La Universidad de Granada explora "alternativas" a las prácticas de estudiantes ante "la dificultad de su gestión"

La Universidad de Granada prevé un gasto de 400.000 euros para cubrir las cuotas de la Seguridad Social de su estudiantado en prácticas. Además del desembolso, ya previsto en los presupuestos de la institución académica para este recién estrenado 2024, la UGR trabaja en alternativas a las prácticas ante el panorama actual. La nueva ley incluye la obligación de que los estudiantes en prácticas coticen a la Seguridad Social y de hecho desde el 1 de enero la UGR se hace cargo de ese desembolso.

Ese gasto ha sido ya asumido por la Universidad desde el 1 de enero, pero otro de los problemas que plantea la norma es la gestión de las altas y bajas del estudiantado. Por ello, la memoria de gestión de la UGR, presentada el pasado mes de diciembre, indica que "se está trabajando en la definición de actividades alternativas a las prácticas ante la posible caída de éstas y la dificultad de su gestión".

Incluso se ha previsto un plan de contingencia, así lo indica la memoria, para las prácticas curriculares. Éstas son imprescindibles para que el estudiantado pueda obtener su título de grado. Se da la circunstancia que en no pocas ocasiones es la propia administración pública la que recibe a estos estudiantes en prácticas (caso de colegios, institutos o centros sanitarios). Así, hace apenas unos días la UGR y el Instituto Nacional de Estadística (INE) firmaron una adenda de modificación del convenio para la realización de prácticas académicas no retribuidas. En esa adenda se señala que "las partes han considerado" que se la Universidad granadina la que corra con los gastos que conlleva la Seguridad Social. Así, la UGR asume la gestión económica y administrativa correspondiente a las obligaciones de Seguridad Social.

No es un caso excepcional. La Conferencia de Rectores (CRUE) señala en un duro comunicado que el 100% de las empresas y administraciones han delegado en las universidades (instituciones en buena parte públicas) la gestión de las prácticas.

En el caso de la UGR, diversos servicios del Centro de Servicios Informáticos y Redes de Comunicación CSIRC han participado "de forma activa", indica la memoria de gestión, en la elaboración de un procedimiento, y en la implementación de una plataforma y estructura de datos "que nos permita dar cumplimento a la normativa que obliga a la cotización de prácticas curriculares en Grado, Posgrado y Títulos propios".

Los rectores, en el primer comunicado del año, han criticado con dureza que se haya dejado en manos de las universidades todo el peso de la gestión y pago de las cotizaciones.

"A pesar de que dicha Disposición atribuye principalmente la responsabilidad de gestionar y pagar estas cotizaciones a las entidades receptoras del estudiantado en prácticas, tanto las empresas como las administraciones públicas se han desentendido de esta obligación y han sido las universidades las que hemos tenido que asumir estas tareas. En el caso de las empresas, más de un 98% han eludido el pago de las cotizaciones y un 100% su gestión administrativa", señala el comunicado.

"Resulta especialmente sorprendente que hayan sido los propios ministerios dependientes del Gobierno que ha generado esta regulación y muchos organismos autonómicos los que hayan eludido su responsabilidad en la gestión administrativa y pago de estas cotizaciones", argumenta el comunicado, que señala que quedan cuestiones por resolver, como cómo actuar con el estudiantado en movilidad saliente o entrante o con el estudiantado que en este momento recibe tratamiento médico dentro de la cobertura que se proporciona a sus progenitores a través de MUFACE.

"Nos sentimos agraviadas, en términos comparativos, al conocer cómo desde el Gobierno se ha asumido la gestión y coste de las prácticas correspondientes al estudiantado de FP", apostilla el comunicado. En el caso de la UGR son miles los estudiantes que cada año realizan sus prácticas curriculares.

Las universidades calculan que el coste de las cotizaciones asciende a 9 millones. La UGR, por lo que le toca, estima la partida que deberá abonar en 400.000 euros. A esto se une "el enorme esfuerzo de gestión administrativa que representan las 400.000 prácticas estimadas y que nos está obligando a incrementar nuestras plantillas de personal técnico, de gestión, administración y servicios, a adquirir plataformas digitales y a formar a nuestro personal".