La UGR asume que necesitará siete años para estabilizar a casi 400 profesores

Granada/El pasado mes de enero, las noticias de que por fin el Gobierno iba a suprimir la tasa de reposición -una medida drástica de reducción del gasto público que impedía a las Administraciones reponer sus plantillas más allá de un escuetísimo 10% de las bajas en un primer momento, porcentaje que después se ha incrementado con cuentagotas en determinados sectores de la función pública, como Educación- abrieron un resquicio a la esperanza de cientos de profesores de la Universidad de Granada que habían conseguido la acreditación necesaria para optar a una plaza de titular, pero que se habían encontrado con la imposibilidad de conseguir esa plaza porque, sencillamente, no había posibilidad de convocatoria. Durante los últimos años, estos docentes de la UGR han sido de los más perjudicados por las restricciones a la contratación impuestas desde el Gobierno central. El 'atasco' de profesores acreditados ha crecido con los años y, a día de hoy, son ya 353 los que, pese a tener la formación y experiencia necesarias para conseguir la plaza, siguen a la espera de consolidarse como titulares. El tapón también se da en un nivel superior, entre los titulares que han conseguido la acreditación para catedráticos y que no pueden acceder a esos nuevos puestos.

Según explica la Universidad de Granada, "esta lista tan larga se ha generado a lo largo de varios años en los que la tasa de reposición fue del 0%, 10% y 50%". Así, "no era posible ir sacando las plazas al mismo tiempo que se producían las acreditaciones", que era, hasta 2012, el procedimiento habitual para que un profesor universitario consiguiera estabilizar su plaza. Esto ha perjudicado los "derechos laborales básicos" de los aspirantes a titular, que desde 2015 están constituidos en una asamblea para defender sus intereses. Esta asamblea se reunió el pasado día 13 con la rectora, Pilar Aranda, a la que transmitieron su "profunda preocupación" porque su situación no solo no ha mejorado "sino que ha empeorado". La UGR, por su parte, asume que deshacer el tapón generado por la tasa de reposición llevará años. "La tasa actual del 100% -de reposición de las vacantes en la plantilla docente- supondrá, al ritmo de bajas actual, que la lista no se reduzca sensiblemente hasta pasados siete años", indican desde la Universidad, que reconoce que, sobre la limitación en la contratación de personal docente "no parece que la situación vaya a cambiar". En este sentido, creen que "a lo sumo" el Gobierno permitirá incrementar esa tasa hasta el 110% o el 120%. Ante esta perspectiva, desde la Universidad "abogamos porque se elimine la tasa de reposición y sea únicamente el techo de gasto el que determine el número" de plazas de titulares y catedráticos que la UGR puede convocar. "Si esto fuera así, la lista podría reducirse en cuatro o, a lo sumo, cinco años".

Esto supone alargar la espera del colectivo de acreditados sin plaza, que ha instado a la rectora a que "una vez obtenida la acreditación, en un plazo razonable de tiempo, no más de dos años, se le convoque la plaza". Por lo pronto, Aranda llevará al próximo Consejo de Gobierno de la UGR el "pronunciamiento explícito a favor del reconocimiento económico de los quinquenios y sexenios ", una de las reivindicaciones de los afectados. En este sentido, la UGR asegura que "el pasado año" ya se acordó solicitar a la Junta una partida para pagar esos complementos a los profesores contratados permanentes. "Seguimos en ello", aseguran fuentes de la Universidad, que calcula que la Junta debe aportar 2,5 millones para hacer frente a los quinquenios y sexenios de estos docentes.

Otra de las reivindicaciones de la Asamblea de Profesores Acreditados a Titular -que han plasmado en un documento al que se puede dar apoyo a través de una campaña de recogida de firmas- es "establecer una lista única de acreditados", sin distinguir si optan a una plaza de catedrático o de titular. También exigen que la dotación de la plaza se haga en el plazo de un año desde la solicitud.