La Universidad de Granada en 2024, del 'atracón normativo' a la puesta en marcha de nuevos estudios

Este año será el del desarrollo de un "proceso trascendental" en la Universidad de Granada, en palabras de su rector, Pedro Mercado. El máximo responsable de la institución granadina denominó de este modo al proceso de reforma estatutaria que debe acometer la UGR a cuenta de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, la LOSU, una norma que, por ejemplo, ha impuesto cuestiones como que el mandato del propio Mercado sea de seis años sin posibilidad de prórroga. Sus antecesores pudieron encadenar dos mandatos de cuatro años cada uno.

La LOSU que ahora debe ejecutarse en la UGR -otra muestra es el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de los estudiantes en prácticas- supone "cambios importantes" tanto en las "estructuras como en el funcionamiento de nuestra Universidad", explicó Mercado en el claustro celebrado el pasado mes de diciembre en la Facultad de Ciencias. Serán los estatutos de la UGR los que determinen el número de claustrales y la duración de su mandato. Este órgano deberá renovarse en los dos años posteriores a la implantación de la nueva ley. Lo mismo ocurre con el consejo de gobierno.

Para la puesta en marcha de los cambios estatutarios la UGR cuenta ya con un órgano con representación de los distintos colectivos que conforman la comunidad universitaria, docentes, alumnos y personal de la administración y distintos servicios. Además se dispone de una comisión técnica que acompañará en el proceso.

Hasta ahora el proceso para cumplir con la nueva norma se ha visto lastrado por la convocatoria de elecciones generales el pasado verano y el proceso de elección del gobierno. El rector de la UGR manifestó en claustro que "esperamos" que el Ministerio -ahora integrado con Ciencia- "transmita a la Conferencia de Rectores y a las universidades los planes al respecto" del desarrollo normativo. Sobre la mesa está la necesidad de desarrollar la norma y también, así lo dijo Mercado, que se acompañe de financiación.

La LOSU pone coto a la figura del asociado y tope a la dedicación docente. Aplicar estas medidas en la UGR tiene un coste millonario. Según la estimación de la propia Universidad de Granada, se requiere de más de cuatro millones cumplir con el máximo de 120 horas de dedicación docente. La Conferencia de Rectores, por su parte, estimó que la UGR necesitaría más de 10 millones para aplicar la LOSU en lo referido a las limitaciones de horas de clase del personal docente.

Estos cambios, claves para el día a día universitario, coinciden en el tiempo con el desarrollo del nuevo decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias en Andalucía. Las universidades públicas ya han puesto las cartas sobre la mesa y han hecho públicas qué titulaciones quieren comenzar a impartir en los próximos cursos. Será la Junta la que determine, la próxima primavera, cómo se encajan esas propuestas y cuáles verán finalmente la luz.

Granada apuesta por un grado nuevo en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial con la Universidad de Huelva y que se imparta también en Melilla. No es la única que quiere esos estudios que ya se ofertan en Málaga. Córdoba, Sevilla y la Pablo de Olavide también están en la carrera por ampliar su oferta en estudios de base tecnológica. Además de la IA, la UGR promueve los grados de Industrias del Español y sus Culturas (junto a Alcalá y Salamanca), Ingeniería Biomédica (con Jaén), Ingeniería Eléctrica y Energética y Podología, que se impartiría en Melilla.

¿De qué depende que se pongan en marcha estos estudios? La Junta valorará las propuestas en función de la justificación del título con datos sobre la inserción laboral de títulos afines, datos de demanda o tiempo requerido para encontrar un primer empleo tras finalizar estudios similares. También se observará un "equilibrio territorial en la oferta", por lo que determinar dónde se imparten grados como el de IA puede ser interesante. También se tendrá en cuenta la internacionalización o la elaboración de títulos conjuntos., la suficiencia de recursos de personal, la solvencia y que se asegure la calidad. Asimismo se considerará por parte de la Junta la mayor especialización, "singularización e impacto".

Esas mimbres conformarán el próximo mapa de titulaciones tras un proceso criticado por la celeridad que se ha impuesto desde la Junta para que las universidades diseñaran sus propuestas. "Es un tema que las universidades deben afrontar con calma y debate", defendió Mercado en el claustro.

Y es que la premura parece una premisa de la Junta sobre la que las universidades se han pronunciado. No sólo por la estrechura en los plazos del desarrollo del decreto de titulaciones, también para la puesta en marcha de iniciativas privadas.

En Granada la presencia de universidades privadas es más que limitada. Sin embargo, el desarrollo de propuestas como el grado de Medicina en la Loyola (que comenzó mediado el primer cuatrimestre) ha levantado los ánimos. "No nos negamos al derecho de cualquier iniciativa", privada, "pero lo más importante es que esas universidades deberían cumplir con los requisitos de calidad" que se requieren a las públicas, argumentó Mercado sobre propuestas como la Utamed y la San Pablo CEU, que ya tienen el visto bueno. Hay otras dos en marcha, la Universidad Europea y la Alfonso X.

El rector mostró su "preocupación" por lo que denominó "falta de igualdad de oportunidades" y reclamó una estrategia ante los claustrales. Un paso más en el discurso que hasta ahora, en relación con las universidades privadas, había sido muy contenido al menos desde la UGR,

Al tema de las nuevas universidades no públicas le queda recorrido. Está por ver si serán capaces de absorber demanda de titulaciones tan demandadas como las de Ciencias de la Salud en Granad. Mientras el mapa termina de perfilarse, otras cuestiones están ya sobre la mesa.

Es el caso de las cotizaciones a la Seguridad Social de los estudiantes en practicas, un tema que ha propiciado la crítica desde la Conferencia de Rectores a cuenta de la escasa colaboración por parte de las administraciones a la hora de gestionar este trámite. Son miles los estudiantes de la UGR que realizan sus prácticas cada curso. Sin ellas no pueden titular. Es el caso de los grados en Ciencias de la Educación o en Ciencias de la Salud, donde, además, las prácticas se hacen también en centros públicos como son colegios u hospitales. Mercado calificó el papeleo de "ingente" y ya hay una partida de 400.000 euros para hacer frente al pago.

Ahora, en enero, el calendario marca un parón en la docencia. Toca examinarse. Las pruebas del primer cuatrimestre se prolongarán del 10, miércoles, al 24.