre el denunciante y el denunciado, iniciaron una investigación policial que habría servido, junto a las pesquisas de la Agencia Tributaria, para configurar la actual causa abierta en la Audiencia Nacional. El juez José de la Mata decidió el pasado viernes mantener en prisión, sin posibilidad de fianza, a Enrique Pina por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, insolvencia punible y contra la Hacienda Pública.