La UGR logra incluir a su personal interino en el plan de estabilización

Granada/La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, llegó ayer cargada de buenas noticias a la sesión ordinaria del Claustro. Su intervención, contundente, llevó luz a uno de los temas que más preocupación generan entre la comunidad universitaria, la oferta de empleo público (OPE). La relación definitiva de puestos se retrasará y no se aprobará, como estaba previsto, en el próximo consejo de gobierno de la UGR. El motivo es la decisión acordada entre sindicatos y Gobierno central de facilitar la estabilización del funcionariado interino, una propuesta en la que las universidades también han querido participar y que, ahora, obligará a replantear la OPE, según adelantó ayer la rectora.

"El jueves llegó la noticia" del acuerdo para dar estabilidad a los interinos, recordó Aranda, que apostilló que en ese primer acuerdo se "dejaba fuera" a las universidades, que también cuentan con personal sin estabilizar. Ese mismo jueves se consiguió que las instituciones de educación superior entraran en el acuerdo y se beneficiaran, así, de un proceso que tiene como misión reducir la interinidad del 20% al 8% en tres años, lo que permitirá la cobertura de 250.000 plazas que hoy están ocupadas por interinos. Además, la tasa de reposición se mantiene, un año más, en el 100%, pese a que se había barruntado que podía llegar al 120%. Con estos dos elementos sobre la mesa, el equipo de gobierno de la UGR decidió retirar la OPE "porque han cambiado las condiciones".

Sobre cómo se aplicarán estas novedades, Aranda expresó su intención de "tranquilizar a los interesados". El debate está abierto y el pasado lunes fue abordado por los rectores de las universidades andaluzas.

La estabilización de personal interino afecta tanto a la plantilla de administración y servicios (PAS) como a profesorado (PDI). Precisamente ayer, antes del inicio del Claustro en la ETSI de Caminos, Canales y Puertos, un grupo de profesores interinos se manifestaron y recogieron firmas en apoyo a sus reivindicaciones. Aseguran que vieron truncadas sus opciones de estabilizar su plaza en 2012, a consecuencia de la tasa de reposición, que limitaba a un 10% de las vacantes la incorporación de nuevos funcionarios. Se les ofreció una salida "excepcional" como profesorado interino, y denuncian que lo que se planteó como una solución temporal "lleva ya cuatro años". Se trata tanto de profesorado ayudantes doctor (unos 130) como contratados doctores interinos (más de 60 en la UGR). Rafael Montoya, uno de los afectados, aseguró que de no convocarse sus plazas, corren el riesgo que "irnos a la calle" y criticó que se les exija una "sobrecualificación" para optar a una plaza.

Montoya expuso que el acuerdo al que se llegó en 2012 para que estos docentes pudieran quedarse en la Universidad impartiendo clase mientras se 'abría' la mano que permitiera más contrataciones al final va a suponer un "atasco en la Universidad tremendo", por cuanto que no se ha conseguido 'absorber' a todo ese personal y la lista de acreditados ha crecido en estos años. Montoya explicó que el consiguió la acreditación para contratado doctor en 2013, y desde entonces sigue sumando méritos, a pesar de que algunos de los requisitos que le exigen para optar a una plaza son inalcanzables por cuanto que es interino, y no puede asumir determinadas funciones, como la dirección de tesis o presentación de proyectos como investigador principal.

Paz Fernández, otra de las afectadas, incidió en que la regularización de determinados colectivos es algo que ya se ha hecho en la UGR en determinados momentos -ocurrió con los no numerarios en los años 80, explicó Fernández- y en la actualidad otras universidades, como la de Extremadura, han dado estabilidad a estos profesores. A este respecto, Aranda aseguró que no quiere arriesgarse a otra impugnación de proceso selectivo, como ocurrió en 2012.